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Revista de derecho (Valdivia)

ISSN 0718-0950 versión on-line

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  Rev. derecho (Valdivia) v.14 Valdivia jul. 2003




 

Revista de Derecho, Vol. XIV, julio 2003, pp. 259-284

DOCUMENTOS

 

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL *

 

Juan Colombo Campbell **

* Exposición magistral pronunciada en Valdivia con motivo de la inauguración del año académico 2003 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile.
** Presidente del Tribunal Constitucional de Chile, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Chile.


I. REFLEXIONES EN TORNO A LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y A LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL NECESARIA PARA SU DEBIDO EJERCICIO

En mi exposición deseo destacar previamente los siguientes hechos que inciden en las materias objeto de esta exposición:

a) La globalización que hoy vive el mundo no ha dejado de impactar a los sistemas judiciales. La vieja Europa, sabia maestra, sigue a la vanguardia jurídica, lo que le ha permitido institucionalizar la Unión Europea y establecer los mecanismos jurisdiccionales de solución de sus controversias, acontecimiento determinante para el éxito de sus propósitos.

Nuestra América recién despierta frente a estas tendencias y sus sistemas jurídicos permanecen herméticos regulando parcialmente y, muchas veces, insuficientemente su vida interna, en circunstancias que las relaciones de todo tipo que generalmente los sujetos tienen son cada día más fuertes y frecuentes y requieren necesariamente de un ordenamiento eficiente que garantice el cumplimiento pleno de las normas que rigen su convivencia.

b) Las Constituciones Políticas modernas, en sus textos, consagran efectivamente las bases del sistema jurídico normativo. El mundo civilizado garantiza en sus Cartas Básicas los derechos de las personas; regula las relaciones entre éstas y el Estado, como igualmente la distribución del poder entre los diversos organismos públicos creados por la Constitución. Para ello se requiere contar necesariamente con una Constitución Política clara, ágil, flexible y valórica, como lo han logrado países del viejo y del nuevo mundo.

En este contexto, la jurisdicción juega un rol trascendental, al resguardar a través del debido proceso el Estado de Derecho previsto por la Constitución para regir los destinos del país y de sus habitantes y protegerlos frente a cualquier tipo de quebrantamiento.

Louis Favoreu en su trabajo sobre “Justicia y jueces constitucionales” afirma con razón que el desarrollo de la Justicia Constitucional es ciertamente el acontecimiento más destacado del derecho público del siglo XX, en el viejo mundo y quizás en el mundo entero, y concluye que hoy no se concibe un sistema constitucional que no reserve un lugar a esta institución. Esto explica que en Europa las nuevas Constituciones han previsto, como ese fin, además de una Corte Suprema o de un Tribunal de Casación, la existencia de un Tribunal Constitucional, como lo han hecho igualmente algunos de los países latinoamericanos.

Como expusiera mi viejo amigo el Juez Constitucional Rafael de Mendizábal, al disertar sobre la “Naturaleza de la Justicia Constitucional”, señaló que ésta era “una manifestación más de la función jurisdiccional, al hilo siempre del caso concreto, vivito y coleando, sin abstracción alguna”. Con su forma única de expresarse agregó que “no hay esquizofrenia funcional, ni dos jurisdicciones, la constitucional y la ordinaria, ni dos dimensiones normativas simétricas, ni dos justicias, la constitucional y la material. No hay posibilidad, pues, de tensiones o conflictos. La “ley suprema” y las demás están unidas indisolublemente en un conjunto que se explica recíprocamente. Esta hazaña fue posible por un cúmulo de factores convergentes, entre los que se cuenta la concepción del common law con un alcance trascendente y el contexto en el cual se elabora la Constitución”.

Desde una perspectiva teórica, ya en 1761 había dicho James Otis que todo acto contrario a la Constitución es nulo y Hamilton, en 1788, desde el concepto de “Constitución limitada” explica que las limitaciones constitucionales no pueden ser preservadas en la práctica sino por medio de los Tribunales de Justicia cuya función, la jurisdiccional, ha de consistir en declarar nulos todos los actos contrarios al tenor manifiesto de la Constitución, sin lo cual todo derecho quedaría en nada. Alguna perplejidad puede producir la función de los tribunales para un tal pronunciamiento –anulación de los actos legislativos– por contradecir la Constitución, que parece implicar la superioridad del judicial sobre el poder legislativo, pero ello no es así puesto que ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido, porque significaría que la representación del pueblo es superior al mismo pueblo. Los tribunales se han diseñado como un cuerpo intermedio entre el pueblo y la legislatura para mantener a ésta dentro de los límites que le están asignados. La interpretación de las leyes es del propio y peculiar ámbito de los tribunales. Una Constitución, es en realidad y debe ser contemplada por los jueces como una ley fundamental.

Finalmente, en este preámbulo deseo recordar lo expresado por Silvia Snowiss, la que al referirse al análisis histórico sobre los orígenes de la Justicia Constitucional de Norteamérica, indicó que ésta ha surgido como un sustituto a la revolución. En efecto, si los ciudadanos tienen derecho a la supremacía constitucional, como pueblo soberano, cualquier violación de la Constitución podría dar lugar a la revocatoria del mandato de los representantes o a su sustitución por otros, en aplicación del derecho de resistencia o revuelta que defendía John Locke. En caso de opresión de los derechos o de abuso o usurpación, la revolución era la solución o la vía de solución de conflictos por el pueblo. Como sustituto de la misma, sin embargo, surgió el poder atribuido a los jueces para dirimir los conflictos constitucionales entre los poderes constituidos o entre éstos y el pueblo. Esta es, precisamente, la tarea del juez constitucional, quedando configurada la justicia constitucional como la principal garantía al derecho ciudadano a la supremacía constitucional.

En un sistema de control difuso todos los jueces son constitucionales, y en uno concentrado, el o los que establezca la propia Constitución.

c) En el siglo XX el ámbito tradicional de la jurisdicción se extiende para proteger la supremacía constitucional.

A partir de la Revolución Francesa y de la consagración del principio de la separación de los poderes públicos, al sistema judicial le estaba vedado inmiscuirse en las atribuciones legislativas y administrativas.

El mundo ha presenciado las discrepancias entre los poderes públicos y la necesidad de resolverlas. Esta confrontación entre la necesidad de instaurar un control jurisdiccional de la Constitución y conservar en su esencia el principio de separación de poderes fue precisamente lo que motivó, a partir de Kelsen, la creación de tribunales constitucionales en la Europa continental, con la atribución jurisdiccional específica de velar por la constitucionalidad de las leyes, la que no podría atribuirse al orden judicial tradicional, cuya misión, precisamente, es la de aplicar la ley, sin que le fuere lícito cuestionarla.

De este enunciado surge la diferencia esencial entre la jurisdicción común y la constitucional. La primera aplica la ley y la segunda, la Constitución.

En la actualidad, las Constituciones consagran y garantizan la vía jurisdiccional para dar eficacia real al principio de la Supremacía Constitucional.

Esta nueva perspectiva ha dado origen, como se dirá, a la creación del Derecho Procesal Constitucional que, entre otras áreas, considera este principio como valor esencial de su contenido.

Hoy la Supremacía Constitucional es un postulado universalmente aceptado y ya reconocido por la mayor parte de las Constituciones del mundo. Su protección jurisdiccional constituye un complemento indispensable para garantizar su eficacia.

Por el momento me limitaré a resaltar algunos elementos que se refieren a esta materia.

Existe una sentencia histórica que conviene recordar cada vez que se habla de Justicia Constitucional. Dice: “O la Constitución es la Ley Suprema, inmutable por medios ordinarios, o está en el nivel de las leyes ordinarias, y como otra, puede ser alterada cuando la legislatura se proponga hacerlo. Si la primera parte de la alternativa es cierta, entonces un acto legislativo contrario a la Constitución no es ley; si la última parte es exacta, entonces las Constituciones escritas son absurdos proyectos por parte del pueblo para limitar un poder ilimitable por su propia naturaleza. Ciertamente, todos los que han sancionado Constituciones escritas las consideraban como ley fundamental y suprema de la nación y, por consiguiente, la teoría de cada uno de los gobiernos debe ser que una ley de la legislatura que impugna a la Constitución es nula”.

Con estas sencillas palabras el Ilustre Juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, John Marshall, exponiendo la opinión de la Corte en el caso Marbury vs. Madison, consagraba definitivamente, a comienzos del siglo XIX, el principio de la supremacía constitucional.

Dicho postulado, que reconociendo lejanos antecedentes había sido formulado originariamente por Sir Edward Coke, es la más efectiva garantía de la libertad y dignidad del hombre, puesto que impone a los poderes constitucionales la obligación de ceñirse a los límites que la Constitución como Ley Superior establece, y a respetar los derechos fundamentales que ella reconoce y asegura a todas las personas.

La doctrina de la Supremacía de la Constitución fue desarrollada por primera vez en 1788 por Alexander Hamilton, cuando al referirse al papel de los jueces como intérpretes de la ley afirmó “que una Constitución es de hecho, y así debe ser considerada por los jueces, como una ley fundamental. Si se produce una situación irreconciliable entre la Constitución y la ley, por supuesto la Constitución debe prevalecer por sobre las leyes. Por consiguiente, ningún acto contrario a la Constitución puede ser válido”.

Al indicar claramente las Cartas Fundamentales como principio básico que todos los órganos del Estado y los particulares quedan sometidos a la Constitución, se establece la primera gran regla en que se consagra la Supremacía aludida, siendo, en consecuencia, obligatoria para todos ellos.

