Revista austral de ciencias sociales - <b>Orígenes del matrimonio y de la familia modernos</b>
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Revista austral de ciencias sociales

ISSN 0718-1795 versión on-line

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  Rev. austral cienc. soc. n.11 Valdivia 2006




 

Revista Austral de Ciencias Sociales 11: 59-78, 2006

ARTICULOS

 

Orígenes del matrimonio y de la familia modernos *

The origins of the modern Marriage and the Family

 

Roswitha Hipp T. 1

* Investigación realizada en el marco de tesis doctoral Sexualidad y matrimonio en el Chile Austral: Osorno, siglos XVIII y XIX, dirigida por la Dra. María Pilar Pérez Cantó, Departamento de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid.
1 Victoria 280, Osorno, Chile. E-mail: roswithahipp@yahoo.com


Resumen

Nuestro tema se centra en desentrañar los orígenes históricos del matrimonio y la familia modernos, en Europa, Latinoamérica y, también, en el Chile tradicional. Analizaremos el papel que jugó la Iglesia, el Estado, los canonistas y los pensadores en el establecimiento de un modelo de orden social rígido que comprometió a estas dos importantes instituciones, que fueron los fundamentos de la sociedad organizada y de la rectitud moral y social. También aludiremos a los modelos paralelos al orden social, basados en las transgresiones sexuales o en las relaciones ilícitas, que originaron el alto porcentaje de mestizaje e ilegitimidad.

Palabras clave: Matrimonio, Familia, Transgresiones, Mestizaje, Ilegitimidad.

Abstract

This topic is centered on deciphering the historical origin of modern marriage and family in Europe, Latin America as well as in Traditional Chile. We will also analyze the role of the Church, the Government, the Canonists and the people who thought about the establishment of a strict pattern of social order, which committed these two important institutions and which were the bases of the organized society and the social and moral rectitude. We will also point up the parallel models to the social order, based on sexual transgressions or illicit relationships that led to a high percentage of miscegenation and ilegetimacy.

Keywords: Marriage, Family, Transgressions, Miscegenation, Ilegitimacy.


 

El objetivo de nuestro análisis es introducirnos en la institución matrimonial y familiar cristiana, dejando clara la importancia que han tenido desde sus orígenes, especialmente en el siglo XVI, con el Concilio de Trento, y en el siglo XVIII, en lo que respecta al establecimiento de un orden social rígido, patriarcal y jerárquico, avalado por los canonistas cristianos, los ilustrados y demás pensadores. Por lo que tocaremos directamente el papel que le cupo a la Iglesia católica, al Estado, a los padres de familia y a la sociedad en general, es decir, a todos los entes involucrados en la organización social.

Nos detendremos no sólo en el significado de cada una de las instituciones, sino también en la “evolución” que experimentaron en el tiempo, en la lucha que emprendió la Iglesia católica y el Estado moderno por mantener y valorar el matrimonio y la familia como el ideal y el modelo de organización social, en la cual, el hombre y la mujer se complementan y se realizan muy especialmente en el plano sexual, siendo el matrimonio el único estado válido para alcanzar la plena realización, pero con un fin procreador. También hacemos alusión al modelo o los modelos paralelos que se adoptaron y adaptaron muy especialmente en América Latina, demostrándose a partir del alto porcentaje de la población que vivía en abierta convivencia ilícita, y con ello el surgimiento del mestizaje.

1. El matrimonio

Desde la antigüedad, las comunidades se suscribían a dos sistemas matrimoniales: los matrimonios endogámicos y los exogámicos, los cuales se definían de acuerdo al grado de parentesco, a la posición económica, a la calidad racial, o a la residencia que hubiese en el grupo. Casey (1989) plantea que los matrimonios endogámicos son los que se efectúan dentro del grupo de parientes; y los matrimonios exogámicos, los que se realizan entre grupos o tribus diferentes, es decir, en donde no hay ningún grado de consaguinidad. Aparte de hacer la distinción de parentesco, plantea las diferencias en cuanto a herencia. En este sentido, los matrimonios endogámicos tenderían a mantener el patrimonio en el grupo de parientes, y los matrimonios exogámicos, a repartir la heredad fuera del grupo.

En el siglo IV a.C., San Agustín elabora una doctrina de la conveniencia de no casarse con parientes próximos, porque así se limitaban los lazos sociales del clan, e impedía un intercambio social más amplio. En la Ciudad de Dios (cfr. ed. 1945) defiende la exogamia no sólo para que se multipliquen los lazos de parentesco, sino también en función del sentido de decencia misterioso e intrínseco que inhibe la lujuria carnal en los hombres y mujeres cuyos caminos se cruzan a diario. Esto nos está indicando la valoración de las uniones exogámicas fuera del grupo de parientes, y la preocupación por el incesto entre el grupo doméstico. Tanto es la valoración que la Iglesia otorga a la consanguinidad, que en sus inicios prohíbe los matrimonios hasta el séptimo grado de parentesco, tanto por línea paterna como materna, y con el Concilio Lateranense de 1215, se rebaja al cuarto grado de consanguinidad (Casey, 110).

