AUS (Valdivia) - <strong>Análisis del Documento Introductorio. Introducción y marco general para la formulación de una nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano 30.03.2012 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo</strong>
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ISSN 0718-7262 versión on-line

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  AUS (Valdivia) n.19 Valdivia 2016




DOI:10.4206/aus.2016.n19-07

ARTÍCULO

 

Análisis del Documento Introductorio. Introducción y marco general para la formulación de una nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano 30.03.2012 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo1

Discussion of the Introduction Document. Introduction and general framework for the Preparation of a new Urban Development National Policy 30.03.2012 of the Ministry of Housing and City Planning


Alberto Dentice Bacigalupe

Arquitecto, Universidad Finis Terrae, Chile. Doctor en Desarrollo Urbano Sustentable, Universidad Politécnica de Madrid, España.
Magíster en Educación Emocional, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile.
Profesor Asociado, Académico Departamento de Arquitectura, Universidad de La Serena, Chile.
adentice@userena.cl


RESUMEN/ El ensayo critica analíticamente la "Introducción y Marco General para la formulación de una nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano del MINVU, Seminario Hacia Una Nueva Política Urbana Para Chile, La Serena, Mayo de 2012". El documento denota un urbanismo paliativo de la adversidad, reactivo ante problemas emergentes, excepto por la voluntad específica de su original trazado español e incaico. Advertimos cierta democracia inexplícita que, no siendo de construcción representativa, se reclama públicamente desde el desmedro. Análogamente urbanizamos, intentando su validación desde la consulta popular, sin indagar en el ideario nacional para la construcción histórica y mancomunada del espacio urbano-territorial. La política propuesta, establecida desde un diagnóstico, propósitos y objetivos, concluye imponiendo un listado temático. Su metodología intenta recoger aspectos subjetivos, pero resuelve con pautas racionalistas de solución objetiva, soslayando la importancia de una epistemología previa a la diligente tematización del fenómeno urbano. ABSTRACT/ The article is an analytical critique to the "Introduction and General Framework for the Preparation of a New Urban Development National Policy of the MINVU, Seminar Towards a New Urban Policy for Chile, La Serena, May, 2012". The document reveals that -except for the specific will of its original Spanish and Inca layout- the urban development has been no more than a stopgap against setbacks, reactive to emerging issues. We notice certain non-explicit democracy which, while not representative in its construction, has been publicly claimed as from disadvantage. Analogously, urban development takes place pursuing a validation as from local consultations, without inquiring into the national thinking related to the historical and shared construction of the urban-territorial space. The proposed policy, established from a diagnostic, purpose and goals, ends up imposing a list of themes. Its approach attempts to collect subjective aspects but the outcome is objective and rational, avoiding the relevance of an epistemology prior to the diligent classification in themes of the urban phenomenon.

Palabras clave/ Institución, ciudad, manejo, participación.
Keywords/ Institution, city, management, participation.


 

USANZAS DEL TERRITORIO. La Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) especifica un desarrollo urbano positivista, conllevando externalidades negativas expuestas en su estructura discursiva. El documento, originado por carencia de políticas explícitas que guíen el desarrollo, declara centrarse en las personas y su calidad de vida. Sin embargo, la terminología de lineamientos y planes de acción sobre diagnósticos, propósitos y plazos, define políticas de gestión urbana de manejos infraestructurales y, aunque referidos a grupos humanos, no consideran individualmente a sus integrantes, confiando su calidad de vida a estándares tradicionales de desarrollo.

Además, acusa ausencia de políticas nacionales en crecimientos urbanos de patrón espontáneo, con aplicaciones de seguridad, abastecimiento e higiene2. El ordenamiento de fuerza mayor resuelve usos de la propiedad privada, calles y caminos, plazas, etc. Los paseos por los tajamares del s. XVIII y las alamedas decimonónicas, tornan a parques privados que transfieren su botánica a las plazas; surgen arborizaciones y bulevares a la europea. Por su parte, grandes parques del s. XX enfrentan el bicentenario con cobro y cerramientos. Otros espacios públicos son: ferias, romerías y festividades. También se establece espacio público en bordes costeros, marítimos, lacustres y fluviales, aunque tradicionalmente desmanejados en sus diferentes escalas urbanas (imagen 1). Florecen balnearios litorales que adquieren valor económico en el s. XX. El espacio público escasea en comparación al privado, y es poco probable su crecimiento. Un estudio cualitativo del espacio público, requiere parámetros sociales de calidad.

