Revista austral de ciencias sociales - La participación de las comunidades mapuche-huilliche en el proceso de la Reforma Agraria en la Provincia de Valdivia (1970-1973)
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ISSN 0718-1795 versión on-line

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  Rev. austral cienc. soc. n.24 Valdivia 2013




DOI:10.4206/rev.austral.cienc.soc.2013.n24-02

ARTÍCULO

 

La participación de las comunidades mapuche-huilliche en el proceso de la Reforma Agraria en la Provincia de Valdivia (1970-1973)*

The participation of Mapuche-huilliche communities in the process of Agrarian Reform in the province of Valdivia (1970-1973)

 

Fabien Le Bonniec**

* Este artículo forma parte de una investigación FONDECYT Regular 2010 N° 1100673: "La Reforma Agraria en la provincia de Valdivia. Movilización rural y conflicto político en una sociedad local, 1967-1973" y su financiamiento cuenta también con aportes de la Dirección General de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica de Temuco y del Proyecto Mecesup UCT 0804. Se agradece a Martín Correa por sus numerosas correcciones y valiosos comentarios al presente texto.
** Investigador Titular, Núcleo de Investigación en Estudios Interétnicos e Interculturales (NEII), Universidad Católica de Temuco, Chile. Investigador asociado al Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux (IRIS), Paris-Francia. Manuel Montt N° 56, Temuco - País Mapuche - Chile. E-mail: fabien@uct.cl


Resumen

La participación política de las comunidades mapuche-huilliche en la Reforma Agraria en la Provincia de Valdivia entre 1970 y 1973 ha sido poco estudiada. Ya sea a través de las movilizaciones rurales, tales como las tomas, o las diversas mediaciones con las instituciones públicas, al reivindicar sus diferencias pero también algunos intereses en común con el campesinado chileno, los Mapuche se insertaron en un proceso sociopolítico cuyo diseño no contemplaba sus especificidades y aspiraciones. Sus objetivos fueron recuperar tierras usurpadas y obtener justicia. Es en estas modalidades de participación en el proceso de Reforma Agraria, que tanto los comuneros como los funcionarios públicos lograron establecer modos inéditos de relacionarse y renovar sus repertorios de acción colectiva, situaciones que se pueden observar en los tres casos que aquí se presentan.

Palabras clave: mapuche-huilliche, Reforma Agraria, Estado y pueblos indígenas, movilizaciones rurales.


Abstract

The political participation of the mapuche-huilliche communities to agrarian reform in the province of Valdivia between 1970 and 1973 has been little studied. That is through rural mobilizations, such as tomas, or the various mediations with public institutions, to assert their differences but also some interests in common with the Chilean peasants, the Mapuche were inserted in a sociopolitical process which design didn't contemplate their specificities and aspirations. Its objectives were to recover usurped lands and obtain justice. It is in these forms of participation in the process of agrarian reform, which both the community and the official public managed to establish unedited modes to interact and renew their repertoire of collective action, situations that may be observed in the presentation of three cases.

Key words: mapuche-huilliche, Agrarian Reform, State and indigenous people, rural mobilizations.


 

Introducción

Los acontecimientos que se desencadenaron durante los primeros meses de 2013 en la macro-región sur de Chile - correspondiendo en gran parte al territorio histórico mapuche y a las VIII, IX y X* Regiones de Chile - tienen relación con conflictos de terratenencia antiguos, aún no resueltos, como son los casos de las tierras de la familia Luchsinger, en la Araucanía, o del Fundo Pisu Pisue, más en el sur, en la Región de los Ríos. Estas propiedades vienen siendo reivindicadas desde décadas por comuneros mapuche e incluso fueron expropiadas durante el último periodo de la Reforma Agraria -entre 1970 y 1973- antes de ser restituidas a sus antiguos propietarios particulares, después del Golpe de Estado (durante el proceso de contra reforma agraria).

Si bien no es papel del cientista social e histórico legitimar situaciones complejas sumidas en hechos de violencia que le han dado visibilidad, como tampoco le corresponde impartir responsabilidades y autorías, y menos aún establecer una verdad jurídica, su labor puede ayudar a entender los contextos socioculturales e históricos en los cuales se originaron estas situaciones y las repercusiones que tienen hasta hoy en día. Más allá del sempiterno debate sobre si la Reforma Agraria tomó en cuenta o no la especificidad mapuche, aún falta entender bien cómo comuneros y dirigentes Mapuche fueron los protagonistas de uno de los procesos de cambios sociopolíticos más importantes de las décadas recientes en las regiones del centro sur del país, convirtiéndose en un verdadero punto de inflexión en las estructuras de la sociedad chilena en su totalidad. Pese a esta certeza, el fenómeno tiende a ser abordado solo bajo el prisma de los conflictos de clases, dejando de lado el universo de posibilidades de otras lógicas de acciones en obra.

El interés por estudiar la participación mapuche en el proceso de reforma agraria en la Provincia de Valdivia lo impulsa el escaso número de trabajos realizados en dicha zona (destacándose el capítulo de Jorge Vergara y Aldo Mascareño en el libro dirigido por Vergara, Mascareño y Foerster 1996) en comparación a los trabajos realizados en las vecinas provincias de Cautín y Malleco (Gall 1972; Steenland 1977; Mallon 2004; Correa, Molina y Yañez 2005). Llama la atención, sin embargo, que si bien la cantidad de comunidades indígenas en la provincia de Valdivia (alrededor de 450) es menor a las existentes en la provincia de Cautín (un poco más de 2000), las movilizaciones campesinas fueron cuantitativamente más importantes en 1971 en el primer caso que en el segundo.1 No obstante que las comunidades indígenas de la provincia Valdivia fueron partícipes de muchas de dichas ocupaciones, la mayoría de los estudios limitan a las provincias de Arauco, Malleco y Cautín la movilización de las comunidades mapuche durante esta época. De la misma manera, muchos trabajos escritos sobre la Reforma Agraria han usado enfoques muy generalizadores y han recurrido a una historia de acontecimientos, en vez de considerar este proceso como una experiencia histórica de acción colectiva protagonizada por una diversidad de actores sociales con trayectorias singulares. Se deja de lado así a los sujetos y a los regímenes de subjetividad y "economía moral" (Mallon 2001) a los cuales han estado sometidos. En este contexto, los Mapuche, en el caso de Valdivia e incluso de las provincias vecinas de Cautín, Malleco o Arauco, pocas veces han sido considerados como verdaderos sujetos políticos. Los escasos trabajos (Foerster & Montecino 1988; Vergara, Foerster & Gundermann 2005) que han dado cuenta de las relaciones que mantenían las organizaciones y dirigentes mapuche con las estructuras del Estado durante este período, se enfocaron más bien en la formación de una institucionalidad mapuche, mientras que el estudio de referencia de Correa, Molina y Yañez (2005) ha orientado su análisis hacia la confrontación entre estos distintos actores. Se mantiene, en consecuencia, un vacío historiográfico que particularmente destaca en el caso de la provincia de Valdivia, en cuanto a entender más profundamente las relaciones polimorfas que las distintas colectividades Mapuche entretuvieron con el Estado, y cómo, al mismo tiempo, participaron en la transformación de este y de sus relaciones.

En tal sentido, parece pertinente interrogarse sobre la naturaleza y amplitud de esta participación, como a su vez indagar las distintas estrategias empleadas por estas comunidades -consideradas a esta época como partes de las más aisladas y marginalizadas del país-para enmarcarse en un proceso sociopolítico de ámbito nacional e incluso internacional, y relacionarse con los agentes del Estado y participar en la transformación de éste.

Para tratar de responder a estos interrogantes, además de la revisión de prensa local de la época y de los pocos pero valiosos estudios realizados sobre la temática, hemos recurrido a archivos más originales, por ser pocos explotados, como son las carpetas administrativas del Archivo General de Asuntos Indígenas (AGAI) que pertenece a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) de Temuco y que contienen los antecedentes histórico-jurídicos de las comunidades mapuche. El archivo personal de Bernard Jeannot2 constituyó otra fuente documental de gran interés para esta investigación, sobre todo en lo que se refiere a las actas de reuniones de terrenos o de seminarios realizados durante el periodo que nos interesa. Nos pareció muy importante también asociar a esta búsqueda documental, la voz de algunos de los actores de la Reforma Agraria en la Provincia de Valdivia, para poder discutir los documentos encontrados y tener su propia visión del proceso y de sus acontecimientos. Este trabajo fundamental sobre las diversas memorias existiendo en torno a un periodo de la historia de Chile que aun provoca polémicas, se hizo a través de entrevistas a algunos actores que participaron a la Reforma Agraria y que se logró identificar y encontrar.3

Como lo veremos en una primera parte, las comunidades Mapuche fueron participes de las movilizaciones rurales en la Provincia de Valdivia en el contexto de la Reforma Agraria, bajo varias modalidades de acción pero -generalmente- con motivaciones y lógicas distintas a aquellas del sector campesino y obrero agrícola chileno. Debido a estas particularidades, y como lo constataremos en una segunda parte, la acción colectiva mapuche se jugó también en otros terrenos, aquellos de la mediación con distintos actores del campo burocrático. Concluiremos con la presentación de tres casos que permitirán ver cómo estas comunidades supieron al mismo tiempo manejarse con sus especificidades, mediar con el estado e insertarse en procesos sociopolíticos de orden nacional, donde no estaban contempladas sus aspiraciones de recuperar sus tierras y obtener justicia.