Al respecto cabe señalar que quedan comprendidos todos los órganos estatales, de gobierno, legislativos o jurisdiccionales, como todos los servicios administrativos encargados de la satisfacción de las necesidades públicas y que se encuentran vinculados orgánicamente al Estado.

Sin embargo, reitero en esta oportunidad que, como es fácil comprender, no basta con proclamar que las normas contenidas en la Constitución son las de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico de un Estado para que éstas sean respetadas por los poderes constituidos y obren así como límite de sus atribuciones y eficaz salvaguardia de los derechos del hombre. Siempre subsistiría la posibilidad de que los órganos que ejercen los poderes instituidos sobrepasen las disposiciones de la Carta Fundamental y, extralimitándose en el ejercicio de sus atribuciones, pongan en peligro la institucionalidad misma de la República. La sola declaración de la Supremacía Constitucional resulta, pues, insuficiente.

Siendo así, al hablar de este principio debe incluirse, necesariamente, tanto la protección de las disposiciones escritas en la Constitución como también y, especialmente, los valores fundamentales que están en la base de la misma, los que, por la vía de la decisión jurisdiccional, deben cobrar plena vigencia.

A propósito del tema, invoco a Cappelletti en cuanto expresa que la Constitución no debe ser concebida como una simple pauta de carácter político, moral o filosófico, sino como una ley verdadera positiva y obligante con carácter supremo y más permanente que la legislación positiva ordinaria.

Es por estos motivos que García de Enterría concluye que hoy las Constituciones son normas jurídicas efectivas, que prevalecen en el proceso político, en la vida social y económica del país y que sustentan la validez a todo el orden jurídico.

Finalmente, en esta parte quiero coincidir con Brewer-Carias, en cuanto señala que la Justicia Constitucional es fundamentalmente posible, no sólo cuando existe una Constitución como norma verdaderamente aplicable por los tribunales, sino, además, cuando la misma tiene efectiva supremacía sobre el orden jurídico en su conjunto, en el sentido de que prevalece frente a todas las normas, actos y principios de derecho contenidos en un sistema jurídico determinado. Esta supremacía de la Constitución sobre las demás fuentes del derecho y, en particular, sobre los actos del Parlamento, implica que la Constitución es la ley suprema que determina los valores superiores del orden jurídico, y que, desde esa posición de supremacía, puede ser tomada como parámetro para determinar la validez de las demás normas jurídicas del sistema.

También debe destacarse que el control de constitucionalidad implica la configuración de un mecanismo de defensa jurisdiccional de un orden constitucional concreto articulado en una Constitución, y que se caracteriza por ser asumido por sujetos ajenos al proceso de producción normativa y por recaer, salvo excepciones, sobre normas perfectas y plenamente vigentes. Se articula formalmente como la garantía de la primacía de la Constitución sobre las demás normas del ordenamiento jurídico positivo.

Esta labor de integración del Tribunal Constitucional, que no es otra que la síntesis dialéctica entre pluralidad y unidad, la desarrolla al afirmar la supremacía de la Constitución. En este aspecto es ella, como expresión del pueblo –comunidad compuesta de las más diversas tendencias–, la que desarrolla una decisiva función integradora, que se expresa en la consagración de valores que orientan y dan contenido al proceso legislativo.

Es por ello que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado de salvaguardar la supremacía de la Constitución, está protegiendo los principios que significan tal integración.

Teniendo presente que el peligro más grande que puede concebirse para la integridad del orden constitucional es la eventual vigencia de leyes inconstitucionales, dado que éstas, por el carácter general que normalmente tienen, entrañan la posibilidad permanente de continuas violaciones de la Ley Fundamental cada vez que sean aplicadas, debe buscarse un camino para que ellas sean eliminadas.

Sus sentencias evitan la alternativa, siempre atrayente para algunos, de usar la autotutela –empleo de la fuerza– para resolver un conflicto constitucional. La historia está llena de ejemplos de conflictos entre poderes públicos que se han resuelto por la fuerza, llámese ésta revolución o golpe de Estado.

Los habitantes de la nación lograrán, como consecuencia de lo anterior, el pleno respeto de sus derechos constitucionales sólo cuando cuenten con el proceso jurisdiccional como forma de hacer efectiva la supremacía constitucional.

El éxito de la Supremacía Constitucional tiene pleno sustento y reconocimiento en las modernas concepciones planteadas por destacados juristas como Hans Kelsen, Mauro Cappelletti, Piero Calamandrei, Eduardo Couture y Pedro Sagüés, los que al dar un nuevo enfoque a la eficacia jurisdiccional de las garantías constitucionales a través del proceso, la han configurado con autonomía.

La Constitución así definitivamente se plantea como una norma decisoria litis, de aplicación directa por el juez, en la solución de todo conflicto constitucional.

En síntesis, puede decirse que hoy presenciamos una nueva legitimidad, la legitimidad constitucional.

Concluyo afirmando que la Supremacía Constitucional, además de cumplir su rol básico, es un derecho de los habitantes de la nación, tanto para lograr que se respete el sistema institucional como para obtener la tutela jurisdiccional de sus garantías constitucionales.

d) Para el ejercicio de la jurisdicción, hoy en día la tendencia mundial apunta a estructurar tres áreas fundamentales de tribunales: el primer grupo, destinado a custodiar la Constitución y sus valores; el segundo –que por supuesto sigue siendo el más amplio–, para la decisión de los conflictos derivados de la infracción de la ley; y, el último, encargado de resolver lo contencioso administrativo, que debe incluir necesariamente el área tributaria. Los primeros son los tribunales constitucionales; los segundos los tribunales comunes, a cargo de una Corte Suprema o de una Corte de Casación, y los últimos son los tribunales de lo contencioso-administrativo.

e) Aunque estos órganos jurisdiccionales giren en órbitas diferentes, es posible que se produzcan choques o roces entre ellos, surgiendo las contiendas de competencia para cuya solución el propio sistema debe contar con mecanismos que restablezcan su normal funcionamiento.

f) Toda organización judicial está destinada a dar solución, por medio del proceso jurisdiccional o de sus equivalentes legitimados, a los conflictos de intereses de relevancia jurídica generados por la infracción de las normas.

g) La creación, por la vía de los tratados de Cortes internacionales o supranacionales, obviamente que ha influido en el ejercicio de la jurisdicción por parte de los tribunales nacionales, cuyos países la han aceptado, y que, como su consecuencia, han visto modificada su organización judicial, toda vez que una jurisdicción soberana es compartida con tribunales supranacionales.

h) Precisado lo anterior, hago presente que para el buen ejercicio de la jurisdicción, debe establecerse una organización judicial eficiente con características precisas, que pueden sintetizarse de la siguiente manera:

La jurisdicción y sus bases operativas orgánicas y funcionales debe estar prevista en sus aspectos esenciales en la Constitución Política.

A su turno, la ley deberá establecer los tribunales suficientes y adecuados para que en clase y número den satisfacción a la necesidad de justicia que tienen los habitantes de un grupo social, a los que la propia Constitución les prohíbe autotutelar sus derechos.

Para lograrlo, primero deberá analizarse lo que un país requiere en el área de la justicia, luego examinar las alternativas que dan los principios informadores, para posteriormente tomar las decisiones y, finalmente, traducir todo esto en la Constitución y en sus leyes orgánicas que la complementan.

Toda organización judicial debe buscar eficiencia y, en la medida de lo posible, justicia en la decisión de los conflictos, y para alcanzarlo debe coordinar adecuadamente tribunales, jueces y procedimiento. Para implementar el sistema el derecho procesal ofrece alternativas suficientes para el logro de estos propósitos.

Finalmente, debe tenerse especialmente en cuenta el tema del acceso a la justicia, puesto que nada se saca con tener la mejor organización judicial si quienes requieren de su operación no cuentan con un fácil acceso al sistema. Para ello deberán formularse planes educativos, crear mecanismos de asesoría jurídica y, finalmente, implementar defensorías que trasladen con prontitud el conflicto al proceso.

En un reciente trabajo del profesor Jorge A. Marabotto, publicado en la edición 2003, del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, titulado “Un derecho humano esencial: el acceso a la justicia”, éste señala: “El Estado ha monopolizado –como principio– el poder de solucionar los conflictos que se susciten entre las personas –cualquiera sea su naturaleza–, es claro que se tiene que permitir el fácil acceso de ellas a la jurisdicción. Cuando alguna persona cree que su derecho ha sido afectado, violado, amenazado o negado, es claro que tiene que tener la posibilidad cierta de que el Estado responda a su planteamiento y dé la solución prevista en el ordenamiento jurídico”.

Y añade posteriormente que “No sólo se debe postular un acceso a la jurisdicción, sino que ese acceso debe ser efectivo. De nada valdría proclamar que las personas tienen acceso a la justicia, que ése es su derecho, si luego, en la realidad de los hechos, esa posibilidad resulta menguada o, claramente, se carece de ella. Las personas deben tener una verdadera y real posibilidad de acceder a la jurisdicción”.

II. ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

La Constitución, como señalan los grandes estudiosos del derecho procesal constitucional, como Favoreu, Cappelletti, Fix-Zamudio, Brewer-Carias y García de Enterría, entre muchos otros, protegida por la jurisdicción, pasa a ser una norma viva, eficaz y no sólo en su letra, sino en su espíritu, que se refleja en los valores y principios que, escritos o no, surgen de su preceptiva.