 


Imagen 1. Manejos y desmanejos en diferentes escalas del paisaje urbano
(fuente: J. E. Benítez S.).

 

Los instrumentos de regulación urbana, generados por emergencia, objetivan sesgadamente los factores territoriales, impidiendo manejar sus recursos en favor de los ciudadanos.

DERECHO Y ORDENANZAS. Con el Tratado de Tordesillas (1494), el Papa Julio VI concede a España y Portugal la catequización de tierras no católicas, estableciendo con ello un mapa de poder (Massey, en Arfuch 2005), que predetermina cartográficamente su imperio territorial. Tal paradigma ordena territorialmente en América un poblamiento castrense-cristiano. La Corona Española es propietaria de un continente regulado por las Leyes de Indias, génesis normativa de nuestro espacio, desde Lo Repúblico3, al centro de las plazas de armas, originando la trama pública en contrapunto con lo privado (imagen 2). La ruralidad deviene en hacienda, estancia, fundo, hijuela, parcela, comunidad agrícola etc., conformando nuestra tenencia territorial. El resto son Bienes Nacionales y, por tanto, el Estado, un propietario más, está habilitado discrecionalmente a enajenar sus bienes inmuebles.

 


Imagen 2. Plaza de Armas de Santiago (fuente: J. E. Benítez S.).

 

Se menciona, "el primer intento exitoso sobre dictar un código o normativa común, de carácter nacional"; ordena las ciudades de Ibáñez, reaccionando al terremoto de Talca. El autoritario instrumento es paliativo sumario y ejecutor ante la dificultad. La "Ley Original" y su ordenanza rigen con principios constructivos básicos y planos urbanos. La operativa racionalista carece de cuestionamiento epistemológico y, sus "principios rectores implícitos"4 aúnan consensos tácitos adecuados a la crisis, no obstante el cotidiano exige una episteme del orden social y urbano. La Ley General de Urbanismo y Construcciones resguarda el interés nacional desde el derecho público, pero asimismo traba libertades subjetivo-fenomenológicas. Los estudios constituyen "documentos base" o "propuestas de políticas" del continuismo rector del país, no esclareciéndose los problemas, sino imponiéndose soluciones sobre los acontecimientos desastrosos que proveen la fuerza constructora de Chile5.

CARENCIA DE FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO NORMATIVO. La normativa urbana -paliativo a problemas de interés parcial- instaura modelos de vida preformados, desatendiendo un desarrollo ciudadano integral e inclusivo, sobre una realidad territorial única e irrepetible. ¿Por qué Chile no se cuestiona verazmente? ¿Por qué no ha querido conocer ni asumir su condición? Una chilenidad auténtica se esconde entre copihues, huasos y huemules (imagen 3). El urbanismo y manejo territorial comprometen bienes del patrimonio nacional, precedente fundamental de una declaración de principios. La Nación valora y maneja vanamente en la letra, un patrimonio colectivo nacional que no posee de hecho, y gobiernos circunstanciales reiteran manipulaciones cupulares. Debería concebirse una "producción del espacio" en el sentido de Massey (en Arfuch 2005), desde su integración en la producción social. Del diagnóstico territorial y urbano se deducen directamente "principios orientadores y lineamientos", guías del desarrollo y sus modificaciones. El discurso -recurrentemente ejecutorial- apunta a cumplir mandatos no explicitados, aunque "consensuados", en torno a un "centro radical" (Mouffe, en Arfuch 2005, p.78), usurpables por el poder de turno6. Según Massey (en Arfuch 2005), la producción espacial es de dinámica implícita en una producción social cogeneradora. En otras palabras, no hay territorio nacional si no se condice con la Nación. De otra forma, se abrazarían paradigmas ajenos, impuestos cupularmente sobre escenarios mapeados y asignados; de un modelo social externo al grupo cultural y su medio.

 


Imagen 3. Chilenidad cotidiana de contexto urbano (fuente: J. E. Benítez S.).