Las tomas

Las tomas, junto con las huelgas de trabajadores, fueron consideradas durante la Reforma Agraria -sobre todo entre 1970 y 1973- como un importante medio de presión para obtener la expropiación de los latifundios y la formación de asentamientos. Son la cara más visible y más recordada de dicho proceso, como también la instancia más relevante de radicalización, aunque también de politización, tanto en el mundo rural como en la sociedad chilena en su conjunto. La práctica en sí misma de la toma consistía en la ocupación física y el bloqueo de los accesos a la propiedad, el control de las instalaciones productivas (molinos, galpones, lecherías, bodegas de maquinaria) y el establecimiento de un sistema de vigilancia y control. Si bien las tomas se insertaban en modos de ocupación y de recuperación de espacios -prácticas presentes en la historia chilena desde el comienzo del siglo XX4- y fueron protagonizadas por los campesinos y obreros desde los inicios de la Reforma Agraria, toman mayor importancia -tanto a nivel numérico como en intensidad- en el contexto de las elecciones presidenciales de 1970,5 y durante todo el mandato de Salvador Allende. En la literatura relativa a este período ha sido común, hoy como ayer, destacar la participación en estas movilizaciones rurales de actores políticos que provienen de la izquierda extraparlamentaria, como si fueran acciones espontáneas, sin considerar todos los procesos micro-históricos en los que se enmarcaban y en las que habían participado otros actores políticos.6

Aunque el estudio de referencia de Emilio Klein (1973), cuyas fuentes provienen de documentos elaborados por la Dirección del Trabajo y el Ministerio del Interior, estima solo para el año 1971 a 158 el número de fundos tomados en la Provincia de Valdivia, la revisión del diario local -El Correo de Valdivia-y los datos recolectados durante entrevistas e indagaciones archivísticas han permitido establecer la existencia de "solamente" 101 tomas en dicha provincia en el periodo que va entre 1971 y 1973. Efectivamente, durante los meses siguientes al triunfo de la Unidad Popular se registró una 'ola de tomas', reafirmándose con ello la hipótesis de la existencia de la relación entre una nueva coyuntura política y la intensificación de las movilizaciones y los conflictos rurales. Pese a que existen en esta Provincia aldeas emblemáticas consideradas como focos de activismo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), como aquellas de Neltume, Carranco y Chaihuín,7 verdaderas "escuelas de guerrilla" según El Correo de Valdivia, la participación de este movimiento en las movilizaciones rurales en las otras comunas aparece como limitado. Por otro lado, las movilizaciones rurales fueron también producto de la acción política de militantes de otros partidos políticos como el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS), el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Izquierda Cristiana (IC),8 cuyo objetivo común era acelerar el proceso de Reforma Agraria. Tal situación se manifestó en una connivencia entre tomadores y funcionarios públicos, denunciada en varias oportunidades por la prensa y la oposición.9 Según una de los protagonistas de la Reforma Agraria, Carmen Rodríguez, ex militante del MAPU que trabajó entonces en el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y después en la Corporación de Reforma Agraria (CORA), el trabajo en terreno de estos funcionarios consistía, entre otros, en fomentar la sindicalización campesina y la formación de comités, y de este modo impulsar tomas en una provincia que se caracterizaba por un número restringido de sindicatos.10

La intensificación de las movilizaciones rurales observada en la provincia de Valdivia a partir de 1970, se expresó también a través del carácter violento de varias ocupaciones y posteriormente "re-tomas".11 En el contexto de la asunción del poder del presidente Salvador Allende, en los meses de noviembre y diciembre de 1970, fueron las áreas de Panguipulli y Futrono las que registraron mayor conflictividad en la Provincia, no sólo por concentrar la mayor cantidad de tomas (7 y 4 respectivamente), sino también por ser las más significativas en términos de masividad, violencia e impacto político, como fueron las que se observaron en los casos de las ocupaciones de los fundos Neltume y La Tregua en Panguipulli, y "La Pellinada" en Futrono.

La violencia a que se hace alusión se puede observar no solamente por la presencia de armas y el desarrollo de enfrentamientos durante las tomas, sino también por el supuesto temor generado en el mundo del latifundio por la mediatización y la magnificación de estas acciones. Un caso que se convirtió en emblemático es el suicidio de la propietaria del fundo "La Tregua", Panguipulli, en noviembre de 1970, después de que su propiedad hubo sido tomada "sin violencia", según la prensa, por una treintena de obreros agrícolas. Desde el mundo de los patrones y administradores de fundos, la violencia subyacente a la radicalización se podía percibir también en el vuelco que se había dado al nivel de la relación laboral entre propietarios y trabajadores agrícolas. Según Génesis Delgado (2012), quien estudió la zona de La Unión y de Frutillar, el quiebre entre el primer período (1965-1968) -donde los trabajadores rurales eran respetuosos de sus patrones- y el segundo (1969-1973) -marcado por las ocupaciones ilegales- se ha podido observar en particular en La Unión. Si bien se puede formular como causas de lo anterior una progresiva politización de estos sectores a través su sindicalización, la intervención de actores politizados externos y la coyuntura política más favorable a las tomas, no se puede despreciar la hipótesis de que la aparente pasividad de los campesinos y trabajadores agrícolas durante el primer período, fuera también una forma silenciosa, "hidden" (Scott 1990), de hacer política. Es innegable que la profundización de la Reforma Agraria en los campos del sur de Chile tuvo impactos significativos sobre las estructuras de poder representados por el sistema de latifundio, introduciendo cambios en la subjetividad misma de los distintos actores en disputa.

Durante este mismo período se pueden observar varios casos donde agricultores y dueños de fundos, formando grupos organizados, ofrecieron resistencia a las huelgas y las "tomas", realizando "re-tomas", situaciones que constituyeron una de las expresiones más violentas de la politización de ese sector de la sociedad rural. Esta reacción se desarrolló junto con varias otras estrategias impulsadas por las organizaciones representativas de los intereses agrarios, como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), por todo el país, o la Sociedad Agrícola Ganadera de Valdivia (SAVAL) y del Consejo Agrícola del Sur (CAS) a nivel local. Estas organizaciones gremiales juntas a personalidades políticas de oposición -principalmente del Partido Nacional y de la Democracia Radical, y en menor medida de la Democracia Cristiana- mantuvieron desde 1967 una campaña comunicacional constante en contra de la Reforma Agraria, para lo cual contaron con el respaldo del diario El Correo de Valdivia, donde tenían tribuna diariamente. Además de denunciar la violencia y la intranquilidad que 'reinaban en los campos sureños', sus argumentos insistían en la irracionalidad económica de las tomas y de las expropiaciones, condenando grandes fundos lecheros a la ruina y al abandono al pasar a mano de sus trabajadores.

¿Qué lugar y rol tuvieron las comunidades mapuche en estas movilizaciones rurales en la provincia de Valdivia? La revisión del diario El Correo de Valdivia permite reconocer la participación de comunidades o indígenas en al menos 19 acciones de tomas, entre el 24 de diciembre de 1970 y el 23 de agosto de 1973.

El número de participantes en las tomas varía desde 12 personas (Toma del Fundo Chauquén, Panguipulli, el 08 de marzo de 1971) a más de 150 (toma del fundo Fichahue, en Llifén, el 4 de mayo de 1971), con un promedio de participación de una treintena de personas en cada acción. La superficie de las propiedades ocupadas iban desde 6 hectáreas (Predio San Mateo, comuna de Panguipulli) a más de 2000 hectáreas (Fundo Maihue en Río Bueno). En algunos casos, las tomas se han realizado en conjunto con trabajadores de las propiedades reivindicadas (Fundo Ñancul y Fundo Malchehue a la orilla del lago Panguipulli). En otros contextos, existieron casos de tomas que se realizaron en predios expropiados por la CORA y entregados a sus trabajadores, y sobre los cuales los Mapuche reivindicaban sus derechos territoriales (como los casos de los Fundos Neltume y Cerrillos en Panguipulli), no sin provocar diversas tensiones.

El período del gobierno de la Unidad Popular se constituyó en un momento clave en las movilizaciones de los Mapuche y de sus organizaciones por la recuperación de sus tierras. Las informaciones sobre las tomas realizadas durante este período, indican que los argumentos esgrimidos por los Mapuche se relacionaban con la pertenencia histórica de los predios ocupados, haciendo referencia a sus antepasados. En este contexto, la legitimidad histórica constituyó una de las características principales del discurso de los Mapuche que practicaron tomas de fundos. Así, estas movilizaciones, principalmente situadas en los departamentos de Panguipulli y Río Bueno, se enmarcan en historias de lucha y reivindicación más antiguas, como aquellas registradas por el periodista Aurelio Díaz (Cfr. 1996) en su crónica del Parlamento de Coz Coz de 1907.13 Las radicaciones de comunidades de la zona (193 en solo la comuna de Panguipulli) que se hicieron durante los años posteriores al Parlamento, reconocieron el dominio a los Mapuche a través de los Títulos de Merced de un promedio de 10 hectáreas por persona radicada (Molina 2013: 18). Sin embargo, un estudio realizado en 1972 en la zona de Llifén (Molina 1973: 72) revelaba el proceso de usurpación continuo al cual habían seguido sometidas estas comunidades al estimar a 1,7 hectáreas este mismo promedio.14

Es probable que el número de movilizaciones de comunidades durante este período en la Provincia de Valdivia haya sido mayor que las 19 registradas, debido a la poca visibilidad dada por la prensa local y nacional, e incluso por los propios Mapuche: "Yo no llevaba tan adentro lo que era mi pueblo [mapuche](...) o estaba ahí durmiendo",15 reconoce Humberto Manquel, quien era dirigente de unas de las comunidades que participaban de los procesos de recuperación territorial y del Consejo Comunal Campesino, y que hoy es un destacado dirigente mapuche-huilliche de la misma zona. Los artículos de prensa que informan sobre las tomas de fundos de parte de los comuneros dejaban una idea vaga de quienes eran los ocupantes. Muchas veces no se mencionaba la comunidad a cual pertenecían los ocupantes, se hablaba solamente de "indígenas", "aborígenes" o personas exigiendo que le restituyan "la tierra de sus antepasados", como en el caso del Fundo Ñancul, ocupado en abril de 1971. Finalmente, son escasas las menciones de la denominación "mapuche" para calificar los actores de estas movilizaciones y completamente ausente aquella de "Huilliche", con la cual se identifican comúnmente las poblaciones indígenas de estas zonas hoy en día.