Algunas preguntas que requieren urgente respuesta de los especialistas se precisan a continuación:

a) Si el control de constitucionalidad debe ser difuso o concentrado; a priori o a posteriori;

b) En caso de optar por el control concentrado, si debe existir un Tribunal Constitucional o Salas Constitucionales en las Cortes Supremas; o si es mejor un control compartido;

c) Si otros Tribunales pueden controlar la constitucionalidad de los actos públicos o privados, como es el caso actual de los Tribunales Electorales y de las Cortes de Apelaciones, conociendo estas últimas del amparo y de la protección;

d) Cuáles son los principios a través de los cuales debe lograrse una eficiente interpretación de la Constitución;

e) Analizar la competencia del Tribunal Constitucional como tribunal de emergencia para resolver los grandes conflictos políticos, a fin de evitar que se busquen soluciones autotuteladoras.

Puede decirse que el sistema chileno es concentrado y compartido.

En nuestro país, el constituyente quiso precisar con rigor el contenido de las funciones del Estado, estableciendo en forma expresa cuál era su finalidad, idea que se sostiene con fuerza en el Capítulo I, de las Bases de la Institucionalidad, en la Carta Política que dispone que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Estos principios rectores de la Constitución deben ser necesariamente aplicados en sus sentencias por los tribunales constitucionales al producirse un conflicto de intereses entre sus destinatarios.

El solo hecho de que el ordenamiento constitucional haya establecido esta amplia batería de instituciones para el resguardo de la supremacía constitucional y la protección de los particulares frente a la extendida capacidad del Ejecutivo para administrar el país, es el claro reconocimiento de que el poder del Presidente de la República en esta materia es amplio y requiere tener variadas instancias y contenciones en resguardo de los derechos de los ciudadanos.

Como sentenció el juez Marshall, es “la ley suprema y soberana de la Nación” y un acto incompatible con su normativa es nulo, decisión sobre la cual los expertos concluyen que Europa ha vuelto a descubrir la Constitución como una ley suprema, que coloca algunos valores fundamentales de la sociedad fuera del alcance de mayorías parlamentarias ocasionales. De allí que haya sido rejuridificada en el sentido de que a la Constitución se le considera ahora como una ley fundamental directamente ejecutable por los jueces y aplicables a los individuos.

Es por este motivo que en el mundo contemporáneo los conflictos constitucionales, primordialmente los que se generan cuando las partes involucradas son los poderes públicos, deben ser conocidos por un tribunal con competencia especial y exclusiva para resolverlos y los países civilizados tienen la tarea de establecerlos. No importa su nombre, lo que importa es que sea independiente, esté dotado con jurisdicción suficiente para imponer sus decisiones a los poderes públicos en conflictos y cumpla su misión de garantizar la eficacia de la Constitución.

III. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

Precisado lo anterior, estimo útil recapitular ideas y principios en torno a la jurisdicción constitucional.

La Carta ordena los atributos de la autoridad, garantiza los derechos básicos de los habitantes del país y crea un sistema de autoprotección de sus normas, función que encomienda a los Tribunales Constitucionales.

Aunque desde una perspectiva amplia toda justicia es constitucional, como se desprende en nuestra Carta de los artículos 73, 74 y 19, num. 3º, la doctrina reserva esta denominación para identificar la actividad jurisdiccional destinada a resolver conflictos por medio de un proceso en que la Constitución es aplicada directamente por el sentenciador como norma decisoria litis.

En este contexto conceptual, la Justicia Constitucional se perfila como aquella destinada a dar eficacia al principio de la Supremacía Constitucional y a lograr el cumplimiento efectivo de su preceptiva, principalmente de las normas que se refieren al establecimiento de las garantías personales.

Cappelletti la define como la actuación, por vía jurisdiccional, de la norma constitucional, y agrega que, aunque tiene una vinculación con la política, no la priva de la esencia de la jurisdicción. Esta opinión descarta la teoría de Schmitt, que considera los Tribunales Constitucionales como legisladores negativos.

Este tema lo señala Andrés Bordalí, concluyendo como lo hace la mejor doctrina, que los Tribunales Constitucionales ejercen plena jurisdicción, reconociendo que entre sus competencias, y así debe ser, se incluyen los conflictos políticos.

En el sistema europeo continental, que recogen nuestros países, la concepción del Estado de Derecho está indisolublemente unida al establecimiento de la Constitución como norma fundamental y suprema, cuyo contenido debe prevalecer por sobre toda otra actividad jurídica de los órganos que regula, entre ellas, según muchos, las propias decisiones jurisdiccionales.

Es el sometimiento de todo el sistema normativo estatal al control de constitucionalidad. Ello implica que todos los preceptos o normas que emanan de los órganos del Estado están sometidos al referido control.

A partir de Coke en Inglaterra, de la aplicación del control difuso de constitucionalidad en los Estados Unidos y del control concentrado, que se inicia con Kelsen en Europa y que de allí llega a Latinoamérica, las Constituciones han incluido entre sus disposiciones el control preventivo o represivo como un mecanismo eficiente para lograr la eficacia plena del principio de la supremacía constitucional a través del debido proceso.

Además, su interpretación apegada a reglas propias de hermenéutica y su adaptación a nuevas situaciones configuran una trascendente labor que les está confiada a los jueces constitucionales.

De la misma forma, le otorga al Tribunal Constitucional competencia para resguardar el principio de supremacía constitucional y el control constitucional superior de los actos de la administración.

En consecuencia, a la Justicia Constitucional le corresponde intervenir en la decisión de los conflictos de intereses de relevancia jurídica regulados o amparados por la Constitución Política, para así lograr la eficacia real de su preceptiva.

También es misión de la Justicia Constitucional la labor de adaptación de las declaraciones de los derechos fundamentales a la realidad siempre cambiante del país. En este sentido le corresponde la facultad de fijar, a través de sus sentencias, el alcance de sus disposiciones. Ello resulta más trascendente cuando la Carta Fundamental contiene disposiciones redactadas de manera sintética, o vagas, o expresadas en conceptos indeterminados o programáticos como los de libertad, orden público, democracia, justicia, dignidad, igualdad, función social o interés público, entre otros.

Como lo sostiene la doctrina y lo confirma la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales, la Constitución no sólo comprende aquello que está expresado formalmente en sus disposiciones, sino la interactividad de los valores que la inspiran y que constituyen las llamadas bases de la institucionalidad.

Es por estas razones que la Constitución, entre sus normas, debe necesariamente contener aquellas que permitan la solución de los conflictos generados por su infracción, como única forma de restablecer, por medio de la sentencia, su eficacia real. Es aquí donde emerge y se exalta la figura de su máximo y legítimo guardián: el juez constitucional.

Ahora bien, partiendo del supuesto de que la Constitución es la norma máxima que regula la convivencia social, cabe recordar nuevamente a Favoreu, quien expresa en torno a este tema:

“La consolidación de la Justicia Constitucional ha exacerbado la fuerza normativa de la Constitución. Su exigibilidad jurídica ante jueces y tribunales constituye uno de los presupuestos básicos del Estado democrático. Asimismo, la llamada jurisdificación de la vida política y del conflicto social latente, encuentra en los tribunales constitucionales un instrumento esencial, aunque no exclusivo, de garantía del respeto a la Constitución de los poderes públicos y también de los particulares”.

Cabe también destacar, en este orden de ideas, que el Estado, en uso de su potestad soberana, está por sobre todo conflicto común. En efecto, al legislar los previene, al administrar impide que se generen, y al hacer justicia los resuelve. No obstante, del ejercicio de sus potestades públicas reguladas en lo esencial por la Constitución Política, pueden surgir a su vez trascendentes conflictos de intereses entre los poderes públicos o entre la autoridad y los particulares, los que tendrán o no solución jurisdiccional a través del proceso, de acuerdo con el marco de referencia que la propia Constitución les señale, y ello dependerá, fundamentalmente, de si se consagra o no la existencia de Tribunales Constitucionales para decidirlos por la vía del proceso preventivo o represivo.

El sabio jurista Kelsen fue el primero en postular la necesidad de establecerlos con jurisdicción suficiente para resolver los conflictos que en el orden constitucional se produjesen, facultad que, en virtud del principio de separación de poderes públicos, les está vedada a los tribunales normales en el sistema europeo continental. Con ello, afirma, “se garantiza jurisdiccionalmente” la eficacia de la norma suprema.

Cappelletti ha escrito que el fin de la Constitución radica más en la realización de valores que en la ordenación de procedimientos; que esa finalidad yace más en la descripción de grandes programas que en la distribución de poderes. Añade que las Constituciones formulan esos objetivos supremos en términos de principios generales, de valores apenas enunciados y de conceptos no rara vez imprecisos. Pero, concluye ese maestro, las aludidas son ambigüedades gloriosas, cuya sustancia jurídica, en apariencia imperceptible, queda de manifiesto por la sabiduría de un recto Tribunal Constitucional. De esta manera, tales Cortes dotan de sustancia normativa precisa a esas reglas enigmáticas, impidiendo que sean letra muerta; ellas logran, en definitiva, que los valores presentes en los preceptos jurídicos hagan que las Constituciones vivan porque son vividas. Es lo que Baldasarre denomina el significado de la Constitución de Valores.

Favoreu lo sintetiza al expresar “que un Tribunal Constitucional es una jurisdicción creada para conocer especial y exclusivamente en materia de lo contencioso constitucional, situada fuera del aparato jurisdiccional ordinario e independiente tanto de éste como de los poderes públicos”.

Recuerdo que en Chile, imitando el sistema francés, la propia Constitución, previniendo los conflictos que pudiesen presentarse cuando el contenido de un proyecto de ley orgánica aprobada sobrepase el mandato constitucional, ha otorgado competencia preventiva al Tribunal Constitucional para controlar su constitucionalidad, pudiendo declararla total o parcialmente inconstitucional, haciéndole perder su eficacia en la medida que declare que contempla preceptos contrarios a nuestra Constitución Política. El proyecto nunca será ley.