 

DINÁMICA DE PROCESOS URBANOS, RURURBANOS Y HABITACIÓN DE UN MEDIO. Se valora la planificación abierta y flexible, debido a los vertiginosos cambios actuales que hacen inmanejables los procesos urbanos de regulación fija. No obstante, sin directriz de genuino sentir social, la flexibilidad es ambigüedad rectora, adaptable a conveniencias particulares. El Presidente de la República podría aprobar políticas regionales. Pero su discrecionalidad podría someter al criterio del gobierno de turno y su parcialidad, los asuntos del ordenamiento territorial; y no parece sano entregar a un periodo administrativo algo tan trascendente, que en rigor, atañe a la ciudadanía a través del tiempo, por su categoría consubstancial de universalidad.

LOS ORGANISMOS Y SUS COMPETENCIAS. El MINVU ordena territorialmente la urbanización y administra subsidios de vivienda. Pero fuera de sus atribuciones, ciudad y territorio comprometen tópicos complejos que el Ministerio debe conjugar; aspectos donde territorialidad y ruralidad generan suburbios resueltos en un conflicto que pretende ordenar su carácter espontáneo (imagen 4). Históricamente, la 'buena intención' gubernamental resuena en la palestra política y económica, más que en otros ámbitos ciudadanos. 'Buena intención' de 'calidad', 'planificación moderna', 'descentralización', 'flexibilidad', 'adaptación a cambios' y 'participación ciudadana' suenan bien para una mayoría que, lamentablemente, carece de pensamiento imparcial e informado. El oscurantismo ciudadano invalida o distorsiona una consulta unificadora de criterios en genuina diversidad. La 'calidad', irrelevante sin un marco teórico explícito y ponderado, y la consulta sesgada a una masa cautiva de la ignorancia, sería maniobra demagógica para flexibilizar 'cambios para la sociedad', no necesariamente 'experimentados por ella'. Por último, la 'planificación más moderna' es semánticamente anacrónica, desde sus dos vocablos7.

 


Imagen 4. ¿Ruralidad?, ¿Suburbios?, ¿Planificación? ¿Orden o desorden escalar?
(fuente: J. E. Benítez S.).

 

LAS OPORTUNIDADES. Nuestra legislación, más reactiva que proactiva, aprovecha los desastres físicos de la ciudad como oportunidad de reformularse. Los urbanistas, vanamente tratan de mostrar a las autoridades que la ciudad es un ente social más complejo que sus relaciones infraestructurales. Terremotos y calamidades, develan una pobreza y postergación social más profundas que la catástrofe, como sugiere la imposibilidad de auto regeneración de los pobladores, victimizados a priori en espera de asistencia oficial. La tragedia desnuda la realidad social nacional y la autoridad reacciona, mea culpa, reconstruyendo precariamente desde su figura legal y política.

TEMAS CENTRALES. El Estado orienta el desarrollo urbano regulando externalidades negativas que, por abuso pecuniario, son circunstanciales, conllevando el modelo económico el germen de su fin, pues con todo en una mano, alguien se atreve a voltear el tablero8. La regulación coyuntural del Estado no debería ser un rol permanente, sino transitorio, porque es tentadora la intención de "solucionar sumariamente" lo sintomático de problemas no enunciados. Urge revocar malas prácticas urbanas y sus desastrosas consecuencias, pero lo importante suele no coincidir con la urgencia. Los mecanismos de planificación deben responder a necesidades sociales, de desarrollo económico y competitividad de las ciudades, en función del bien común9. Los anteriores son conceptos amplios, cuyas respuestas dependen de su interpretación y ejecución. Sociedades armónicas, inclusivas y de cultura compartida permiten principios abiertos, posibilitando enfrentar las circunstancias con una postura intrínsecamente común y colectiva, en vez de concesiones negociadas o consensos minoritarios. Las negociaciones implican presiones sobre los débiles, quienes aceptan males menores ante la imposibilidad de logros satisfactorios. Los desequilibrios sociales impiden establecer ideales universales. La marginalidad, su asistencialidad y la aceptada tendencia a nivelar con subsidios, compensan la miseria con estándares mínimos, gravando a la sociedad con un "urbanismo de la pobreza"; "solucionando" celularmente el déficit de viviendas y servicios. Confundido, un urbanismo supeditado a la urbanización, higieniza poblados con categoría de "ordenados campamentos permanentes", que no establecen urbes desarrolladas y reformuladas en el debate cotidiano de su esencia. La dilucidación permanente del desarrollo urbano debiera ser labor de urbanistas, y la planificación solo una de sus herramientas.