En los archivos administrativos, aparece la mención de una "Asociación Regional Mapuche de Panguipulli", a la cual estarían afiliados los dirigentes de la comunidad Dionisio Manquel, sin que se dé mayor detalle acerca de ella. Una especificidad más local radica en que, a diferencia de las movilizaciones en las provincias más al norte, de Cautín, Malleco y Arauco, las llevadas a cabo por los Mapuche en la provincia de Valdivia no aparecen apoyadas por partidos políticos y/o grupos revolucionarios. Los antecedentes recopilados indican que en un caso hubo participación de la Juventud Socialista (Fundo Malchehue) y la posible presencia del MIR en el caso de los conflictos referidos al Fundo Neltume, en el Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli, en los sucesos protagonizados por miembros de la comunidad Juan Quintumán. Esta poca presencia de agentes políticos se podría explicar por el carácter particular de las reivindicaciones de los Mapuche que actuaban antes de todo por recuperar tierras por la comunidad, sin apuntar a un mayor proyecto productivo de convivencia con campesinos y trabajadores chilenos. Sin embargo, habría que profundizar esta hipótesis, e indagar más sobre las particularidades de las comunidades de esta provincia que impidieron la presencia de actores políticos que fueron fundamentales en las movilizaciones Mapuche de Malleco, Arauco y Cautín. Si hubo intervención de actores políticos en este proceso, hay que buscarla del lado de las instituciones, principalmente la CORA y la DASIN, y de las autoridades (Gobernadores) que se estuvieron relacionando de manera permanente con los dirigentes indígenas con el fin de solucionar sus demandas. La mayoría de estas acciones tampoco tomaron un carácter violento, a pesar que la prensa local y nacional veían en ellas la influencia de elementos extremistas que buscaban una radicalización del conflicto agrario. Tampoco se hace mención a las "corridas de cercos", que eran prácticas "propias" de las comunidades Mapuche que se movilizaron durante la Reforma Agraria en las provincias vecinas (Gall 1972; Correa, Molina & Yañez 2005).

Las movilizaciones de los Mapuche produjeron varias tensiones, y no solamente con los latifundistas sino también con los campesinos y obreros que reclamaban la expropiación de fundos reivindicados por ellos, como es el caso del Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli (CFMP), del fundo Maihue (que también fue entregado al CFMP), del Fundo Ñancul o del Fundo El Coyote, en Riñinahue, entre otros. Desde la perspectiva de los obreros y trabajadores de los fundos ocupados por los Mapuche, e incluso de algunos funcionarios encargados de asuntos agrarios, estas tomas entrababan el proceso de reforma agraria ya que se dificultaban las actividades del CFMP y la constitución de asentamientos y centros de Reforma Agraria. Desde las instituciones públicas, uno de los topógrafos de la DASIN, que efectuó varias visitas a terreno para resolver los conflictos entre mapuche y obreros forestales recuerda que "a mayor abundamiento, las comunidades indígenas adquirieron importancia cuando se "tomaron" físicamente algunos terrenos que el gobierno de Salvador Allende amparaba y que, en algunos casos les era gananciosos...".16 De la misma manera, al preguntar a Luis Rosales, dirigente del CFMP, sobre las tensiones entre mapuche y obreros del complejo, que aparecen claramente expresadas en los informes administrativos de la época,17 y los temores en cuanto los posibles enfrentamientos que podían suceder, él considera:

No, no, al contrario los mapuches se vieron muy beneficiados con el cuento... claro porque les dábamos trabajo... como política nuestra si había gente que quería trabajar con las comunidades mapuches no había ningún problema de ningún tipo, tenían el mismo trato, si había que mandarlos a capacitarlos, se capacitaban, no hubo problema. Lo que pasa es que ellos claro, para ellos eran como ver el complejo así de primera como el nuevo patrón, que se los iba a joder... claro, la concepción... pero de todas formas nosotros fuimos muy respetuosos y tratamos de devolverles a ellos en ese tiempo de acuerdo a la documentación que tenía el juez de indios que le llamábamos de Pitrufquén, don Hellmuth Daiber, entonces siempre me mandaba a mí cuando había algún problema, y yo iba, conversaba y ahí venía este señor abogado y le decía bueno aquí... esto pasa aquí... en algunos casos con el complejo, nosotros tuvimos que correr una línea pero no porque la hayamos usurpado nosotros, si no porque de hecho los antiguos dueños se lo habían usurpado a los mapuches, entonces trajimos la línea donde tenía que estar.18

Si bien Luis Rosales tiende hoy a desdramatizar estas situaciones de tensión, reconoce una sensación que es manifiesta en los testimonios de la época y que se expresa en que muchas veces aquellos que eran beneficiados de las expropiaciones eran visto por los Mapuche como "nuevos usurpadores". El antropólogo chileno Bernardo Berdichewsky, quien realizó una investigación en el seno de las comunidades de Malleco en el marco de la aplicación de la Reforma Agraria, observaba que pocas comunidades mapuche habían participado en la formación de asentamientos o de cooperativas, que generalmente era individualmente que algunas familias se asociaran a este proceso, reconociendo que las pocas experiencias de asentamientos "mixtos" existentes eran escenarios de conflictos "étnicos" entre Mapuche y no-mapuche (Berdichewsky 1977: 40). El mismo autor en un estudio anterior atribuía tales situaciones al "sentido obsesivo, pequeño burgués, por la propiedad privada territorial" de los Mapuche, lo que era incompatible con el proceso de reforma agraria (Berdichewsky 1971: 76). Como veremos en los 3 estudios de casos seleccionados, las tomas y las tensiones protagonizadas por las comunidades mapuche-Huilliche de la provincia de Valdivia respondieron a idiosincrasias y lógicas locales propias, las que hacen referencia a lo que ya había observado Klein (1973: 230-231), es decir, a una relación histórica con la tierra y no necesariamente ligada a un supuesto "factor racial", que determinó la lucha continua por la tierra de los Mapuche en comparación a otros sectores del campesinado chileno. Berdichewsky concluía que el cambio de la estructura agraria era un proceso que afectó también a las comunidades indígenas y que los habitantes de estas últimas supieron aprovecharlo para recuperar tierras, teniendo también como efecto una mayor integración a la clase campesina chilena y una mayor consciencia social y étnica (Berdichewsky 1983: 264). Como prueba de esto último, el antropólogo observaba que durante las últimas dos décadas se habían realizado varias conferencias regionales, seminarios y congresos nacionales donde, "además de plantear como plataforma de lucha su aspiración particular para la devolución de sus tierras y apoyar las reivindicaciones generales del campesinado, plantearon aspiraciones propias en el sentido étnico y cultural" (Berdichewsky 1983: 272).

Esta última observación da cuenta de que la participación de los Mapuche en el proceso de Reforma Agraria iba más allá de la cuestión de la tierra, y en la práctica constituía una instancia para reafirmar "derechos propios", cuyo reconocimiento estaba en discusión en el marco de la elaboración de la ley indígena n°17.729 que sería promulgada en septiembre de 1972. Estas transformaciones del movimiento reivindicatorio de las comunidades mapuche en el transcurso de los años 60 y que se agudizaron durante el periodo de la UP, tuvieron como implicancia la generación de nuevas relaciones con el Estado. Bajo la influencia del legado de Paulo Freire, quien estuvo trabajando en Chile entre 1964 y 1969, se generaron relaciones más simétricas y colaborativas entre funcionarios, campesinos y trabajadores agrícolas como le recuerda Carmen Rodríguez:

yo decidí irme al sur por la reforma agraria viste, yo conocía a través del MAPU todo el equipo de sociólogos que trabajaban con las teoría de Paulo Freire que era mirar a la gente sin hablar de revolución, que era inducir la toma de conciencia de las reivindicaciones que pudieran hacer, también me pareció eso súper interesante.19

Es en el marco de la transformación de las relaciones con el Estado que los Mapuche se insertaron para reivindicar sus tierras y sus especificidades y así librar una batalla simbólica, dimensión importante a aprehender como lo consigna John Walton al señalar que "ninguna explicación de la protesta popular puede ignorar el papel integral del Estado en la determinación de los motivos, medios, propósitos y la legitimación del conflicto" (Walton 1992: 332).

