AUS (Valdivia) - Los bienes públicos versus los intereses privados, una discusión en la base de nuestro sistema democrático
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AUS (Valdivia)

ISSN 0718-7262 versión on-line

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  AUS (Valdivia) n.9 Valdivia 2011




Revista AUS 9 _35_primer semestre dos mil once_
DOI:10.4206/aus.2011.n9-09

Pláticas desde la Ventana

 

Los bienes públicos versus los intereses privados, una discusión en la base de nuestro sistema democrático

 

Urbanopia


 

 

El día 27 de julio recién pasado, el Alcalde de la ciudad de Valdivia, Bernardo Berger, apoyándose en la Ley 20.499 y con acuerdo del Concejo Municipal, aprobó una Ordenanza que regula el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana. A partir de ésta reglamentación, los vecinos pueden instalar rejas, controlando el acceso a las vías públicas si es que a lo menos cuentan con el 90 % de los propietarios de los inmuebles en conformidad con el cierre.

Dentro de la disposición existe la salvedad que restringe el uso de rejas en ciudades declaradas patrimonio de la humanidad, incorporando también a los barrios, calles, pasajes o lugares declarados patrimonio arquitectónico, o vías que sirvan como acceso a ellos, o a otros lugares clasificados como monumentos nacionales.

Habiendo tomado conocimiento de lo anterior, surgen varias reflexiones respecto de la aparente facultad de cerrar vías públicas en la ciudad por parte de los vecinos en cuestión. La primera necesariamente emerge cuando entendemos lo siguiente, si los bienes públicos son efectivamente eso, públicos, su condición no puede estar permanentemente siendo amenazada por intereses privados. Aun más, éstos intereses privados nunca debieran ser relevados por sobre el interés común, y lo anterior bajo ningún aspecto debe contar con la complicidad de la autoridad responsable.

En consecuencia, si estamos frente al bien público, no puede un 90% de los vecinos del sector y su comprensible interés privado, solo con proponérselo, cerrarle el acceso al espacio público al resto de la ciudadanía. Por ende, con la aprobación del decreto mencionado por parte del Consejo Municipal de la Ciudad de Valdivia, lo que hemos presenciado es, bajo la figura aparente de otorgar seguridad ciudadana, la claudicación de los bienes públicos. En esta ruta de colisión contra los valores urbanos, podríamos perder bienes tan preciados como el borde del río, uno de los elementos paisajísticos más importantes de la ciudad.

En éste caso concreto, me refiero al Parque del Río, condominio recientemente creado al borde del río, en el barrio Las Animas. Con un área pública edificada por la empresa constructora en el margen del río Valdivia, ha servido hasta ahora como escenario de recreación para los vecinos del sector, especialmente para aquellos que al no contar con un adecuado espacio de recreación en sus propias viviendas, han podido disfrutar del acceso al borde del río, contribuyendo con esto al mejoramiento cualitativo de su calidad de vida. Sin embargo el acceso a éste bien público ha estado permanentemente en peligro, casi desde el día que se creó el condominio. Los vecinos han querido cerrarlo para no tener que lidiar con la cercanía de visitantes ajenos al vecindario. En lo anterior han tenido el apoyo irrestricto de las autoridades, que tan diligentemente han estado dispuestas a colaborar siempre en mantener los intereses privados, pero negligentemente, en proteger los bienes públicos.

¿Acaso en Valdivia, el borde del río no es un bien patrimonial? ¿En qué estaban pensando el alcalde y los concejales cuando aprobaron una norma como esta? ¿Estamos acaso frente a una medida hecha para los intereses particulares de algunos vecinos, que insidiosamente han querido privar al resto de los vecinos de su legítimo derecho de disfrutar del rio Valdivia?

La disputa es anterior a este condominio en específico, la polémica se centra en nuestro derecho a gozar de los bienes y servicios públicos. Bienes y servicios, a los cuales en última instancia, tenemos derecho por pertenecer a un país, el cual soberanamente se ha dado un sistema de gobierno, el cual soberanamente ha sido elegido por una población, la cual les ha otorgado ciertas prerrogativas para mantener el bien común. Cuando el gobierno municipal renuncia a su derecho a gobernar y se entrega a los intereses privados, entonces los gobernados, en su legítimo derecho, tienen la obligación de pedir ésta facultad de vuelta, donde la desobediencia civil transforma el momento espurio de desgobierno, en un retorno a la base del acuerdo democrático que debe regir a una comuna y porque no decirlo, a una nación. auS

 

 

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