Se plantea que “el derecho matrimonial cristiano fue más una serie de adaptaciones al entorno local que una fórmula determinada transmitida por una clase clerical dirigente”. Fue más bien en el siglo XI, durante la época Carolingia, en que “comienza a tomar forma el derecho eclesiástico o canónico y una red de tribunales eclesiásticos” (Casey, 112). A pesar que la Iglesia recomendó la exogamia, la nobleza no siempre aceptó estas recomendaciones; fue el propio Carlomagno que se apartó de este fundamento, al preferir que sus hijas mantuvieran relaciones ilícitas con tal de que no se casasen, ni tuvieran que irse de su lado. También cabe la situación personal del propio Carlomagno que se divorció de su primera esposa y sostuvo relaciones ilícitas con varias concubinas.

En tiempos de Carlomagno se distinguía claramente el concubinato del matrimonio, porque en éste último, el marido, al día siguiente de la noche de bodas, le ofrecía a su mujer un regalo públicamente, lo que se llamó pagar a la novia, sellando el enlace. Se cree que esta práctica derivó en el pago que hacía el novio a la familia de la novia, y que posteriormente se tradujo en la dote indirecta, es decir, en el pago del novio a la novia. Esta modalidad se entendería como garantía “de la estabilidad de la nueva familia conyugal, por la que el hombre asume públicamente la responsabilidad del bienestar de la esposa, especialmente en su viudez” (114).

En general, se puede decir que, hasta la Edad Media, no existió una legislación clara acerca del matrimonio, pero fue en la antigüedad, y gracias a los filósofos griegos, conocidos con el nombre de estoicos, los que comenzaron a crear un fundamento moral a la relación matrimonial, la cual fue tomada después por los tratadistas y moralistas cristianos, para elaborar el derecho eclesiástico o canónico. Uno de los primeros puntos a tomar en consideración fueron los grados de parentesco en la unión matrimonial.

Al parecer, en algunas sociedades, la dote fue la responsable del establecimiento de los matrimonios endogámicos, porque de esta forma, el patrimonio permanecía en la misma familia. Por su parte, la Iglesia fomentó los matrimonios exogámicos, con el objeto de ampliar los lazos sociales. Esta situación creó un cierto grado de confusión en las comunidades, porque, si bien es cierto la Iglesia representó la conciencia espiritual, la dote significó el sostén terrenal de la familia, ya que al faltar el padre, la familia podía seguir manteniéndose gracias a los bienes de la mujer. Es decir, la dote estimuló los enlaces arreglados por conveniencia, y aquellos que se dieron en el mismo grupo (endogámicos) como una forma de mantener la heredad en las mismas familias, tomándose la opción contraria a lo establecido por la Iglesia.

Al respecto, James Casey señala que “con el restablecimiento de la dote a partir del año 1000 se detecta en Europa una tendencia similar a la del Islam, hacia cierto tipo de endogamia. El padre muestra más deseos de ofrecer su hija en matrimonio a conocidos que a extraños” (115). Creemos también que es interesante tomar en cuenta la limitación que tuvo el mercado matrimonial en algunas comunidades, especialmente en las zonas de frontera, en donde la población casadera fue limitada, por lo que también influyó la endogamia, entendida como hasta ahora, por la unión de parejas con cierto grado de parentesco.

Podríamos decir que en temas de vital importancia como la familia y el matrimonio, casi siempre se produce un choque de posiciones entre lo que las instituciones que ejercen el poder imponen y lo que los individuos consienten hacer. Este choque de posiciones o de “intereses” es lo que ha provocado los mayores dramas humanos. Pero también hay que tomar en cuenta los objetivos o estrategias que se impone la sociedad en cada tiempo, en materias tan importantes como el matrimonio; en las sociedades preindustriales, por ejemplo, el matrimonio era una cuestión de estrategia económica y política, pero también tenía algo que ver con las emociones. Claro que esta aseveración es más válida en estamentos altos de la sociedad, ya que allí debía concertarse un buen matrimonio, para mantener el patrimonio y el linaje de las familias, aunque no se puede desconocer el papel que cumplieron en muchos casos los sentimientos.