Relación entre políticas e instituciones públicas indigenistas, proceso de Reforma Agraria y estrategias de los actores Mapuche

Las entrevistas realizadas y el trabajo de terreno archivístico permiten concluir en principio que la lucha por la tierra de los Mapuche se llevó a cabo también en el campo burocrático, a través de un constante contacto e intercambio de correspondencias20 entre los funcionarios de diversas instituciones públicas. En este sentido, constituyó una instancia de diferenciación de los Mapuche. Al consultar los archivos administrativos de la DASIN y de la CORA, aparece claramente que existían varios conflictos de tierra no resueltos que los Mapuche trataban de enfrentar a través la Reforma Agraria, bajo el argumento que le restituyeran "la tierra de sus antepasados". Según Correa, Molina y Yáñez (2005), la Unidad Popular escuchó y respondió en gran parte a las aspiraciones de los Mapuche, dejando un cierto sentimiento de satisfacción y de logro. El accionar del gobierno de Allende era el resultado de la presión constante tanto en la arena política ("política por arriba") como en las comunidades ("política por abajo") para que se aplique la ley de Reforma Agraria n°16.640 a las tierras reduccionales perdidas y cuyas causas habían quedado entrampadas en los Juzgados de Indios. Según estos mismos autores, el Movimiento Mapuche se apropió de las normas legales de la reforma agraria y a la misma vez le obligó a tomar en cuenta su propia especificidad.21 Lo anterior fue el resultado tanto de la acción colectiva, manifestada en las tomas y ocupaciones de fundos usurpados, como de la voluntad política del gobierno de la Unidad Popular, que se tradujo en la intermediación de las instituciones encargadas de la aplicación de la Reforma Agraria y aquellas dedicadas a los asuntos indígenas.

Entre las instituciones que destacaron en su actuar, en los casos de tomas de predios relacionados con comunidades mapuche, deben rescatarse las oficinas nacionales y locales de la Dirección de Asuntos Indígenas (DASIN), dependiente del Ministerio de Tierras y Colonización, no obstante que en varias oportunidades se ha señalado la limitación que tenía esta institución en términos de recursos humanos, sobre todo en las provincias de Valdivia y de Osorno. Como ejemplo de lo anterior, citamos una reunión realizada en Panguipulli el 13 de octubre de 1971 con el fin de presentar el proyecto de ley indígena, reunión en la cual la dirigencia de la DASIN relacionó la ausencia de expropiación de predios en favor de comunidades en la zona, a pesar de la constitución de una "Comisión de Restitución de Tierras Indígenas" en Panguipulli22 con la falta de funcionarios e infraestructuras. En esta oportunidad señalaron que la DASIN contaba con 96 funcionarios para atender a 400.000 Mapuche en Chile.23 Durante su mandato, el gobernador Lautaro Hodges había reclamado por la constitución de una Oficina de Asuntos Indígenas donde no existía Juzgado de Indios, propuesta que fue apoyada por el diputado DC Eduardo Koenig y que se concretó a principios del año 1972 (Vergara & Mascareño 1996: 80). En el caso de la comuna de Panguipulli, el proceso de restitución será agilizado a partir del mes de agosto de 1972 gracias a la aplicación del Convenio CORA-DASIN, firmado en septiembre de 1971. Este convenio emanaba de una circular de parte del vicepresidente ejecutivo de la CORA, David Baytelman, que establecía -de acuerdo a lo que habían planteado Allende y Chonchol en ocasión de una visita en Cautín en enero de 1971- la entrega de los terrenos expropiados por la CORA, que fueran objeto de litigio con comunidades indígenas de acuerdo a sus posesiones reconocidas por los títulos entregados por el Estado.24 Sin embargo, con ocasión de un "encuentro mapuche" organizada en Temuco el 22 de junio de 1972, en el que se reunieron 9 dirigentes de las provincias de Malleco, Cautín y Valdivia, dentro de cuales se podía destacar la presencia de 5 delegados de la asociación regional mapuche de Panguipulli, los asistentes constataban que la aplicación del convenio CORA-DASIN había quedado "en las buenas intenciones", por no tener asociadas las herramientas legales ni políticas necesarias para su buena implementación.25 Una de las conclusiones del encuentro apuntaba a la necesidad de crear "departamentos mapuche" en las áreas de la CORA, que se caractericen por "problemas indígenas" y donde profesionales tendrían que dedicar tiempo completo a estudiar y resolver éstos. Como sea, se puede observar la preocupación y participación notable de Mapuche de Panguipulli para resolver conflictos de tierras en el marco de la Reforma Agraria. Otro antecedente que hace referencia a la voluntad de los Mapuche de estar más presentes en las estructuras del Estado es a través de la creación de "departamentos mapuche" en la CORA y la posibilidad de integrar puestos de funcionarios para poder influir sobre las decisiones, lo que se encuentra registrada en correspondencias recibidas por la DASIN.26 Lo anterior recuerda el fenómeno observado por Vergara, Foerster & Gundermann (2005) acerca de la participación de la Corporación Araucana en la DASIN en los años 50, y el intento de los dirigentes y funcionarios de dicha institución de crear una institucionalidad propia, con la diferencia de que quienes aspiraban a tal pretensión al comienzo de los años 70 provenían de una experiencia y militancia más cercana a la izquierda en el contexto, ya mencionado, de un nuevo marco de relación, supuestamente más simétrica y dialógica, entre campesinos, comuneros y agentes del Estado.

Los archivos de la institución indigenista muestran que muchas veces las gestiones de la DASIN consistieron en prevenir las tomas: son varios los casos que fueron tramitados no sin ciertas tensiones y los predios restituidos antes que se realicen movilizaciones, como fue la situación de la comunidad Victoriano Pitripan y del Fundo Cerrillos en Futrono. En este último caso, se puede observar como la DASIN tuvo que asegurar el momento de la post-expropiación cuando las comunidades tenían que compartir los predios expropiados con trabajadores chilenos o que se tenían que constituir en Centro de Reforma Agraria, enfrentándose al rechazo de parte de los Mapuche de compartir lo que consideraban como históricamente suyo.

Otros actores institucionales relevantes en la participación de las comunidades mapuche en el proceso de Reforma Agraria en la provincia de Valdivia son los gobernadores, quienes participaron en las negociaciones como mediadores entre dirigentes mapuche, trabajadores y dueños de fundos. En cuanto a los partidos, son pocas las menciones de su participación en estos procesos, salvo en el caso de la Juventud Socialista que apoyó las tomas del fundo Malchehue de la comunidad Dionisio Manquel,27 y que fue interpretado por la prensa local como 'la presencia de miristas' (El Correo de Valdivia, 25 de noviembre de 1971). De la misma manera, el Consejo Comunal Campesino, que aparece apoyando a partir de 1972 las demandas de la comunidad por expropiar el fundo Malchehue, era dirigido por militantes socialistas. Tampoco se nota en la prensa local alguna intervención o declaración de diputados o senadores acerca de las demandas y las acciones de las comunidades en el marco de la Reforma Agraria. Esta indiferencia daría a entender que las movilizaciones Mapuche en esta provincia tenían un impacto político bastante limitado, lo que se puede también deducir del discurso pronunciado por el Presidente Allende en la ciudad de Valdivia el 7 de octubre de 1972, discurso que no obstante titularse "La política agraria del gobierno de la UP" no hizo referencia alguna a la situaciones de las comunidades mapuche. Tales dificultades para imponerse en la vida política regional contrastaba con las dinámicas observadas en la arena institucional, donde los Mapuche habían desarrollado diversas habilidades para mediar y negociar tanto la restitución de sus tierras como la transformación de las políticas públicas y de las estructuras del Estado.

La acción política y diplomática mapuche, la participación de sus representantes -como es el caso de los dirigentes de la Asociación Regional Mapuche de Panguipulli- en los seminarios, coloquios o encuentros organizados por DASIN y/o CORA apuntaban a intervenir otros aspectos de la política indígena, desde un enfoque más participativo e integral en el marco de la elaboración y promulgación de la Ley Indígena 17.729 y la agilización del trabajo de las comisiones de restitución y del convenio DASIN-CORA. El seminario "Política de la Corporación de Reforma Agraria y la Problemática Mapuche" organizado por la DASIN y la CORA en la ciudad de Los Angeles, los 6 y 7 de Julio de 1972, fue concebido como un "encuentro de asociaciones Mapuches CORA y DASIN para elaborar una política de integración del Mapuche en el proceso de Reforma Agraria" que contemplaba como temario "I. la definición del indígena; II la ley indígena; III Educación y cultura; IV Forma de integración a la Reforma Agraria; 1)Estructura de producción; 2) Forma de crédito; V Restitución de las tierras; 1) Legal; 2) Expropiación; VI. Restructuración de las Organizaciones del AGRO para facilitar la integración."28 Este evento es característico de la relación innovadora que el régimen de la UP instauró con los Mapuche. El encuentro reunía funcionarios de ambas instituciones organizadoras, destacándose los antropólogos Milan Stuchlick y Bernardo Berdichewsky, el sociólogo brasileño Wilson Cantoni, junto con unos 50 representantes mapuche de diversas provincias. Mientras que el primer día se dieron charlas de parte de los abogados y cientistas sociales de estas instituciones, además de presentar un texto preparado por Alejandro Lipschutz, el segundo día empezó con la lectura de un documento "elaborado por los campesinos mapuche" y siguió con la conformación de tres comisiones de trabajo que tenían que entregar sus resultados al fin del día. Estas tenían como temas 1. La Reforma Agraria y el campesino Mapuche; 2. Qué pasa con el indígena que no es incorporado en la Reforma Agraria; y 3. Nacionalidad, Cultura y Educación Mapuche. Los acuerdos emanados de dicho encuentro reafirman lo observado en las reuniones, como la necesidad de formalizar el convenio CORA-DASIN y agilizar su aplicación, especialmente en una mejor integración de los Mapuche en todas las instancias de decisión. Siguen diez "acuerdos varios" dentro de los cuales está la agilización del trámite parlamentario de la ley indígena, la posibilidad de una nueva ley de reforma agraria que permita la expropiación de terrenos abandonados o mal explotados de una superficie de más de 40 hectáreas de riego básico. Más sorprendente e interesante es el penúltimo acuerdo que decía "evitar mayor división entre campesinos mapuche y no mapuche, para lo cual se pide a todas las organizaciones no usar más los siguientes términos, Indio, Huinca, Raza y Chileno sino que deberá usarse siempre los términos no mapuche o mapuches".