La propiedad privada, condición indiscutida de la planificación, procede de los mapas de poder de la Corona Española arraigados en la propiedad agrícola, dominante de medios productivos y personas que lo sirven, y su apropiación hipotecable que permite estabilizar economías inciertas. Homologada en las ciudades, la propiedad no acusa la diferencia escalar de independencia urbana hasta el s.XX, cuya magnitud vierte una vorágine de problemas sobre habitantes y dirigentes. La propiedad, al arbitrio de la especulación sobre grandes paños, traba un desarrollo armónico (Rodríguez 2013). En contrapartida, las extensiones de vivienda social son guetos de propiedad fragmentada en permanente decadencia. Cabe también preguntarse, ¿por qué el Estado se arroga el derecho de otorgar viviendas en propiedad? ¿No habrá medios más justos para la ciudadanía que lo solventa?

Se propone una planificación zonificada por condiciones o mixta. La zonificación ha sido más negativa que ventajosa por fragmentación de clases, su creciente distancia y roce intergrupal (imagen 5). La zonificación, obsoleta y regresiva para el equilibrio urbano, requiere categorizaciones y aplicaciones casuísticas para ajustar las diferentes escalas territoriales, políticas, naturales y particulares (Rodríguez 2013). El suelo urbano necesitaría reestructurar su legalidad de tenencia; la ciudad, un ente vinculado al territorio y la globalidad, implica procesos regionales, nacionales y mundiales. El crecimiento de una extensión edificable disponible depende del proceso y desempeño de sus habitantes y su conjunto. Un límite urbano economicista, privado o estatal, no advierte que la riqueza urbana trasciende de lo mercantil. El prurito de "lo económico" -amo y señor del destino-paradojalmente empobrece su resultante urbana. La "integración social" debería ser mancomunada, pareciendo contradictorio el reclamo de suelo bien localizado "para viviendas sociales", discriminadas desde el discurso.

 


Imagen 5. La zonificación desintegra progresivamente la diversidad urbana de antaño
(fuente: J. E. Benítez S.).

 

La voluntad de conservar el patrimonio con precaución en zonas riesgosas y el desarrollo medioambientalmente equilibrado, son difíciles de implementar desde principios sociales sólidos, porque desarrollo y conservación natural se contraponen. No obstante, dependemos de su equilibrio: no comemos sin desarrollo y agotamos el medio si lo descuidamos. La participación ciudadana estaría sujeta a manipulaciones de un poder poco influenciable desde las urnas. Indagar sobre la opinión ciudadana requiere expertos mandatados por el espíritu de sus disciplinas, por sobre una política partidista, administradora de la miseria social desde la economía neoliberal. Ciertas minorías alcanzan capacidad negociadora con el oficialismo, quedando fuera una miríada de ciudadanos que desean organizar su hábitat de modo particular.

BASES ACTUALES. La propiedad pública enajenable, a cargo de Bienes Nacionales ¿se somete a derecho público o privado? Teóricamente todo el territorio podría ser privado. Además, ¿qué discrecionalidad de uso permite el derecho? No es clara la atribución ante conflictos sociales, principalmente por usos masivos de productividad: minería, industria, pesca, generación de energía, transmisión de comunicaciones, etc.

La función social de la propiedad, según el documento, regulada por leyes y principios constitucionales, somete al ciudadano corriente a externalidades negativas, con iniciativas de "interés superior". Así, se viola su debilitado derecho, reclamado con protestas aparentemente ilegítimas, pero provenientes de un diálogo de sordos convocado por expresiones populares carentes de interlocutores. El urbanismo no refleja al documento en cuanto a "leyes conforme a principios constitucionales específicos".