Casey señala que en Roma el matrimonio fue un acto privado, que se realizaba dentro de la propia casa y era compartido además por parientes y espectadores, que servían de testigos, dándole “validez al acto” (ceremonia privada y pública). La ceremonia del matrimonio tenía a veces una larga duración, los pasos a seguir fueron los siguientes: la desponsatio, la promesa de matrimonio; el foedus o pacto conyugal, y la boda propiamente tal. El matrimonio fue concebido como un contrato que comprometía la palabra de los contrayentes de ambas familias:

Una familia entregaba a una mujer, la otra la recibía a cambio de una dote (donatio puellae). La última etapa del período nupcial era la entronización en el lecho del matrimonio que tenía lugar en público, rodeado de gran solemnidad, y sancionado por la aclamación de los asistentes, que daban fe así de la consumación del hecho. El padre del joven tenía el papel de oficiante del acto, es él quien solicita la bendición de Dios para los jóvenes esposos que acaban de desvestirse y acostarse juntos. Con el correr del tiempo, el sacerdote fue el que ocupó el papel del padre, quien bendecía el lecho, lo incensaba y rociaba con agua bendita. Después que se producía la consumación del matrimonio, venía la fiesta que duraba generalmente tres días (193).

En el siglo XII, los canonistas Graciano, monje italiano, autor del Decretum (1140) y Lombardo, maestro de la Escuela Jurídica de Bolonia, obispo de París y autor de la Sententiae (1152), dejaron establecidos los principales enfoques del concepto de matrimonio europeo, que en algunos casos perduran hasta nuestros días. Para Pedro Lombardo, la palabra de matrimonio (Verba de Futuro), el compromiso de palabra de los novios no tiene mayor importancia, lo que sí reviste sentido verdadero es “la promesa hecha en presente (Verba de Praesenti), cuando los miembros de la pareja se aceptan como marido y mujer” (Lavrin, 1989: 17). Esa promesa de presente debe ser hecha con intención de casarse. Para él, “el matrimonio debe ser un contrato en toda regla”, hecha públicamente y ante testigos. La palabra de casamiento era primordial para Graciano, definiéndola como el compromiso entre dos personas para una unión futura, pues se trataba de un acuerdo irrevocable.

Entre estos dos canónicos se advierte una diferencia en cuanto al compromiso de matrimonio. Para Lombardo sólo era válida el Verba de Praesenti, es decir, cuando los miembros de la pareja se aceptan como marido y mujer, lo que se llama el voto matrimonial, aunque esta promesa podía revocarse en el futuro. En cambio, para Graciano es la Verba de Futuro irrevocable. Los dos coinciden en que el matrimonio es un contrato hecho por la pareja.

La Iglesia tuvo que conciliar estas dos tendencias, al tratar de buscar una postura intermedia, lo que llevó al Papa Alejandro III (1159-1181) a aceptar la promesa de futuro, lo cual implicaba que la pareja podía desistirse del compromiso, siempre y cuando la relación no hubiese sido consumada, ya que ocurrido lo contrario, antes de la promesa futura, con o sin intervención de la Iglesia, el matrimonio era consumado y válido.

Como hemos dicho, en la Edad Media comienza a perfilarse una doctrina más definitiva en cuanto al matrimonio. Un texto del siglo IX de Hincmar, arzobispo de Reims, deja bien claro el matrimonio cristiano, señalando que:

El vínculo del matrimonio legítimo existe cuando se establece entre personas libres e iguales y une en públicas nupcias mediante la fusión honesta de los sexos, con el consentimiento paterno, a un hombre y a una mujer libre, legítimamente dotada.

A lo largo del siglo XI y XII, la Iglesia se vio obligada a intervenir de una forma más directa en los matrimonios con el objetivo de controlarlos y de reconducirlos hacia el modelo sacramental que estaba a punto de definir y establecer como legítimo (Lavrin, 18).

Aunque como lo hemos mencionado, en la aristocracia fue muy difícil lograr la influencia tan directa que esperaba la Iglesia y sobre todo en cuanto a la indisolubilidad, porque lo esperado fue que el matrimonio durara para toda la vida. Las segundas nupcias sólo se contemplaban por muerte de uno de los cónyuges, no había otro medio.

En cuanto a las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio (1221-1284):

Le confería gran importancia a los desposorios y aceptaba el derecho de los obispos de compeler a quienes se comprometían privadamente sin testigos, porque de esta manera no había la presión social para formalizar el matrimonio. Si lo ocultaba, el hombre podía darle la promesa de matrimonio a muchas mujeres, o bien mantener una unión indeseada oponiéndose al deseo de los padres o a los intereses de la familia (Lavrin, 19).