De manera general, a la luz de los distintos casos estudiados, los Mapuche se insertaron en estructuras de oportunidad al aprovechar la coyuntura de la Reforma Agraria para hacer prevalecer demandas antiguas y propias, como lo menciona Humberto Manquel:

Mi abuelo vivió toda su vida peleando por sus tierras en Malchehue, vendiendo animales se hacía el dinero; en una ocasión se ganó el juicio contra Leno Monge, que era el que tenía más tierra y se ganó en el juzgado de Indios en Pitrufquén, pero eso, como siempre el que tiene plata puede llegar muy lejos, entonces pasó a la Corte de Apelaciones después, ya subió para arriba en la Corte Suprema y en la Corte Suprema ganó de nuevo, pero resulta que después eso que se habría ganado, desapareció en alguna parte; no hubo orden de entrega de las tierras. (...) Y llega el año '70 -mi abuelo siempre en esa pelea-, llega el año '70, como tenemos un gobierno ya más de izquierda, dijeron, vamos a comenzar a reclamar con este gobierno a que lleguemos a la recuperación de esas tierras.29

Encuentros y desencuentros en torno a la Reforma Agraria

Se propone en este último apartado graficar, a partir de la presentación de 3 casos de movilizaciones de comunidades, las distintas modalidades de acción colectiva propias a los Mapuche-Huilliche de la provincia de Valdivia, en el marco de la Reforma Agraria, y así entender mejor el protagonismo de estas en la transformación del Estado, de sus estructuras y de sus políticas, como también los desencuentros y antagonismos que han ido generando.

1) Caso del conflicto del Fundo Malchehue (Panguipulli) de propiedad de Leno Monje con la comunidad Dionisio Manquel Chepo

El fundo Malchehue, propiedad de los hermanos Leno y Gilberto Monje, junto al fundo colindante Chauquén, fueron expropiados con el fin de formar un Centro de Reforma Agraria. La prensa local informó el 25 de noviembre de 1971, que 36 integrantes de la comunidad Dionisio Manquel ocupaban el fundo Malchehue de 300 hectáreas, aduciendo "la propiedad de estas tierras que pertenecieron a sus antepasados y que les fueron ilegalmente usurpadas". La edición de El Correo de Valdivia agregaba que "para su acción los indígenas contaron con la asesoría de los elementos extremistas, pertenecientes al MIR que impunemente están actuando en la precordillera". Sin embargo, uno de los actores de esta ocupación, Humberto Manquel, dirigente del Consejo Comunal Campesino de Panguipulli, fundado pocos días antes de esta toma recuerda que:

en ese caso no hubo gente del MIR, hubo gente de la juventud del partido socialista y ahí también teníamos cabeza de... que son... como se llamaban esto, cabeza caliente, que también fue una ayuda muy buena para animarnos a hacer la toma para comenzar. Entonces no fue el MIR, fue la juventud socialista, teníamos buenos elementos. Entonces no es del MIR, ahí no (...) en todos los movimientos que habían, el MIR era el primer acusado que estaban metiéndose, inmiscuyéndose en todos lados, pero era más también un poco el mito.30

Efectivamente, hay que recordar que en la misma época de los sucesos relatados, existía una campaña de prensa sobre la presencia de miristas en toda la zona precordillerana, en la que la persecución de uno de ellos, el "comandante Pepe", había contribuido a cuestionar la labor del gobernador de Panguipulli Lautaro Hodges, recientemente renunciado.

Meses después, el 16 de agosto de 1972, con la ocasión de una segunda ocupación del fundo, de nuevo surgieron las mismas acusaciones que alertaban sobre la presencia amenazante de miembros del MIR dentro de los ocupantes, obligando a los dirigentes de la comunidad a mandar una carta al diario. En esta carta, publicada parcialmente en su edición del 18 de agosto, explicaban que el fundo no había sido abandonado por el propietario debido a amenazas del MIR, sino porque éste buscaba "perjudicar la estabilidad de los seis trabajadores, dejándolos abandonados, sin salarios y para correrse de pagar varios años de imposiciones del Servicio de Seguridad Social". Agregaba que la responsabilidad de las pérdidas de trigo registradas por el dueño del fundo, eran responsabilidad del Interventor de INDAP y no de los ocupantes (Vergara y Mascareño 1996: 79). Los informes emitidos por la DASIN no dan cuenta de personas ajenas a la comunidad; informan que son 25 jefes de familia, o sea 180 personas, las que ocupan el predio y señalan que "el origen de los ocupantes es la Cd. de Dionisio Manquel Chepo, de la que son parientes o herederos. Dentro de la ocupación se levantaron 12 rucas". Seguido a esta primera toma, Leno Monje interpuso una querella por delito de usurpación ante el Juzgado de Panguipulli en contra de los ocupantes.

Característica común con otros casos, la comunidad Dionisio Manquel Chepo había conocido en su historia un proceso de desposesión de sus tierras, resultando que, según el censo indígena realizado en 1969, de las 527 hectáreas inscritas a nombre de la comunidad en el Título de Merced, solo 37 eran ocupadas por los indígenas y el resto estaban usurpadas y en poder de particulares. La correspondencia que se encuentra en los archivos del AGAI revela que varios meses antes de la primera ocupación, dirigentes a la misma vez de la comunidad y de la Asociación Regional Mapuche de Panguipulli, como Pedro Hueque y Bernardo Manquel, intentaron a través de su gestión que se les restituyan las tierras demandadas, manifestando ante el Ministro de Tierra y Colonización que "por su intermedio se lograra la pronta restitución de estos terrenos ya que nuestra situación por el problema de minifundio nos vemos obligado a vivir en la pobreza cada vez más apremiante por el aumento de la población familiar".31

La correspondencia que se mantuvo durante este período con representantes y funcionarios de instituciones públicas es significativa respecto del giro que tomó el discurso de los comuneros con el fin de obtener satisfacción a sus demandas. Es así que en un primer tiempo, las demandas estampilladas con el timbre de la "Asociación Regional Mapuche de Panguipulli" se enfocan en la restitución de los terrenos, no solamente por las razones socio-económicas expresadas anteriormente sino también por las razones históricas expuestas en el Juzgado de Indios de Pitrufquén. De manera progresiva, los dirigentes de la comunidad van a cambiar su discurso al reclamar ya no la restitución sino la expropiación, argumentando el abandono de parte de uno de los dueños del predio, el no cumplimiento del programa de aumento de la producción, la "explotación irracional de los recursos forestales"... Al ver que sus objetivos no se alcanzaban al fundamentar sus demandas en el origen indígena de las tierras reclamadas, ellos habían optado por recurrir a otro mecanismo, el ofrecido por la ley de Reforma Agraria. La falta de respuesta satisfactoria de parte de las autoridades, debido según Hellmuth Daiber a la falta de personal, y la lentitud del proceso de expropiación, a pesar que ya en mayo de 1972 Leno Monje había ofrecido sus predios a la CORA bajo la condición que se reserve 83 hectáreas para los indígenas, llevó a la segunda toma del fundo el 16 de agosto de 1972. En este proceso de reivindicación dos nuevas figuras públicas aparecieron, Humberto Manquel y Oscar Ayllapan, respectivamente secretario y presidente del Consejo Comunal Campesino. Finalmente, el 18 de enero de 1973, la CORA de Valdivia tomó posesión de un conjunto de fundos de la zona, incluyendo entre ellos a Malchehue. Allí se formará un Centro de Reforma Agraria (CERA) que, según Humberto Manquel, permitió una experiencia única en la que comuneros mapuche se unieron con obreros chilenos. Al consultar los archivos, aparece que tal iniciativa no fue exclusivamente tomada desde los comuneros y obreros, ya que había sido inducida también desde arriba y en particular desde el Departamento Jurídico de la Dirección de Asuntos Indígenas, quien a través su funcionario Raúl Arias Alarcón, exhortaba:

para borrar la negativa imagen que los compañeros campesinos tienen de la Dirección de Asuntos Indígenas, opino que esa Dirección podría intervenir en la tramitación de la expropiación intercediendo ante el consejo de CORA y ante el Ministro de Agricultura a fin de obtener una pronta expropiación. (...) Por último, en la actualidad se está discutiendo el destino que se daría a las tierras expropiadas. Si se entrega a los indígenas a título de recuperación, estas pasarían a dividírselas formando goces individuales; si se le expropia con el objeto de un trabajo comunitario, tendría valor y vigencia el plan de explotación y crediticio planificado por la oficina de CORA de San José de la Mariquina. Opino, si es que fuera procedente, que con el Decreto expropiatorio, se consignara su destino, que sería el del segundo presupuesto planteado.32

2) Caso del conflicto entre los Fundo Fichahue y Fundo Coyote de propiedad de Adalberto Schwaiker y la comunidad Ricardo Lehuey Huenchuñir (Calcurrupe - Rio Bueno).