Alterno a lo urbano se define una ruralidad no urbanizable10; el abandono rural presiona demográficamente la urbe, despoblando pueblos y ciudades pequeñas (imagen 6). Se acepta una ruralidad productiva de gran escala, desconociendo modos de vida diferentes del urbano. Pueblos con cargas territoriales admisibles y vecinos autosuficientes, son opción de desarrollo sustentable y no debería ahogarse su fomento rururbano con la asistencia de su precariedad. Planos, planes, ordenanzas y reglamentos, no son directrices de desarrollo urbano, sino intentos de solución a problemas de tratamientos precedentes. La proyección fija de establecimientos, desde el ejercicio del poder, soslaya la dinámica contemporánea de la geografía humana, del que la urbe es solo parte11 y, la ciudad sería un recinto resultante, con características de confinamiento y control, liberando el área de explotación natural al albedrío de negocios globales. La inflexible norma urbanística margina a la masa de su desarrollo vital. Planes y planos, vialidad, intercomunalidad, parques, infraestructura, límite urbano, etc., serían "más de lo mismo", sin atender la dinámica urbana. Es entonces cuando apremia un replanteo teórico estructural, de marco regulatorio contemporáneo, ágil y flexible, desde un espacio social subjetivo y gregario. Por otro lado, el medioambiente debería estar referido al planeta y sus habitantes, no solo a cuidar recursos monetarizables12.


Imagen 6. La urbe, saturada demográficamente, desprecia posibles alternativas de menor
escala (fuente: J. E. Benítez S.).

 

La infraestructura vial, uniendo puntos "importantes", suele desunir poblaciones o formar diques desastrosos en eventos pluviales. De la misma forma, conectando centros de producción y manejo de bienes, es generatriz de desarrollo urbano, "legal e ilegal", aspecto desatendido en sus proyectos (Rodríguez 2013).

Un litoral no enajenable difiere del resto del territorio. Se usa la costa con permisos discrecionales, es decir, no cualquier ciudadano tiene derecho a obtener una concesión.

Existen irregularidades en la práctica constructiva. Así, una norma positivamente permisiva acogería las buenas prácticas espontáneas, estableciendo sinergia entre lo ideal y lo real. La excepción que "autoriza" construir viviendas económicas en zonas rurales es discriminatoria y factor concluyente de la guetificación rural. Por otra parte, la dotación estatal de viviendas otorgadas en propiedad a quienes no pueden proveérsela -razonable si alcanza cobertura universal-pareciera una atribución abusiva del Estado. En cuanto a las contribuciones, es objetable la no especificidad de recursos destinados a espacios públicos. Un fondo nacional tiende a diluirse y, mientras los municipios atienden grandes poblaciones con escasos recursos, los ministerios operan con presupuestos y lineamientos centralizados. En definitiva, es difícil gobernar y hacer ciudad con escasez e intervenciones externas que no advierten la realidad donde se insertan. La generación de espacio público condicionada al negocio inmobiliario es poco eficaz, pues de no haberlo las calles quedan inconclusas y los porcentajes de cesión a merced de imponderables. Para la justicia social y el bienestar colectivo, el espacio público podría cargarse al erario nacional, en lugar del mecanismo redistributivo por transferencia de bienes raíces "sociales" a privados. Al igual que las reliquias, los entornos tradicionales, las actuales manifestaciones y su proyección merecerían declaratoria patrimonial.

CONCLUSIONES. El presente ensayo crítico reconoce su centro en el tópico social, basándose en un borrador previo al PNDU, cuya versión final enfatiza su interés en este aspecto. No obstante su estructura, construye un discurso fragmentado por definiciones racionalistas objetivas externas al fenómeno, por tanto contradictorias con su declaración de considerar aspectos subjetivos. Ello hace suponer, por su formulación intrínseca, una práctica consecuente, de dirección modelada externamente al fenómeno. Los sujetos son susceptibles de integrar datos, mas no son un dato; un único miserable no sería relevante desde su minoría inatendible, pero tal condición es ultrajante, en lo personal y lo social.

El Punto 5 del PNDU, Institucionalidad y Gobernanza, considera una descentralización y decisiones tomadas "de abajo hacia arriba", refiriéndose aparentemente a la atención que merecen los ciudadanos "de abajo" para decidir asuntos urbanos resueltos "arriba". Considera escalas urbanas según la geografía política nacional, omitiendo las escalas de población de diversidad cultural y sus asentamientos, reconocidos en el punto 4.