Destaco nuevamente que el derecho fundamental a la integridad y primacía de la Constitución y las normas que articulan la Jurisdicción Constitucional, deben interpretarse de manera que potencien al máximo la defensa y cumplimiento de la Constitución. Basta observar que la Jurisdicción Constitucional tiene una significación esencial para el perfeccionamiento y vigencia del Estado constitucional de derecho, la división y equilibrio de las ramas del poder público, la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos, la división vertical del poder del Estado y el respeto de los derechos fundamentales.

También debe tenerse en cuenta que su competencia permite a los Tribunales Constitucionales desempeñar una función esencial de adaptación de la Constitución y de los textos constitucionales a la realidad nacional, en los casos en que la rigidez de ellos provoque problemas de aplicación de sus normas o de la alteración de las garantías en su esencia.

Para cumplir su alta misión los Tribunales Constitucionales deben contar con jurisdicción suficiente para resolver los conflictos propiamente contenciosos y para intervenir, a través de la denominada jurisdicción de certeza, en el control preventivo de las leyes. Con ello, al ejercer su jurisdicción en uno y otro caso garantizan el principio de la Supremacía Constitucional y logran dar eficacia real a los derechos personales.

La jurisdicción constitucional se presenta así como la garantía básica del Estado constitucional de derecho. El poder público en todas sus manifestaciones –Estado- legislador, Estado-administrador y Estado-Juez– debe someter su quehacer a la Constitución. La jurisdicción constitucional asegura que efectivamente todos los poderes públicos sujeten sus actos (aquí quedan comprendidos entre otros las leyes, las sentencias y los actos administrativos) a las normas, valores y principios constitucionales, de modo que cada una de las funciones estatales sea el correcto y legítimo ejercicio de una función constitucional.

En efecto, el tipo normal y habitual de control jurisdiccional de la constitucionalidad existe en todos los regímenes que establecen el principio de supremacía de la Constitución al que deben conformarse los actos de todos los órganos del Estado y la actividad de los particulares.

Constituciones modernas como la de Italia, Austria, Alemania, Francia, España, Bélgica y Portugal contemplan Cortes Constitucionales como los tribunales idóneos para decidir conflictos constitucionales, a los que otorgan una amplia y suficiente jurisdicción.

El establecimiento de una Justicia Constitucional se traduce en borrar la sombra siniestra de la autotutela en la solución de los conflictos sometidos al proceso jurisdiccional que, de no existir dicho mecanismo, estará siempre al acecho.

Desde el punto de vista del Derecho Procesal Constitucional, la creación de tribunales constitucionales amplía la esfera de la jurisdicción y sus funciones, para incluir en ella la solución de conflictos constitucionales, especialmente los generados por el uso, por parte de los órganos competentes, de las funciones legislativa y ejecutiva. La primera es la que el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Stephen Breyer denomina “revisión judicial independiente”, expresión que usa para referirse a la autoridad que es dada a los jueces para invalidar leyes sobre la base de que ellas violan disposiciones de un Constitución escrita.

La conversión de la Constitución en una verdadera norma jurídica vinculante para todos los poderes públicos, entre ellos el juez, ha revolucionado y cambiado definitivamente el rol de la Justicia Constitucional, toda vez que ha generado un vaso comunicante entre los tribunales constitucionales y los establecidos por el resto del sistema. Un buen ejemplo de ello es el caso italiano, en que cualquier tribunal puede suspender el conocimiento de un proceso a su cargo, si surge en él una cuestión de constitucionalidad, cuya decisión somete a la consideración de la Corte Constitucional.

Se ha dicho que cuando un Tribunal Constitucional en uso de su jurisdicción declara nula una ley por vicios de inconstitucionalidad, no es sino el portavoz, el instrumento de la Constitución destinado a protegerla. Es su guardián.

Hoy la doctrina especializada, a partir de Cappelletti, postula que hay consenso en que la función que desarrollan los Tribunales Constitucionales es netamente jurisdiccional.

Este planteamiento tiene importancia, por cuanto si se considera que la actuación del tribunal es propia de un legislador, sus decisiones no vinculan a los jueces cuya libertad para interpretar la ley se mantiene inalterable. Sólo produce efecto su decisión cuando la ley cuestionada es declarada inconstitucional.

Reitero que en Estados Unidos el control difuso significa que todos los jueces deben aplicar la Constitución por sobre la ley y, por lo tanto, en ese modelo no se cuestiona la jurisdicción de los tribunales comunes para conocer de materias constitucionales, pero el asunto resulta importante en los países que tienen control concentrado de constitucionalidad.

Pedro Sagüés en su obra “Derecho Procesal Constitucional” se refiere extensamente al concepto de jurisdicción que proclama como “decisivo” para el Derecho Procesal y agrega que puede considerarse en sentido amplio o restrictivo, en sentido material y dentro de lo que denomina doctrina orgánica. En el primer caso, dice que puede hablarse de jurisdicción judicial, ejecutiva, parlamentaria, militar, y agrega el poder de los jurados.

La postura restrictiva describe un solo tipo de jurisdicción, la judicial, y recuerda el concepto que da Alfredo Di Iorio que entiende la jurisdicción “como un poder- deber del Estado, programado para resolver conflictos a través de órganos independientes, mediante la aplicación de una norma general al caso concreto, y de las reglas constitucionales pertinentes, decisión que deberá poseer cosa juzgada material”.

La jurisdicción constitucional, en sentido material, la doctrina la entiende como la actividad estatal encargada de decidir en las cuestiones de materia constitucional y viene a ser la tutela jurisdiccional destinada a corregir actos inconstitucionales de los órganos del Estado, lo que incluye el control de constitucionalidad de las leyes y otras normas, la solución de los conflictos de competencia y la defensa de los derechos públicos subjetivos constitucionales de los habitantes.

Finalmente, la doctrina orgánica considera que una auténtica jurisdicción constitucional sólo se presenta cuando el conocimiento de las pretensiones fundadas en normas de derecho constitucional se atribuyen a órganos jurisdiccionales independientes de la común organización judicial.

Concuerdo con Pedro Sagüés en que la jurisdicción constitucional se define no por el órgano que la cumplimenta sino por la materia sobre la cual versa. En otros términos, ella existe con o sin órgano especializado.

Además, como apunta Biscaretti, aun cuando se programa un Tribunal Constitucional “único”, algunas funciones jurisdiccionales materialmente constitucionales siguen confiadas a otros órganos del Estado, entre los cuales figuran los tribunales comunes, el Parlamento y órganos administrativos. Este es, precisamente, el caso del sistema chileno, en que hay un sistema compartido de jurisdicción constitucional.

En cambio, discrepo en cuanto concluye que una versión amplia del vocablo jurisdicción se impone, no tanto por sus méritos, sino porque refleja una realidad inocultable.

En mi opinión, enfocado el tema desde el punto de vista del conflicto, debe llegarse necesariamente a concluir que, siendo el proceso jurisdiccional una forma de solución prevista por la Constitución para resolverlo, la función que desarrolla el juez constitucional, cualquiera que éste sea, es necesariamente jurisdiccional, ya que de lo contrario no podría decidirlo con efecto de cosa juzgada.

En torno a este interesante tema, el profesor Lautaro Ríos Álvarez sostiene con mucha razón que la jurisdicción constitucional es la potestad decisoria atribuida por la Constitución a uno o más órganos jurisdiccionales con la precisa misión de resguardar y hacer prevalecer el principio de supremacía de la Constitución en todas o en algunas de sus manifestaciones.

La mayor parte de los tratadistas concuerdan con dicha posición. La idea central que sostienen es que estos órganos siempre resuelven conflictos constitucionales en el marco del ejercicio de una función jurisdiccional. Podemos citar entre muchos otros a Favoreu, Cappelletti, Brewer-Carias, Rodolfo Piza, Francisco Rubio Llorente, José Luis Cea, Gastón Gómez Bernales, Francisco Cumplido, Mario Verdugo, Raúl Bertelsen, Humberto Nogueira Alcalá y Teodoro Ribera Neumann.

Cabe concluir, entonces, que la función que desempeñan los Tribunales Constitucionales al resolver conflictos constitucionales es jurisdiccional.

Por lo tanto, planteo como tesis que la función que ejercen los Tribunales Constitucionales al resolver las materias de su competencia es jurisdiccional. Las teorías del poder neutro y del legislador negativo resultan interesantes e ingeniosas para explicar las atribuciones del tribunal, pero, como yo lo expresara en mi obra sobre la jurisdicción, cada vez que un tribunal resuelve un conflicto con efecto de cosa juzgada está ejerciendo jurisdicción.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional tiene una jurisdicción que la Constitución le otorga a un Tribunal que está fuera de la organización común, lo que marca la diferencia fundamental entre un Tribunal Supremo y un Tribunal Constitucional: mientras el primero se sitúa necesariamente –y de ahí su nombre– en la cúspide de un edificio jurisdiccional, el segundo se halla fuera de todo aparato jurisdiccional. Como subraya V. Crisafulli a propósito del Tribunal italiano, éste “no sólo no se incluye en el orden judicial, sino que ni siquiera pertenece a la organización jurisdiccional en el sentido más amplio del término. El Tribunal Constitucional se mantiene ajeno a los poderes estatales conocidos tradicionalmente. Forma un Poder independiente cuyo papel consiste en asegurar el respeto a la Constitución en todos los ámbitos”. Lo anterior es válido para todos los sistemas estudiados, pues, como también lo señalara Kelsen, el órgano encargado de hacer respetar la Constitución no puede asimilarse a uno de los poderes que controla.