La especificidad de este caso, y lo que le da mayor relevancia, lo constituye el que partiendo de una toma de terreno, el fundo El Coyote (120 hectáreas) que forma parte del Fundo Fichahue (1.000 hectáreas) de propiedad de Adalberto Schwaiker Rieder, en el mes de febrero, por motivos de "usurpación de tierras de sus antepasados", va a derivar en otros conflictos y sobre todo movilizaciones, siendo partícipes incluso de una renovación de sus "repertorios de acción" (Tilly 1986).

Ya al formarse la "reducción" bajo la figura de Títulos de Merced en 1912, se había registrado antecedentes acerca del despojo violento del que habían sido objeto sus habitantes, lo que motivó al supuesto jefe de las familias a pedir la radicación debido a una "continua intranquilidad", afirmando que "no podemos dedicarnos a los trabajos de apremiante necesidad, además que nosotros y la reducción vecina continuamente sufrimos de grandes atrocidades por parte de los usurpadores de tierras fiscales e indígenas".33 Sin embargo, las tierras reclamadas durante el período de Reforma Agraria se relacionan con aquellas que fueron usurpadas durante los años 20 e integradas al fundo Fichahue. El 16 de febrero de 1971 un grupo de 19 personas, dentro de las cuales según la prensa había "aborígenes", se tomaron parte de este fundo, más específicamente el Fundo Coyote, argumentando que dicha propiedad había sido objeto de usurpación a sus antepasados. La prensa menciona que el administrador del fundo, junto a un teniente de carabineros, habían parlamentado con los ocupantes con el fin de recuperar las 119 cabezas de ganado que pastaban en el terreno ocupado. Solicitud a la cual habían accedido y a cambio de lo cual se había dejado un animal a los ocupantes. Sin embargo, el propietario denunció ante la justicia el robo de este animal, provocando con ello -por orden emitida por el Juzgado de Letras de Río Bueno- la detención del "cacique Quilempan", lonko (jefe tradicional) de la comunidad que había llevado el proceso de ocupación.

Tal situación provocó una ocupación aparentemente espontánea de un grupo mapuche del tribunal, acción que terminó con la detención de 9 de ellos. En vez de dejarse disuadir por estas acciones represivas, miembros de la comunidad se tomaron el fundo Fichahue, mientras otro grupo realizó una huelga de hambre en el kiosco de la plaza de la República de Valdivia. Además de aparecer como una de las primeras huelgas de hambre para pedir la libertad de presos Mapuche, este evento permitió mediatizar la situación y obtener el apoyo de otros sectores mapuche y no-mapuche, teniendo como resultado que en El Correo de Valdivia del 3 de mayo aparezca una declaración de dirigentes de la comunidad Ancacomohue (Reducción Mauricio Hueitra) en apoyo a los huelguistas. Otras declaraciones surgieron en esta ocasión, como aquella del sindicato Industrial IMMAR de solidaridad con los indígenas de Calcurrupe, que afirmaba que la lucha "de los campesinos no es solo de ellos, sino de todos los trabajadores en general". Por otra parte, los diarios destacaron el apoyo brindado a la huelga por el médico de Futrono Pedro Cardyn, quien era militante del MIR. Si bien la liberación posterior a esta huelga fue presentada por la prensa como un simple acto de justicia ordenado por una Corte de Justicia, detrás de esto había una trama de acuerdos y mediaciones entre diversos actores ausentes del escenario público, tal como lo demuestra un documento de la Gobernación de Río Bueno, con fecha el 7 de mayo de 1971. El oficio indica que se reunieron el gobernador, los abogados de ambas partes y los representantes de los presos mapuche, incluyendo un miembro del asentamiento Arquilhue, con el fin de lograr a un arreglo entre las distintas partes, para lo cual el cacique Francisco Quelempan reconocía que había incurrido en un error en sus dichos,

mientras tanto los miembros de su comunidad contraían el compromiso de dejar la toma del fundo. Los propietarios, en esta ocasión, indicaron que ofrecían sus predios a la CORA, comprometiendo los funcionarios presentes en la agilización del proceso de expropiación, incluyendo a los animales.34 Finalmente, el fundo Fichahue será expropiado el 9 de marzo de 1972.

En este caso se aprecia nuevamente el uso de distintas estrategias de parte de los comuneros, que al parecer no contaban con respaldo de grupos organizados y partidos políticos, pero que lograron obtener un amplio apoyo solidario de parte de Mapuche y no mapuche en el contexto de la represión que sufrieron al reivindicar la expropiación del fundo Fichahue. Se constata que, en este marco del conflicto por la tierra y la justicia, las relaciones entre tomadores mapuche, funcionarios, autoridades públicas, administradores y propietarios de fundos no eran tan antagónicas, no se caracterizaban solamente en términos de violencia y de conflicto, sino que también existían fases de mediación y arreglos donde se resaltaba la tradición -generalmente atribuida a los Mapuche- de parlamentar y fijar acuerdos. Permite, además, entender mejor la desconfianza hacia la justicia que mantenían los comuneros de esta zona y que hoy en día prevalece en gran número de comunidades mapuche por razones que no son tan distintas.35

3) CFMP y comunidades Juan Quintuman, Valeriano Cayicul, Cachim, Liquiñe y Fudihuincul

El proceso de formación del Complejo Forestal Maderero Panguipulli es conocido gracias a varios artículos de prensa de la época, como también por estudios posteriores que han reconstituido su historia. La mayor de las veces, sin embargo, esta reconstitución ha sido realizada desde un marco de interpretación particular con fuentes de información que se pueden caracterizar como "no-mapuche" y "mirista". Para muchos, el que sean los militantes del MIR o del mismo Gobierno de la UP, redunda en que Neltume tenía que ver solamente con un tema de obreros, no de pertenencia de la tierra, menos de mapuche. Esta historia "oficial" oculta microprocesos que ocurrieron al interior del proceso global de Reforma Agraria en el contexto de la cual se formó el Complejo Panguipulli. Uno de ellos se relaciona con la presencia de comunidades indígenas al interior y alrededor de los fundos pertenecientes al CFMP y que desde décadas mantenían conflictos con los antiguos propietarios de estos predios. El proceso de constitución del CFMP a través de la expropiación de 14 predios en marzo de 1971, fue acompañado por tensiones y mediaciones entre las comunidades mapuche de la zona y alrededor de 400 trabajadores del fundo, como lo atestiguan varios informes emitidos por funcionarios de las instituciones encargadas de asuntos indígenas. En estos documentos aparecen nombrados 5 comunidades: Juan Quintuman, Valeriano Cayicul, Cachim, Fudihuincul y Liquiñe. Las dos primeras fueron constituidas por Títulos de Merced respectivamente en 1913 y 1914, y las 3 últimas, no estando amparadas por Títulos de Merced, se remontan en sus títulos a decretos supremos de 1933 y 1947. Aunque los archivos administrativos tienen tendencia a juntar estas distintas comunidades en el mismo caso de conflicto con el CFMP, se trata de distintas situaciones en distintos lugares del complejo que se extendía por más de 400.000 hectáreas.

La comunidad Juan Quintuman y sus dirigentes Bernardo y Juan Jaramillo Quintuman, estaban en conflicto con la parte del Complejo que correspondía al fundo Neltume, cuya superficie alcanzaba a 36.000 hectáreas. Según un informe con fecha 24 de enero de 1972, redactado por Hellmuth Daiber, jefe regional de la DASIN (La Unión), dirigido al sub-director de la misma institución, Javier Huenchullan, miembros de la comunidad habrían participado de las movilizaciones de los obreros del fundo al comienzo del año 1971,36 tomándose parte del fundo con el objetivo de que ésta fuera expropiado. Según el mismo informe, una vez expropiado e integrado al CFMP, los obreros pretendían que los indígenas vuelvan a su comunidad, mientras estos últimos aspiraban a lograr el dominio sobre parte de la propiedad, por haber sido reclamada anteriormente como pertenencia de sus ancestros.37 Es así que los comuneros mantuvieron ocupación efectiva de parte del fundo, trabajando y labrando los bosques, no sin provocar una molestia a los obreros del Complejo, quienes se quejaron de la semiparalización de la fábrica de maderas terciadas de Neltume debido a esta ocupación.