Los niveles de participación, atendiendo a Viviana Fernanadez (2014), estarían cualificados por la concentración o repartimiento del poder ejercido con su práctica. Y destaca la importancia de los académicos que estudian e imparten las disciplinas implicadas en el proceso. En tal aspecto, el presente ensayo reclama para los documentos constitucionales de urbanismo, un discurso con lenguaje ajustado a los asuntos que trata, descartando así la percepción de una "adaptación metodológica" de raíz epistemológica objetiva, donde los sujetos enrolados equivalen a un número aportativo de porcentajes, y donde no siendo convocados, no valdrían por sí mismos. AUS

NOTAS

1 Análisis elaborado para una mesa redonda del Seminario, "Hacia una nueva política urbana para Chile", en su versión Regional de La Serena, el 24 de Mayo de 2012. El análisis se refiere a aspectos planteados por el documento desde una perspectiva general, a propósito de los usos y manejos espaciales aludidos. También se revisa la versión final del PNDU, 03.05.2013 y su resumen, Agosto de 2014.

2 En la Introducción del documento: A. Contexto Histórico.

3 La expresión 'lo Repúblico', es relativa a todo lo concerniente a la República instaurada en el territorio y proviene de clases presenciales del curso 'Asentamiento Español en América', dictado por e arquitecto Juan Verschueren, en la Universidad Católica de Valparaíso (1973).

4 Ley de 1929, con 12 artículos sobre los "principios básicos" de las construcciones (PNDU definitivo). Su documento preparatorio de 2012 mencionaba "principios básicos implícitos"

5 Las notas N° 7, 8, 9, 10 y 11 del PNDU (2014) revelan su origen centralista, al haber sido elaborado por expertos capitalinos y extranjeros, con el montaje de seminarios regionales posteriores

6 Un ejemplo es el término "calidad de vida". Cómo negarse a implementar medidas para lograrla, pero su carácter subjetivo se hace objetivo, definiéndola desde percepciones temáticas cuantificadoras Nota N° 13 del PNDU.

7 La PNDU definitiva prescinde del término "moderna", refiriéndose a la planificación.

8 Alusión al juego del Monopolio, cuya estructura instala a un jugador entretenido en su progreso exclusivo, quien no comprende el proceso de aburrimiento y abandono de los ahogados perdedores.

9 El PNDU agrega la dimensión individual del bien común, pero se advierte discriminación, pretendidamente positiva, sobre sectores que habrían de asistirse externamente para su integración.

10 El PNDU corrige el borrador de 2012, integrando una ruralidad habitable. Alcance Territorial. p. 8

11 El punto 4 del PNDU, Identidad y Patrimonio, externamente pretende preservar y valorar aspectos culturales, con la inercia de su inalterabilidad, incluyendo asimismo a los individuos involucrados

12 Aparentemente no bastaría la consulta popular con metodologías que indagan cómo satisfacer al usuario. Una integración, requeriría el progreso social de individuos partícipes de las decisiones, responsabilidades y obtención de beneficios.

 

REFERENCIAS

Fernández, V., 2014. "Promoviendo un diseño urbano participativo: experiencias desde la práctica y la docencia." AUS 15: 22-27. <http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071872622014000100005&lng=es&nrm=iso> (consultado 08.07.2015)

Giménez, P., y Ugarte, J. (ed.), 2014. Hacia una política urbana para Chile. Política nacional de desarrollo urbano. Santiago: PNUD y MINVU. http://cndu.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/L4-Politica-Nacional-Urbana.pdf

Massey, D., 2005. "La filosofía y la política de la espacialidad: algunas consideraciones." En Pensar este tiempo espacios, afectos, pertenencias, coordinated by Leonor Arfuch, 101-128. Buenos Aires: Paidós.

Mouffe, Ch., 2005. "Política y pasiones: las apuestas de la democracia." En Pensar este tiempo : espacios, afectos, pertenencias, coordinated by Leonor Arfuch, 75-100. Buenos Aires: Paidós.

Rodríguez, L.. 2012. "Juan Mastrantonio: Algunas reflexiones sobre los principios del orden del territorio, su estado actual y las responsabilidades de las técnicas que se ocupan en ese saber" (entrevista). AUS 14: 35-38. http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-72622013000200009&lng=es&nrm=isoStlng=es (consultado 08.07.2015).

 


Recepción/ 11 junio 2015
Aceptación/ 10 julio 2015

 

 

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