En efecto, partiendo de la teoría del conflicto de intereses de relevancia jurídica y de sus formas de solución, corresponde siempre a la Constitución Política determinar cuáles de ellos quedarán sometidos al imperio de la jurisdicción.

El órgano encargado de efectuar el control debe estar dotado de facultades decisorias. Ello significa que las resoluciones o sentencias del órgano contralor producen efectos jurídicos vinculantes para los afectados, los que no pueden actuar al margen de lo decidido por el órgano que realiza el control. Es la concreción de la facultad de las personas afectadas o interesadas de impugnar por sí mismas el precepto o acto inconstitucional.

Sin embargo, y a pesar de la afirmación de su naturaleza jurisdiccional, no es posible negar la existencia de un elemento indubitadamente político en la función del Tribunal Constitucional, pero

este elemento no deriva, como se afirma en ocasiones, de la naturaleza de los órganos que designan a los miembros del Tribunal Constitucional, sino que es un elemento conscientemente vinculado al concepto de Justicia Constitucional que deriva del significado de la función que asume el Tribunal. En efecto, la función del Tribunal Constitucional es la defensa del orden constitucional concreto, específico, que es el articulado en una Constitución también determinada, que en cada caso es la vigente y que se llama precisamente Constitución Política.

Ahora bien, la Constitución es una norma jurídica con un significado político incuestionable, significado político que reflejan los principios y valores constitucionales que han expresado en ese texto unas fuerzas políticas concretas que son las que, vinculadas al pueblo, han integrado el Poder Constituyente en un momento histórico concreto y han hecho materialmente la Constitución. En definitiva, la Constitución es un acto normativo cuyo carácter político es especialmente pronunciado. De allí la inexcusable conexión de todo Tribunal Constitucional a esos principios y valores constitucionales específicos cuya primacía debe organizar ya que en caso contrario no tendría sentido su función.

Este ingrediente de la jurisdicción constitucional lo confirma González Pérez, al señalar que ella tiene matices políticos, pese a que siempre asume una problemática jurídica y por eso es saludable confiarla a un órgano especial. Concluye que la jurisdicción constitucional se perfila como el primero y más importante de los requisitos procesales para conocer en los procesos constitucionales.

A estas alturas, y al término de esta parte del trabajo, concuerdo plenamente con mi estimado amigo Humberto Nogueira, en cuanto sostiene que la jurisdicción constitucional es una de las expresiones de la defensa de la Constitución de tipo institucionalizada y jurídica, constituyendo una limitación del poder político con carácter objetivo y de control generalmente solicitado, y que por tratarse de un control jurídico es siempre un control interórgano que hace efectiva la supralegalidad como garantía de la Supremacía Constitucional.

Que el orden sea objetivo significa que existe un orden normativo preexistente, que la valoración del objeto sometido a control está basado en razones jurídicas y que el órgano es independiente, imparcial y calificado.

Que el control sea necesario, implica que el órgano controlante debe ejercer el control cuando le sea solicitado, y si del resultado del control resulta la infracción, el órgano que desarrolla el control debe emitir en su fallo la sanción sea la anulación o la aplicación de la norma o acto controlado, según sea el caso.

IV. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional es el órgano al que la Constitución y sus leyes complementarias otorgan jurisdicción y competencia para resolver los conflictos constitucionales.

Hoy no se concibe un sistema constitucional sin un Tribunal o tribunales con jurisdicción constitucional que protejan la Constitución.

El sistema procesal orgánico puede otorgar competencia a un Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema o establecer un sistema de control compartido de constitucionalidad. En el desarrollo de este trabajo ya se han expresado ideas en relación a este punto.

Su establecimiento presenta, como principales características, que debe ser creado por la Constitución; debe ser absolutamente independiente y no pertenecer a ninguno de los poderes públicos tradicionales; sus jueces deben ser cuidadosamente escogidos, y sus sentencias producirán el efecto de cosa juzgada.

Este Tribunal, como lo sostiene García Pelayo, es un regulador de la constitucionalidad de la acción estatal, está destinado a dar plena existencia al estado de Derecho y a asegurar la vigencia de la distribución de poderes establecida por la Constitución, ambos componentes inexcusables, en nuestro tiempo, del verdadero “Estado constitucional”.

Para que el mecanismo de control de constitucionalidad opere plenamente el órgano controlador debe ser sin duda distinto al ente que decide los actos sometidos a revisión.

La autonomía del órgano se transforma en un principio informador básico de la Justicia Constitucional. Vanossi, en su obra “Introducción a los Sistemas de Control de la Constitucionalidad”, afirma que si hay subordinación es absolutamente ingenuo pensar que estando sujeto el controlante al controlado pueda ejercer uno sobre otro función de control.

Finalmente, debemos expresar que, por su propia naturaleza, estos Tribunales deben estar fuera del Poder Judicial y con competencia absolutamente diferenciada para evitar eventuales conflictos de poderes entre ambos sistemas, teniendo siempre en cuenta, como lo sostiene la doctrina, que el Tribunal Constitucional especializado es el intérprete natural y final de la Constitución.

Por último, se ha criticado a los Tribunales Constitucionales su legitimidad como órganos democráticos ya que, no obstante que sus jueces no son elegidos por el pueblo, pueden dejar sin efecto leyes aprobadas por sus representantes.

Estimo que esta crítica queda absolutamente superada con lo expresado por Pedro Cruz Villalón, en su trabajo “Legitimidade de Justiça Constitucional e Princípio da Maioria”, presentado en el Coloquio del Décimo Aniversario del Tribunal Constitucional de Portugal, donde postula que hay una legitimidad objetiva, una de origen y, finalmente, una legitimidad de ejercicio. “La legitimidad de los Tribunales Constitucionales es, ante todo, pura y simplemente la legitimidad de la propia Constitución. La segunda, es la legitimidad de la minoría frente a la de la mayoría, en cuanto la defensa de los derechos fundamentales que se garantiza a todos los ciudadanos con independencia de la voluntad mayoritaria. Finalmente, la Justicia Constitucional posee la legitimidad de la neutralidad y de la independencia, atributos con que cuentan los Tribunales Constitucionales.

La legitimidad de la Justicia Constitucional, en su esencia, fue compartida por los 17 participantes en el Coloquio sobre Legitimidade e Legitimaçao da Justiça Constitucional, realizado en Lisboa, entre el 28 y 29 de mayo de 1993.

V. EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL: PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Concepto

El Derecho Procesal Constitucional es aquella rama del derecho público que establece las normas procesales orgánicas y funcionales necesarias para dar eficacia real a la normativa constitucional, cuando surja un conflicto entre un acto de la autoridad o de un particular y sus disposiciones.

Comprende la organización y atribuciones de los Tribunales Constitucionales y la forma en que éstos ejercen su jurisdicción al resolver conflictos constitucionales por medio del proceso y con efectos permanentes.

Néstor Pedro Sagües, uno de los grandes precursores de esta disciplina, afirma en su obra Derecho Procesal Constitucional que esta rama del derecho “es principalmente, el derecho de la jurisdicción constitucional, y tiene dos áreas claves: la magistratura constitucional y los procesos constitucionales”. Y recuerda una expresión de Calamandrei, en el sentido de que todas las declaraciones constitucionales son fútiles si no existen remedios jurídicos procesales que aseguren su funcionamiento real.

Por lo tanto, corresponde al Derecho Procesal Constitucional la función de aportar al sistema jurídico nacional los elementos orgánicos y funcionales necesarios y apropiados para que un conflicto constitucional pueda ser determinado por medio de una decisión jurisdiccional, lográndose así la plena vigencia de la Supremacía Constitucional.

La obra de Hans Kelsen Las garantías de la jurisdicción constitucional, escrita en 1928, constituye, en opinión de Carlos Mesía, “el inicio de las formulaciones teóricas del derecho procesal constitucional”. A partir de entonces esta disciplina surge con fuerza, y se independiza decididamente del Derecho Constitucional cuando, en 1955, Mauro Cappelletti publica en Italia su monografía intitulada Jurisdicción constitucional de la libertad. Esta obra, en opinión de Héctor Fix-Zamudio, fue aceptada por un sector mayoritario de ambos continentes –Europa y América– y corresponde en su desarrollo al conjunto de instituciones procesales tutelares de los derechos consagrados constitucionalmente. El trabajo de Cappelletti se complementará, más tarde, con su estudio sobre El control de constitucionalidad de las leyes en el derecho comparado, publicado en Milán en 1968.

Al entrar en funcionamiento Tribunales Constitucionales en la mayor parte de las naciones jurídicamente organizadas, se produce un veloz progreso en el desarrollo del Derecho Procesal Constitucional, el que en las últimas décadas comienza a enseñarse como disciplina autónoma. En 1982, la Universidad de Belgrano inauguró un curso de posgrado sobre el Derecho Procesal Constitucional, experiencia que se repitió en la Universidad de Chile y en otras universidades latinoamericanas.

En concordancia con las ideas expresadas, Luigi Ferrajoli ha calificado su establecimiento como la conquista más importante del derecho contemporáneo para el logro de la protección jurisdiccional de la dignidad de las personas y de los derechos fundamentales frente a la ley, los que no podrían sobrevivir si carecen de una tutela eficaz a través del proceso.

Personalmente, estimo que es correcta la denominación de Derecho Procesal Constitucional, puesto que su contenido se refiere a la competencia jurisdiccional constitucional y al proceso que debe seguirse para decidir sobre las garantías y no a preceptos constitucionales que se encuadran en el marco de la Constitución en forma estática.