Con intervención de funcionarios de la DASIN, en particular el sub-director Javier Huenchulllan y Hellmuth Daiber, entonces jefe de la Comisión de Restitución de Tierras de Panguipulli, y la participación de las partes representantes de las comunidades Juan Quintuman y Cachim, y del CFMP, y del gobernador de Panguipulli, Lautaro Hodges, se realizaron reuniones donde se llegó a dos actas de avenimientos (el 18 de agosto y el 19 de septiembre de 1971), ninguna de las cuales fue respetada por los Mapuche, debido a aparentes divisiones internas observadas y descritas por los propios funcionarios.38

Estos acuerdos buscaban que los comuneros mapuche dejaran de ocupar y explotar parte del Complejo que creían suyos, a cambio que el CFMP se comprometiera a contratarlos y dejarlos explotar y retirarse después de unos meses (octubre/diciembre). Sin embargo parte de la comunidad, representada por Bernardo Quintuman, se opusieron a este acuerdo, haciendo bloqueo del camino con ocasión de la visita de los funcionarios de la DASIN y argumentando que "aun cuando reconocían que las tierras ocupadas estaban fuera de los deslindes del Título de Merced, el Sr. Director de Asuntos Indígenas, Daniel Colompil, le había expresado pocos días antes en una entrevista que le había concedido en Santiago, que se ampliaría el Titulo de Merced y se le concederían otras 1500 has. de terreno por lo menos".

Tal situación provocó diversas tensiones, sobre todo de parte de los obreros, observables en los informes de la DASIN. Ejemplo de lo anterior está expresado en una carta con fecha 28 de diciembre de 1971, de parte del Comité de Administración de la sociedad CFMP Ltda. y dirigida a las autoridades regionales donde se afirmaba que, a pesar de los diversos acuerdos, la comunidad seguía laborando y vendiendo maderas, habían construido dos casas dentro del Complejo y cercado potreros, maltratando y aporreando los animales del Complejo. Indicaban que la comunidad labraba y vendía durmientes y daba trabajos a terceros, dentro de los terrenos del Complejo. También denunciaban que se habían destruido por completo las maderas volteadas y trozadas por la empresa, y que "este trabajo se había hecho con el fin de montar allí un aserradero y así dar trabajo a los cesantes de la zona", concluyendo con lo que sigue:

nosotros informamos esta situación para que se tomen las medidas del caso por parte de Ud. no respondiendo por las determinaciones que tomen los trabajadores del Complejo que se sienten atropellados tanto por los Mapuches como de las autoridades que no han sido capaces de dar solución definitiva a este problema.39

A pesar de la preocupación de parte de la DASIN, y de la directiva del CFMP, que había delegado a Luis Rosales para relacionarse con las comunidades, el conflicto no fue resuelto hasta 1972, cuando en el mes de julio se interpusieron querellas en contra de comuneros indígenas de Cachim y Juan Quintuman por usufructo ilegal de tierras del complejo, "causando pérdidas cuantiosas por la tala indiscriminada de bosques y por el uso y pastoreo de animales de tiro". En ello consistía la 'solución' que había sido preconizada varios meses antes por Hellmuth Daiber, quien consideraba que "los indígenas sólo van a cumplir cualquier convenio que con ellos pueda hacerse si ven que su infracción les trae conflictos con la justicia del crimen y se sancionan sus delitos".40

Otra vez estamos frente a un caso de judicialización de la acción colectiva mapuche por recuperar sus tierras. Al no lograr consenso y el respeto de las actas de avenimientos, ante la negación de parte de los comuneros de desocupar las tierras que consideran como suyas, se optó por una solución judicial. Ahora bien, este conflicto puede ser también considerado como en la continuidad de la pugna de racionalidad que opone hasta hoy en día el Estado a las comunidades indígenas en torno a la ocupación y el manejo de los bosques. La preocupación de los funcionarios y su determinación a resolver el conflicto, respondían también a la orientación socioeconómica seguida por el Gobierno de Allende, que consistía en promover una política forestal estatal y así además de potenciar la economía de exportación, asentar el territorio, sus fronteras y su población (Klubock 2011). Esta "modernidad forestal socialista" implicaba promover la constitución y explotación de grandes dominios forestales, subordinando las aspiraciones de las poblaciones locales, como aquellas de los habitantes de la comunidad Juan Quintuman, a las "razones de estado".

Conclusión

Los casos y situaciones abordados anteriormente contribuyen a abrir otra mirada sobre la Reforma Agraria, la que muchas veces solo fue vista como un proceso homogéneo que opuso a actores bien definidos, teniendo cada uno de ellos actitudes y discursos explícitos y predeterminados. Las distintas formas de acción colectiva observadas y desplegadas por las comunidades, sea en el terreno de las tomas como de la mediación con las instituciones, dan cuenta de una capacidad de flexibilidad con la cual estos actores sociales articularon sus discursos y estrategias y, de una cierta manera, su identidad como indígena y/o campesino. Lo anterior explica lo complejo que ha sido contabilizar y categorizar las movilizaciones mapuche, y obliga a cuestionarse acerca de la importancia dada en las investigaciones históricas, a la cantidad de estas en desmedro del estudio de los procesos en sí mismos. Es justamente porque estamos frente a una historia que contiene diversas variables desconocidas, vacíos y posibles procesos de invisibilización, que tenemos la oportunidad de repensarla, considerar sus universos de posibilidades y estudiar los fenómenos de infrapolítica y de agenciamiento a los cuales da lugar. En este sentido, el estudio a fondo de los microprocesos de experiencias políticas sigue vigente y necesario para entender las distintas formas de hacer política de los subalternos, sus sentidos y capacidades de agencia y de relación con los dominantes, ya sean los funcionarios del Estado como los latifundistas. Sin embargo, tal tarea se vuelve aún más compleja en el caso de los Mapuche de la provincia de Valdivia en el contexto político de la Unidad Popular, donde existía una cierta sensibilidad de parte de los gobernantes hacia sus demandas territoriales. Esta actitud facilitó el establecimiento de relaciones e interacciones entre Mapuche y Estado, de las cuales podían surgir modalidades originales de movilización de parte de los primeros, como nuevas políticas indigenistas de parte del segundo.

La constitución de una comisión de restitución y la apertura de una oficina local del DASIN en Panguipulli, así como la firma de un convenio CORA-DASIN, demuestran una cierta preocupación por el Gobierno de Allende de resolver los problemas de tierras de los Mapuche, usando para este fin la Ley de Reforma Agraria 16.640. Mientras se esperaba la ratificación de una ley indígena que podría responder de manera completa a las aspiraciones de los Mapuche, se usó aquella de la Reforma Agraria para expropiar tierras a favor de comunidades, incluso predios cuya superficie de Riego Básico era inferior a los 80 hectáreas, por ser considerados abandonados o poco explotados y valorados. En cuanto a los propios actores Mapuche, supieron reapropiarse la doxa de la Reforma Agraria al reivindicar los fundos por ser "mal explotados" o "abandonados" o hacer alianza con trabajadores de fundo en huelga por sus salarios. Frente a la ineficacia de resolver sus problemas de tierras al nivel de los Juzgados de Indios, se puede observar en los documentos administrativos y las correspondencias que los dirigentes mapuche cambiaron su lenguaje y su argumentación: de "restitución" pasaron a pedir "expropiación". Como vimos en varias oportunidades, las lógicas de acción de los Mapuche en materia de reivindicación territorial, su anhelo por "recuperar las tierras" de sus antepasados, entraron en conflicto con otras aspiraciones de entregar "la tierra para quien la trabaja".

Estas tensiones dejan entrever que -más allá de las estrategias discursivas exitosamente empleadas por los Mapuche, de su facultad de pasar de campesino a indígena o viceversa-existían recursos culturales propios que ellos supieron movilizar y estructuras de poder que condicionaban su accionar y sus experiencias.

Como lo sostuvo Marc Bloch, es necesario conocer el pasado para entender el presente. El historiador de la escuela de los Anales insistía también en la necesidad de comprender y no juzgar a los hombres y mujeres que hacían la historia. Tales actitudes aplicadas al estudio de la historia y del presente de la macro región sur de Chile tendrían que ayudarnos a entender cómo hasta hoy en día, no solamente los conflictos por la tierra, sino también las desconfianzas, la discriminación y las injusticias perduran sin que se haya logrado restablecer un diálogo simétrico, respetuoso y dialógico entre pueblo Mapuche y no solo el Estado, sino también la sociedad civil chilena.

Notas

* La X Región de Los Lagos corresponde actualmente a dos divisiones administrativas: XIV Región de Los Ríos, con capital en Valdivia, y X Región de Los Lagos, con capital en Puerto Montt. N. del E.

1 La tesis de Emilio Klein (1973) que contempla la Reforma Agraria en el periodo 1967 a 1971, indica que Valdivia fue la provincia de Chile donde hubo más fundos tomados durante el año 1971, alcanzando un número de 158, mientras que en Cautín se estima a 112 el número de situaciones similares. El mismo autor estimaba a 1278 el total de ocupaciones de tierra al nivel nacional para el mismo año.

2 Sociólogo de origen francés que trabajaba en la Dirección de Asuntos Indígenas (DASIN) durante el Gobierno de la Unidad Popular. Jeannot tuvo que salir del país de manera apresurada después del Golpe de Estado de 1973, llevando consigo varias cajas de documentos, artículos de prensa, y libros que pertenecían a la DASIN.

3 Se agradece enormemente a quienes nos permitieron recoger sus testimonios, ayudándonos a dar coherencia y pertinencia a la presente investigación.

4 Si bien el término "toma" está considerado como contemporáneo a la Reforma Agraria, las prácticas de apropiación "ilegal" de espacios a los cuales alude se remonta a décadas anteriores. La ocupación de un terreno en Loncoche por Mapuche en 1912 ha sido considerado como una de las primeras tomas de Chile (Molina 1998), mientras que el termino cobró realmente el significado sociopolitico que conocemos hoy en día con la "Toma de Victoria", en 1957, transformándose en una práctica popular, un "modo de apropiación del espacio, una forma de participación política y social" (Seguel-Boccara 1997).