El Derecho Procesal Constitucional comprende el desarrollo de las siguientes áreas temáticas:

a) el conflicto constitucional y sus formas de solución;

b) el Derecho Procesal Constitucional orgánico, y

c) el Derecho Procesal Constitucional funcional.

En el ámbito descrito, pertenecen al Derecho Procesal Constitucional trascendentes materias del quehacer jurídico, entre las que cabe destacar: la supremacía constitucional; la Justicia Constitucional; los sistemas de control de constitucionalidad de las leyes, decretos y otros actos públicos; y el amparo efectivo de las garantías que la Constitución asegura a las personas.

En síntesis, esta rama del derecho está destinada a proporcionar al país normas eficaces para la protección jurisdiccional de su Constitución.

Un reciente trabajo del profesor Eduardo Ferrer Mac-Gregor, publicado en la edición 2003 del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, señala: que siguiendo las ideas del maestro Mauro Cappelletti, esta disciplina se divide para los efectos de estudio en tres sectores:

a) Derecho Procesal Constitucional de las Libertades. Comprende el estudio de aquellos instrumentos consagrados en los textos fundamentales para la protección de los derechos humanos.

b) Derecho Procesal Constitucional Orgánico. Se encarga del análisis de los procesos y procedimientos para proteger las atribuciones y competencias constitucionales de los distintos órganos del poder, donde también se puede ubicar el control constitucional abstracto de las disposiciones legislativas.

c) Derecho Procesal Constitucional Transnacional. Constituye un sector que cada día adquiere mayores dimensiones debido a la importancia creciente de los pactos y compromisos internacionales y de la creación de tribunales supranacionales, especialmente aquellos relativos a la protección de los derechos fundamentales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, que realzan una función semejante a la de los Tribunales Constitucionales en el ámbito interno.

d) Sin embargo, en la actualidad se puede afirmar la configuración de un nuevo sector que puede denominarse Derecho Procesal Constitucional Local, que corresponde al estudio de los distintos instrumentos encaminados a proteger ya no las Constituciones federales o nacionales, sino los ordenamientos constitucionales o estatutos de los estados, provincias o comunidades autónomas.

Deseo en esta parte citar al profesor José Luis Cea quien expresó que “En síntesis, el Derecho Constitucional y la idea de Constitución de nuestro tiempo han experimentado numerosas y profundas innovaciones. Pero la clave, para comprender todos esos avances yace, precisamente, en infundir realidad a los valores que se condensan en el espíritu y la finalidad, el contexto y el texto de toda Constitución democrática. En la consecución de este objetivo, manifiesto mi convicción que nada es más práctico y legítimo que hacer obra generosa, constitucional y legalmente entendida, en el establecimiento de acciones y recursos jurisdiccionales con los cuales los gobernados puedan defender sus derechos fundamentales, incluso de cara a los gobernantes”.

Existe justicia constitucional en la medida que la jurisdicción pueda invalidar actos contrarios a la Constitución. En otras palabras, cuando la Constitución es norma decisoria litis.

Los actos que pueden impugnarse por inconstitucionalidad pueden emanar:

a) Del Poder Legislativo. Hoy en casi todo el mundo los Tribunales Constitucionales o las Salas Constitucionales de la Corte Suprema pueden inaplicar una ley o declararla inconstitucional o invalidar un proyecto de ley en su control a priori;

b) Del Poder Ejecutivo;

c) Sentencias emanadas de tribunales del sistema;

d) Actos de particulares: como sucede en Chile con la acción de amparo personal y protección.

Sus presupuestos son los siguientes:

1) Que el país cuente con una Constitución, lo que se traduce en consagrar en su texto lo que se denomina “estado de derecho”. Es la primacía del principio de constitucionalidad que incluyen las disposiciones formales de la Constitución y la integridad de los valores fundamentales que contiene. Cappelletti lo precisa al expresar: “la Constitución concebida: no como una simple pauta de carácter político, moral o filosófico, sino como una ley verdadera, positiva y obligante, con un carácter supremo y más permanente que la legislación positiva ordinaria”.

2) La aplicación efectiva de supremacía constitucional es el fundamento de la justicia constitucional.

Luigi Ferrajoli ha calificado como la conquista más importante del Derecho contemporáneo, esto es, la protección judicial de la dignidad de la persona y los derechos fundamentales frente a la ley. El fundamento de este cambio profundo está en que la democracia y la Constitución no pueden sobrevivir donde estos atributos inalienables carecen de tutela eficaz.

Asistimos, por ende, a una revolución pacífica en el tema comentado. Esta consiste, como escribió Otto Bachof, en que, si por siglos los derechos esenciales eran lo que la ley determinaba, aunque existiera ya una Constitución, ahora la ley es tal y vale sólo en la medida que regula el ejercicio de aquellos derechos, respetándolos en los términos proclamados y asegurados en la Carta Fundamental.

Sin control jurisdiccional de constitucionalidad de los actos estatales la Constitución pierde su carácter normativo para transformarse en una regla ideológica y sin fuerza.

La tesis del siglo XIX consistía en que la Constitución era una norma programática y que para ser eficaz debía contar con leyes formales que la imple-menten. Esas leyes son las que debían aplicar los tribunales a los que les estaba vedado efectuar una aplicación directa de la Constitución.

En este siglo la tendencia es dar protección jurisdiccional directa a la Constitución a través del proceso para que mantenga su vigor pleno.

3) La Constitución como ley suprema se debe a la labor interpretativa de la Corte Suprema de los Estados Unidos. No obstante su origen está en la Common Law que aunque no tiene una Constitución escrita tiene normas y principios que prevalecen y se aplican con preferencia.

El juez Edward Coke en el proceso Bonham en 1610 afirmó: “Aparece en nuestros libros que en muchos casos, el common law controla los actos del Parlamento y a veces, los juzga totalmente nulos; pues, cuando un acto del Parlamento va en contra del sentido común y la razón, o es incompatible o imposible de aplicar, el common law lo controlará y juzgará como nulo” y luego refiriéndose a la Carta Magna dijo: “Fue llamada Carta Magna, no solo por su tamaño o extensión ... sino ... por la gran importancia y grandeza de su contenido en pocas palabras, por ser la fuente de todas las leyes fundamentales del Reino”.

Con la resolución de 1688 el Parlamento recuperó su primacía y en Inglaterra se privilegiarían las leyes del Parlamento que no podrían ser invalidadas por los jueces.

No obstante, como lo recuerda Cappelletti, “aun cuando la Gloriosa Revolución de 1688 marcó, en Inglaterra, el triunfo de la supremacía legislativa, las Colonias americanas, sin embargo, habían heredado las ideas de Coke con respecto tanto a la subordinación de la Corona y del Parlamento a la ley suprema, como a un Poder Judicial acostumbrado a interpretar y, a veces, a ignorar los actos legislativos que violaran principios superiores ... Paradójicamente, la Gloriosa Revolución no sólo no obstaculizó sino que estimuló el desarrollo de la nueva doctrina del control judicial”.

Por ello, Cappelletti ha insistido en la misma idea, al señalar: “El principio de la supremacía parlamentaria –y por lo tanto de la supremacía del derecho positivo–, introducida en Inglaterra después de la Gloriosa Revolución de 1688, produjo en América resultados bien diferentes de aquellos que tuvo en Inglaterra. En Inglaterra, el resultado consistió en despojar a los jueces de cualquier facultad de control sobre la validez de la legislación, a pesar de los primeros éxitos de la doc-trina de Lord Coke. En América, por lo contrario, el resultado fue facultar a los jueces coloniales para desconocer la legislación local que no estuviera en conformidad con la ley inglesa. Quedó pues dilucidada la aparente paradoja: de cómo el principio inglés de supremacía no controlada de la legislatura coadyuvó en América a la formación de un sistema opuesto, en vez de impedirlo”.

Esta idea se refleja en el pensamiento de Alexander Hamilton que refiriéndose al papel de los jueces como intérpretes de la ley afirmó: “Una Constitución es, de hecho, y así debe ser considerada por los jueces, como una ley fundamental. Por lo tanto, les corresponde establecer su significado así como el de cualquier acto proveniente del cuerpo legislativo. Si se produce una situación irreconciliable entre ambos, por supuestos, la preferencia debe darse a la que tiene la mayor obligatoriedad y validez, o, en otras palabra, la Constitución debe prevalecer sobre las Leyes, así como la intención del pueblo debe prevalecer sobre la intención de sus representantes.

Por consiguiente, ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido. Negar esto significaría afirmar que el adjunto es más importante que su principal; que el sirviente está por encima de su patrón; que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo; que los hombres que actúan en virtud de poderes, puedan hacer no sólo lo que sus poderes no les autorizan sino también lo que les prohíben.

Limitaciones de este tipo sólo pueden ser preservadas, en la práctica, mediante los Tribunales de justicia, cuyo deber tiene que ser el de declarar nulos todos los actos contrarios al tenor manifiesto de la Constitución. De lo contrario todas las reservas de derechos o privilegios particulares equivaldrían a nada”.

También cabe destacar la opinión del juez norteamericano William Paterson quien declaró inválido por inconstitucional una ley de Pennsylvania en el año 1795; su reflexión fue la siguiente: “Algunos de los jueces en Inglaterra han tenido la audacia de declarar que un Acto del Parlamento que vaya en contra de la natural equity, es nulo; sin embargo, tal opinión contraría la posición general según la cual, la validez de un Acto del Parlamento no puede ser cuestionada por el Poder Judicial; no se puede discutir y debe obedecerse. El poder del Parlamento es absoluto y supremo; el Parlamento es omnipotente en la jerarquía política. Además, en Inglaterra, no existe Constitución escrita, ninguna ley fundamental, nada visible, nada real, nada cierto mediante el cual pueda cuestionarse una Ley. En América, las cosas son muy diferentes: cada Estado de la Unión tiene su Constitución escrita con exactitud y precisión.

¿Qué es la Constitución? Es la forma de gobierno, delineada por la mano todopoderosa del pueblo, en la cual se establecen algunos principios primarios de leyes fundamentales. La Constitución es cierta y permanente; contiene la voluntad permanente del pueblo y es la ley suprema de la Nación; es soberana con relación al poder legislativo y sólo puede ser revocada o modificada por la autoridad que la hizo.

¿Qué son las legislaturas? Creaturas de la Constitución; le deben a ella su existencia; derivan sus poderes de la Constitución; son sus mandatarios, y por lo tanto, todos sus Actos deben conformarse a ella, so pena de ser nulos. La Constitución es la obra o la voluntad del pueblo mismo, en su capacidad original, soberana e ilimitada. La ley es obra o voluntad de la legislatura en su capacidad derivada y subordinada. Una es obra del creador y la otra de la creatura. La Constitución fija limitaciones al ejercicio de la autoridad legislativa y prescribe la órbita en la cual ésta se debe mover.

En pocas palabras, señores, la Constitución es la cúspide del sistema político, alrededor de la cual se mueven los cuerpos legislativo, ejecutivo y judicial. Cualquiera que sea la situación en otros países, en este no cabe la menor duda de que cualquier acto legislativo incompatible con la Constitución resulta absolutamente nulo ...”.

Toda esta concepción culmina, como dijimos, con el conocido caso Marbury vs. Madison en 1803 en que el Chief Justice Marshall señaló la doctrina de la Supremacía Constitucional y de su control por los jueces.

En su fallo expresa: “En esta alternativa no hay término medio. O la Constitución es una ley suprema soberana, que no puede ser modificada por medios ordinarios, o está en el mismo nivel que los actos legislativos ordinarios y, al igual que éstos, puede ser modificada cuando le plazca a la legislatura.

Si la primera parte de la alternativa es cierta, entonces un acto legislativo contrario a la Constitución no es una ley; si la última parte es cierta, entonces las constituciones escritas no son sino intentos absurdos por parte del pueblo de limitar un poder por naturaleza ilimitable”.

Kelsen como respuesta a las atrocidades de la primera guerra mundial plantea para Austria en su Constitución la creación de un Tribunal Constitucional. A partir de la segunda guerra se crean en Alemania, Portugal, Francia e Italia.

Louis Favoreu resume este pensamiento con la siguiente exposición: “Europa ha vuelto a –descubrir– la Constitución como una ley suprema, que coloca algunos valores fundamentales de la sociedad fuera del alcance de mayorías parlamentarias ocasionales o temporales, transfiriendo el tradicional carácter sagrado de los actos del Parlamento a la Constitución. De allí que la Constitución haya sido –rejuridificada– en el sentido de que se le considera ahora como una ley fundamental directamente ejecutable por los jueces y aplicable a los individuos”.

4) Una justicia constitucional debe controlar el respeto por las normas constitucionales escritas pero también de los valores y principios no escritos de la Carta Fundamental.

En efecto, el tipo normal y habitual de control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes que se ha desarrollado en todos los sistemas constitucionales en los cuales se establece el principio de la supremacía de la Constitución, está basado en la existencia de normas escritas en la Constitución a las cuales deben conformarse todos los órganos del Estado, en especial el Legislador. En este caso, evidentemente, el problema básico de la Justicia constitucional con base en el modo interpretativo, se refiere al grado de claridad del texto constitucional en cuestión, y consecuentemente, a la factibilidad del ejercicio del control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, con respecto a nociones vagas, imprecisas o indeterminadas contenidas en los artículos constitucionales y en la necesidad de un juez constitucional para adaptar el texto de la Constitución, con el fin de garantizar su efectividad y supremacía.

Se llegó, así, a la conclusión de la que supranacionalidad no implicaba ni implica terminar con la soberanía nacional, pero para ello fueron precisamente las Constituciones nacionales y no el derecho internacional las que encontraron el camino.

La orientación, en esta materia, puede derivarse, por ejemplo, de las recientes Constituciones de Colombia, Argentina, Paraguay y Venezuela y de algunos de los países centroamericanos, como El Salvador, en las cuales se le ha dado solución constitucional a un problema que, de otra forma, sería indisoluble, que es la limitación de la soberanía de los Estados en beneficio de un poder supranacional, sin que esté expresamente previsto y autorizado en la Constitución.

Insistimos, la solución que compatibilice la soberanía de los Estados Nacionales con Comunidades de Estados que tengan carácter supranacional sólo la pueden dar las Constituciones.

Sin embargo, el juez constitucional siempre tiene un deber adicional al juez ordinario: debe defender la Constitución y, en especial, los valores que, en un momento dado, estuvieron en la base de su creación. Por esta razón, el juez constitucional, en su proceso interpretativo, debe adaptar la Constitución a los valores de la sociedad y del sistema político con miras, precisamente, a “mantener viva la Constitución”. Para este fin, no cabe la menor duda que para controlar la constitucionalidad de la legislación debe desarrollar una actividad creativa de manera de permitir la aplicación moderna y efectiva de Constituciones que, por ejemplo, fueron escritas en el siglo XIX.

En este sentido, la Constitución no puede ser considerada como un documento estático. Por el contrario, siempre debe adaptarse a la evolución de las necesidades e instituciones sociales. Y precisamente, en este proceso de adaptación de la Constitución, el papel del juez constitucional ha sido de vital importancia, como lo ha demostrado la Corte Suprema norteamericana, al dictar importantes decisiones en relación con la discriminación racial en el sistema educativo.

5) El derecho del habitante a exigir que se tutele la Supremacía Constitucional. Este derecho fundamental, así se concreta tanto en un derecho al control jurisdiccional de la constitucionalidad de los actos estatales, sea mediante sistemas de justicia constitucional concentrados o difusos, y en un derecho al amparo judicial de los demás derechos fundamentales de las personas, sea mediante acciones o recursos de amparo y otros medios judiciales de protección inmediata de los mismos. La consecuencia de este derecho fundamental, sin duda, implica el poder atribuido a los jueces de asegurar la supremacía constitucional, sea declarando la nulidad de los actos contrarios a la Constitución, sea restableciendo los derechos fundamentales vulnerados por acciones ilegítimas, tanto de los órganos del Estado como de los particulares.

Como conclusión, puede decirse que el país que quiere una Constitución que se respete debe contar con una justicia constitucional que la ampare cuando es quebrantada.

VI. EL JUEZ CONSTITUCIONAL

En la Justicia Constitucional le corresponde una importante misión al juez constitucional. En efecto, los jueces personas naturales, que en representación del tribunal ejercen material y directamente la jurisdicción y que expresan en sentencias su voluntad, que es la del Estado, deben ser abogados altamente calificados.

Los tribunales de Austria, Alemania, Italia, España, Portugal, entre otros, exigen el título de abogado para ser juez constitucional. Excepción a esta regla, es el Tribunal francés. No obstante, pese a ello históricamente Francia ha designado abogados en la mayor parte de las ocasiones para desempeñarse como jueces del tribunal galo.

Establecido lo anterior, corresponde recordar que en definitiva son sus jueces los que tienen el poder de la jurisdicción y es por este motivo, como sostiene Couture, que el problema consiste en elegir un hombre a quien ha de asignarse la misión casi divina de juzgar a sus semejantes, sin poder abdicar de sus pasiones, de sus dolores y de sus impulsos de hombre. Ser al mismo tiempo juez y hombre constituye un dilema dramático; como decía finalmente el canciller D’Aguesseau, lo prodigioso del juez es que lo puede todo para la justicia y no puede nada para sí mismo.

Esto confirma que al juez constitucional, hoy, no le es suficiente un simple conocimiento de las nociones del ordenamiento positivo, sino que requiere además, para operar correctamente, de instrumentos conceptuales extraídos de la cultura histórica, filosófica, sociológica y económica, sin desdeñar el profundizar, y comparar, lo cual le permite acercarse a ordenamientos diferentes del suyo.

Mi distinguido amigo Massimo Vari, quien fue Juez de la Corte Constitucional de Italia, piensa que este argumento toca el tema de la preparación y cultura del juez con un enfoque particular, que es aquel de la formación del juez, problema no sólo cultural, sino también institucional, reflejándose en el modo en el que él incide, con su delicada función, dentro del orden social. La experiencia que hoy vemos en buena parte de Europa y en el resto del mundo, naturalmente con la salvedad de casos particulares, nos lleva a advertir –de frente a la extrema necesidad de justicia y de tutela de derechos, incluso aquellos integralmente nuevos– una atenuación del rol del legislador en pos de la obra de los jueces, con su función más creativa través de su jurisprudencia, en que se expresa, pragmáticamente, una preferencia más por la justicia a favor del particular que por la conservación de reglas abstractas, y al mismo tiempo, también del acercamiento de los grandes sistemas jurídicos de civil law y de common law.

El rol creciente de la justicia en la sociedad exige que los jueces tengan la posibilidad de ejercitar su extraordinario poder, teniendo como respaldo no sólo la autoridad de poderes constitutivos, sino también la necesaria autoridad que deriva de la competencia y preparación. Debe tener la capacidad de interpretar las nuevas exigencias sociales, siempre más complejas.