5 De acuerdo con un informe del Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria (ICIRA), se estima a 36 el número de ocupaciones realizadas entre 1960 y 1966, 9 en 1967, 27 en 1968, 148 en 1969 y 192 en el período comprendido entre septiembre y diciembre de 1970 y marcado por la elección y toma de mandato de Salvador Allende (Steenland 1977: 10 citado por Correa, Molina y Yáñez 2005: 135).

6 Poco se sabe, por ejemplo, de la influencia durante los años 60 de la Juventud Demócrata Cristiana sobre el proceso de organización y de formación política de los campesinos que en los comienzos de los 70 se tomaron fundos, con o sin el apoyo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) o del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR).

7 En mayo de 1970, El Correo de Valdivia titulaba "Guerrilleros estarían operando en Chaihuín".

8 Estos dos últimos partidos son más recientes, el primero fue fundado en 1969 y el segundo en 1971. Son productos de escisiones en el Partido Demócrata Cristiano, que gobernó entre 1964 y 1970.

9 Por ejemplo, la edición de El Correo de Valdivia del 5 de abril de 1972 titulaba "Funcionarios públicos instigan las tomas - Ej vice de INDAP es socialista y mirista", repercutiendo las acusaciones del senador DC Rafael Moreno acerca de las tomas y acciones ilegales que habían sido promovidas, según él, por funcionarios públicos que tenían doble militancia entre PS y MIR, dando como ejemplo el caso del vicepresidente del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Adrián Vásquez.

10 Entrevista a Carmen Rodríguez, París, el 28 de octubre de 2011.

11 Se puede observar que en la medida que las tomas no se realizaban con violencia, estas no provocaban reacciones de confrontación por parte de los actores sociales, políticos o institucionales no afectados directamente por ellas. La reconstrucción de los casos estudiados indica que, de manera característica, mientras no generara hechos de violencia o alteraciones graves del orden público, tanto las autoridades políticas como la fuerza policial no procedieron a reprimir la toma, sino a procesarla políticamente.

12 La propietaria, Antonieta Macchi Bonadey, ingirió una cantidad excesiva de barbitúricos. Tanto el Mercurio, como El Correo de Valdivia o El Llanquihue señalan que la ocupación del fundo de la fallecida se realizó sin violencia pero en el contexto de otra toma en la misma comuna, aquella de Carranco, donde estaban involucrando "elementos extremistas".

13 Reuniendo a más de 2000 personas que venían de distintas parcialidades de la cuenca del Lago Panguipulli y sus alrededores, el Parlamento de Coz Coz permitió dar cuenta de las numerosas usurpaciones y varios a atropellos (abusos físicos, incendios de viviendas, torturas y hasta asesinatos de mujeres y hombres) a cuales habían sido sometidos los Mapuche de esta zona de parte de los colonos que se habían aposentado en su territorio.

14 Además de las fuentes ya citadas, se puede consultar el trabajo de Doris Millanguir (2007) acerca del territorio de Panguipulli para conocer más sobre la historia de despojo de tierras en dicha zona.

15 Entrevista a Humberto Manquel, Comunidad Ñancul, el 3 de Noviembre de 2011.

16 Correspondencia electrónica, 26 de septiembre de 2011.

17 Consejo de administración de la sociedad Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli Ltd. "Informe sobre robo o usurpación de maderas en predio Neltume", 28 de diciembre de 1971. Carpeta administrativa de la comunidad Juan Quintuman, AGAI.

18 Entrevista a Don Luis Rosales, Melefquén, el 22 de octubre de 2011.

19 Entrevista a Carmen Rodríguez, Paris, el 28 de octubre de 2011.

20 La historia de la relación entre Mapuche y Estado chileno da cuenta de la existencia de verdaderos gabinetes de escritura mapuche desde fines del siglo XIX, que produjeron miles de cartas destinadas a diversos agentes del Estado, pasando del simple funcionario hasta el Presidente de la República.

21 Como bien lo recuerda Raúl Molina (2013: 22), hasta este periodo, el "problema mapuche" había sido solamente regulado a través de legislaciones especiales asociadas al supuesto estatus protegido que beneficiaban las tierras indígenas y sus habitantes.

22 Si bien a esta fecha dicha comisión -solicitada por el gobernador Lautaro Hodges y creada al principio del año 1971- a diferencia de las establecidas en otras comunas, no había permitido a las comunidades recuperar tierras, un informe sobre la "labor realizada en el plan de emergencia" de la comisión de restitución de tierras de Temuco, el 1 de junio de 1971, indicaba que "19 comunidades de Panguipulli se habían beneficiado de la entrega de 5.455 hectáreas expropiadas por la CORA, mientras que en la Unión eran 3.294 hectáreas las que habían sido recuperadas de forma similar por 6 comunidades" (Antecedentes provenientes del Archivo personal de Bernard Jeannot, Paris). Según la Comisión de Trabajo Autónoma Mapuche, el año 1972, la comisión de restitución de tierras de Panguipulli había logrado devolver 2.257,77 hectáreas a 15 comunidades de la comuna y se encontraban en trámite de restitución otras 14.249 hectáreas que nunca alcanzaron a ser expropiadas antes del Golpe de Estado de 1973 y el posterior proceso de contra reforma agraria (COTAM 2003: 944-945).

23 "Hay 96 funcionarios para atender a 400.000 Mapuches en Chile", El Correo de Valdivia, 14 de octubre de 1971.

24 Circular sobre "traspasos de tierras a los indígenas en los predios expropiados por CORA", 22 de septiembre de 1971, firmado por David Baytelman Goldenberg, CORA.

25 "Acuerdos de encuentro", Temuco 22 de junio de 1972. Archivo personal de Bernard Jeannot, Paris.

26 Como ejemplo de esta situación, es una carta manuscrita dirigida al "honorable director ejecutivo Don René Alcapán" (Instituto de Desarrollo Indígena), el 26 de diciembre de 1972, firmada por varios dirigentes de la zona de Osorno y estampillada "Cacique General de Estado. Mayor de Indios Huilliches" reclamando "UN MAPUCHE COMO JEFE DE OSORNO ASI COMO EL JEFE GENERAL ES Y SERA UN MAPUCHE SIEMPRE DE UNA VEZ POR TODA EL IDI TIENE DEBER ESTAR AL SERVICIO DE LOS MAPUCHES Y NO TENER RATONES INCAPACES DE SOLUCIONAR NUESTROS PROBLEMAS (...)". Archivo personal de Bernard Jeannot, Paris.

27 Entrevista a Humberto Manquel, Comunidad Ñancul, el 3 de Noviembre de 2011.

28 Las informaciones sobre dicho encuentro provienen de documentos de la época contenidos en el Archivo personal de Bernard Jeannot quien participó en este seminario.

29 Entrevista a Humberto Manquel, Comunidad Ñancul, el 3 de Noviembre de 2011.

30 Entrevista a Humberto Manquel, Comunidad Ñancul, el 3 de Noviembre de 2011.

31 Carta de la comunidad Dionisio Manquel Chepo dirigida a Humberto Mardones, Ministro de tierras y colonización, Panguipulli, el 22 de marzo de 1971.

32 "Informa solicitud de expropiación en favor de Comunidad Dionicio Manquel Chepo, sobre toma de terrenos de Hnos. Monje. Panguipulli. Quitrico.", Temuco, 1° de Junio de 1972. AGAI, Carpeta administrativa Dionicio Manquel Chepo.

33 Expediente Título de Merced N° 2445. Citado por COTAM 2003.

34 Gobernación de Río Bueno, "Arreglo tomas de Fundos Sichahue y Calcurrupe", 7 de Mayo de 1971, AGAI, Carpeta administrativa de la comunidad Ricardo Lehuey Huenchuñir.

35 El estudio realizado en la zona de Llifen en 1972 (Molina 1972) indica que sus comuneros mantenían una actitud negativa hacia los representantes de la justicia chilena (Jueces de juzgados de Indios, abogados y funcionarios de la DASIN) y positiva hacia los carabineros. En cuanto a la relación entre Mapuche y justicia en el contexto contemporáneo, se puede consultar el libro de Eduardo Mella (2007).

36 Contrariamente a lo comúnmente difundido, los diarios de la época y entrevistas realizadas dan cuenta solamente de una huelga realizada en diciembre de 1970, o sea que "no hubo toma" (Morales 2012).

37 Un estudio topográfico de la comisión restitución de Panguipulli indica que le faltarían a la comunidad 355 hectáreas debido a errores de medición al momento de constituir legalmente la propiedad del fundo y el Titulo de Merced. "Asunto Juan Quintuman", 24 de enero de 1972. AGAI. Carpeta administrativa de la comunidad Juan Quintuman.

38 Informe de visita a terreno redactado por Hellmuth Daiber con fecha 27 de agosto de 1971. AGAI. Carpeta administrativa de la Comunidad Juan Quintuman.

39 Consejo de administración de la sociedad Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli Ltd. "Informe sobre robo o usurpación de maderas en predio Neltume", 28 de diciembre de 1971. AGAI. Carpeta administrativa de la comunidad Juan Quintuman.

40 "Asunto Juan Quintuman", 24 de enero de 1972. AGAI. Carpeta administrativa de la comunidad Juan Quintuman.

 

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Fecha recepción 16-03-2013
Fecha aceptación 25-05-2013

 

 

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