La necesidad de un juez de tener consistencia a través del tiempo es también una fuente de restricciones. La jueza O’Connors ha dicho que las primeras decisiones de un juez crean una huella que las decisiones posteriores deben seguir. Además, el proceso de nominación probablemente asegura que los jueces tienen conciencia, a través de su experiencia previa, de la historia de la nación y su legado cultural. Estos hechos, combinados con la diversidad de opiniones y la longevidad de los períodos, ayudan a disminuir los cambios radicales en la actitud de la Corte frente a problemas constitucionales.

La elección del juez constitucional constituye ya de por sí una cosa sutil y delicada. Pero además de dicha búsqueda existe un problema de investidura, consistente en saber cuál es el cúmulo de poderes que la sociedad ha de depositar en esos hombres que, sin dejar de ser tales, han de tener el privilegio de decidir incluso la suerte de leyes aprobadas por el Congreso, todo ello con el fin de lograr la efectiva protección de las disposiciones de la Carta Fundamental.

Contemplemos, pues, las dos caras de esta medalla. Lo que significa la elección del abogado que se desempeña como juez constitucional y lo que significa investirlo de sus atributos.

Debe precisarse que su independencia es el secreto de su dignidad; pero la autoridad de que se le reviste es la clave de su eficacia. Según un aforismo clásico, los jueces sin autoridad son fantoches en manos de las partes. Pero en un sentido opuesto, no es menos cierto que los jueces con excesiva autoridad son déspotas de la justicia.

Este juez debe ser un experto en derecho, pero por sobre todo debe ser prudente y cauteloso; creer en la Constitución como máxima regla de convivencia y poner de sí todo lo que sea necesario para ser un buen juez constitucional.

En la actualidad, el problema agudísimo no consiste ya en encontrar los hombres. Estos, al fin y al cabo, como dice Couture, andan por la calle y una buena linterna de Diógenes permitirá encontrarlos, tal como Inglaterra los ha podido hallar. Pero después de hallado el juez, es indispensable darle el mando y la autoridad, es decir, los atributos mismos de su investidura y la medida exacta de sus posibilidades materiales de realización. La regulación de que conocer como lo hace y los fundamentos que la ley exige a su decisión, colaboran en una buena fórmula.

El problema consiste entonces en hallar el equilibrio entre dos cosas casi sagradas: la libertad y la autoridad; entre el individuo y el poder; entre la Constitución y la Ley, entre el conflicto constitucional y el juez llamado a resolverlo.

Para saber lo que vale la justicia constitucional es necesario entonces saber lo que vale el juez constitucional, en su íntima dimensión humana, inmerso en el sistema en que vive. Si el hombre es libre en el mundo que lo rodea, la justicia está salvada; si no lo es, la justicia está irreparablemente perdida. Este es el abogado que se perfila y requiere como juez constitucional. Un abogado independiente del poder contingente, que frente a un conflicto sólo mira la Constitución y el hecho o acto que la violenta.

En este juez especializado deben concurrir una mezcla de valores, conocimiento y ponderación, que lo inspiren y conduzcan para que su sentencia, al decidir el conflicto constitucional, se acerque lo más posible a su solución justa y a la conservación de los valores y garantías que el pueblo depositó en la Carta Fundamental al aprobarla.

Recuerdo que hoy hace justicia el juez; antes era el propio Dios o el Rey quienes la monopolizaban.

Centrando mi tema, cabe preguntarse finalmente ¿cuál es la misión que desempeña el juez de la Corte Constitucional?

Para perfilar una respuesta adecuada debe considerarse que a éste le corresponde la alta misión de aplicar la Constitución; velar por que se respete su supremacía e interpretarla, con el objeto de que sus disposiciones se adapten a las necesidades de la comunidad y no pierdan vigencia frente a hechos nuevos que afecten al quehacer nacional. Ello lo hará al decidir los conflictos sometidos a su conocimiento, al pronunciarse sobre la constitucionalidad preventiva de las leyes orgánicas y finalmente al juzgar las materias que se someten a su competencia en los numerales del artículo 82 y de los que esperamos se le agreguen con la reforma en estudio.

El día que estos jueces tengan miedo al usar sus atribuciones, ni un solo ciudadano puede reposar tranquilo. El juez, en su patética condición de hombre se debe a la justicia, es el secreto de nuestra paz interior. Lo decía con palabras de metal el texto del rey visigodo: la salud del pueblo es tener derecho, y mantenerlo.

Examinaré cuál es la posición de este juez constitucional enfrentado al cumplimiento de su alta misión:

Debe:

a) Aplicar la Constitución y velar por su supremacía en el ordenamiento jurídico.

Los jueces constitucionales son los garantes de la Supremacía de la Constitución. A partir de la Revolución francesa surge el dogma de la infabilidad de la ley; a partir del constitucionalismo moderno lo sagrado es la Constitución y si la ley va contra sus disposiciones debe eliminarse. A ella colaboró en forma importante la labor de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

En la actualidad los Tribunales Constitucionales que de alguna manera han adoptado el modelo kelseniano plasmado en el Tribunal de Austria, cuya jurisdicción compatibiliza su función con el principio de separación de poderes, tienen por misión el respeto y eficacia de la Constitución por la autoridad y los habitantes del país. A los abogados nombrados como jueces constitucionales les corresponde la misión directa de plasmar dicho mandato en sentencias.

Puede decirse que las constituciones modernas, en la medida que contienen un catálogo de derechos fundamentales, le exigen al Estado un eficiente y real cumplimiento que lo inicia el legislador que debe implementarla y concluye con la sentencia en caso de conflicto o violación.

Hoy la Constitución Política no es la “ley del Estado”, sino que constituye textos que contemplan además los derechos fundamentales de las personas, incluso ante o contra el propio Estado.

Es por ello que se requiere de una justicia constitucional y de jueces constitucionales.

Kelsen justificando la existencia de la jurisdicción constitucional expresa que “la legislación está absolutamente subordinada a la Constitución como la justicia ordinaria al derecho y la administración lo está a la legislación”.

Eisenmann nos señala que para mantener la vigencia real de la preceptiva constitucional hay sólo dos opciones: dejar al cuidado del legislador las garantías de la Constitución o confiar a los jueces la tarea de asegurar su respeto por parte de aquél.

b) Interpretar la Constitución. El juez constitucional debe estar en condiciones óptimas para interpretarla. Cappelletti resume esta atribución de la esencia de la actuación del juez constitucional, al señalar que la misión “de interpretar” resulta irresistiblemente creadora y va mucho más lejos de su función tradicional de ser un mero intérprete fiel del tenor literal de la ley.

Su interpretación cumple una función esencial de adaptación de la Constitución y a hechos no previstos, sobre todo en los casos en que la rigidez de la Constitución se opone a revisiones demasiado frecuentes.

Debe tenerse muy en cuenta que el Tribunal Constitucional es el intérprete oficial y supremo de la Constitución. Ello permite que por la vía de la hermenéutica la Constitución perdure y se proyecte, es decir, que no quede anticuada en la medida que los conceptos abstractos que contiene pueden ser definidos aplicándolos o adaptándolos a la realidad de cada día.

La doctrina y la jurisprudencia comparada y del propio Tribunal Constitucional han precisado con mucha claridad que la interpretación de la Constitución se rige por principios diferentes a los de la interpretación de la ley en general, todos los cuales no son del caso entrar a recapitular por ser suficientemente conocidos de este dilecto auditorio.

Mas, el límite de la interpretación, como lo señala el Tribunal español, está en que el Tribunal Constitucional no puede hacer decir a los textos sometidos a su conocimiento lo que no dicen, ya que ello implicaría legislar y no interpretar.

Es por este motivo que el primer límite al intérprete constitucional se encuentra en la propia Constitución, pues su labor no puede encaminarse a la creación de preceptos constitucionales.

Al interpretar la normativa constitucional, la jurisprudencia de este Tribunal colabora en la modernización de la preceptiva de orden público básica adaptando sus disposiciones a situaciones o eventualidades no precisadas ni estrictamente previstas en ella.

Debe tenerse presente que ningún artículo de la Constitución puede interpretarse aisladamente. Toda disposición de la Constitución debe interpretarse coordinándola con las demás, evitándose así su autodestrucción. Por lo tanto, todo juez en la interpretación de la Constitución debe cuidarse de que no se altere el equilibrio de su conjunto.

c) El juez constitucional (sustancialmente) de la misma manera pero (cuantitativamente) en mayor medida de lo que sucede con el juez común, debe colmar esas lagunas y determinar cómo “concretar” sus conceptos y valores.

d) Esa obra de integración y concreción debe por consiguiente llevarse a efecto necesariamente mediante una “interpretación creadora”, inspirada en los “fines” o “valores” constitucionales (será por consiguiente actividad no meramente lógica sino también volitiva o, si se quiere, “teleológica”.

En este entendido, se menciona el principio del efecto “útil”, según el cual “cuando una disposición es susceptible de dos sentidos, es preferible entenderla en aquel que le permite tener algún efecto ante que en el sentido con el cual no podría alguno”.

Recordemos finalmente que el artículo 19, Nº 26, de la Constitución Política expresa que: “La Constitución asegura a todas las personas: la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”.

Termino mi intervención expresando que los chilenos deben ver en el Tribunal Constitucional un custodio que vela por el respeto de los derechos que les reconoce la Constitución Política de la República y los poderes públicos, un juez para dirimir por la vía del proceso jurisdiccional sus eventuales controversias, evitando así el uso de la autotutela con sus siempre nefastas consecuencias.

Infinitas gracias por haberme dado la oportunidad de expresarles estas ideas a tan distinguido auditorio.

Valdivia, marzo de 2003.

 

 
 

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