Es a finales de la Edad Media cuando se deja sentir una intervención más directa del derecho canónico sobre la vida diaria de los seglares, para radicalizarse con el Concilio de Trento (1545-1563), quien vino a zanjar la profunda crisis de la Iglesia católica, y con ello, la institución del matrimonio cristiano y la familia, debido entre otras cosas, al relajamiento moral de las costumbres de los religiosos y de los seglares, a la falta de ordenamiento y cumplimiento en la legislación canónica, a las diversas posturas de los religiosos y canonistas de la Iglesia católica y a la Reforma Protestante.

El Concilio de Trento fijó la normativa matrimonial, a través de las decretales. En ellas se reconoció la importancia del matrimonio cristiano, se fijaron las normas del rito matrimonial, se validó una vez más el carácter sacramental e indisoluble, se establecieron los aspectos fundamentales que debían considerarse a la hora de contraer matrimonio, como por ejemplo, la presentación de las amonestaciones, la aclaración de los impedimentos, y todos aquellos que podrían invocarse a la hora de solicitar el divorcio o la nulidad conyugal, en casos de violencia sexual (Cfr. Gaudemet, 1993: 326).

En 1547 el Concilio de Trento reafirmó el carácter sacramental del matrimonio. En 1573, comenzó el debate propiamente tal, en base a los siguientes puntos: el sacramento, la indisolubilidad, la solemnidad del intercambio en el consentimiento y el papel de los padres en el matrimonio, llegándose a la prohibición de:

La poligamia; se establecen los impedimentos de parentesco; la afirmación del derecho de la Iglesia a fallar las separaciones corporales; la reafirmación de la ley del celibato eclesiástico y de la superioridad de la virginidad y del celibato sobre el matrimonio, la defensa del calendario litúrgico del matrimonio y de la jurisdicción eclesiástica en materia matrimonial; además se trató de los impedimentos de parentesco espiritual, de honra pública, de afinidad, de relaciones sexuales fuera del matrimonio, y del rapto (327).

El Decreto de Tametsi rigió a la Europa católica hasta fines del Antiguo Régimen y estableció los lineamientos formales de la ceremonia religiosa, estipulando que:

el matrimonio debía contraerse en una ceremonia pública, ante un sacerdote y al menos dos testigos, precedido de la publicación de las amonestaciones en tres festividades anteriores, pero en el tema clave del consentimiento paterno, se limitó a expresar su “repulsa y sanción” de los matrimonios incontrolados al tiempo que mantenía su validez (Casey, 143).

Establecía además la diferencia entre esponsales que no requerían de un sacerdote, y matrimonios que sí requerían. Dicha ceremonia se trasladó a las puertas de la Iglesia, y en el siglo XVII al interior de ella (Cfr. Aries, 1987: 210).

Se estableció que el decreto de Tametsi entraría en vigencia treinta días después de publicado en cada parroquia, pero en la práctica no fue así, algunas se mantuvieron al pie de la letra, otras aplicaron los contenidos a medias, o simplemente no lo respetaron. El tema que causó mayor polémica fue el consentimiento de los padres en los matrimonios de los hijos. Por ejemplo en 1556, en Francia, se “promulgó la ley que prohibía al hombre menor de 30 años y a la mujer menor de 25 contraer matrimonio sin el consentimiento paterno, a riesgo de ser desheredados”, y en 1579 se estableció la pena de muerte al novio y al sacerdote que interviniere en un matrimonio clandestino, es decir, sin el consentimiento paterno (Casey, 143). Aunque directamente, el derecho tridentino no exigía el consentimiento paterno en el matrimonio de los hijos menores de edad, igualmente su falta se calificaba de “detestable”.

En el siglo XVI, algunos teólogos consideraban que se cometía pecado mortal al casarse contra la voluntad de los padres y madres. Era considerado faltar al honor, irse contra los 10 mandamientos. El matrimonio había de tender “al honor de la casa” para instaurar alianzas y suavizar viejas amistades. Fue considerado como parte de la ley de la caridad, es decir, se debía buscar el bien común, ante el bien o provecho particular. (Cfr. Gaudemet, 403).

Se deja claro el deber de respetar el compromiso de los esponsales, especialmente por el hombre, quien fue el que más burló la norma. A causa del incumplimiento de la promesa matrimonial, tenemos un alto número de querellas presentadas en los tribunales eclesiásticos.

Con el tiempo, la promesa de matrimonio y los esponsales, o el compromiso matrimonial, según lo establecido por el Papa Lucio III, lo de libre disposición, no obligaba al hombre a cumplirla, aunque esto no fue siempre así, ya que sobre todo aquellas mujeres que formaban parte de las clases altas y sus familias no permitieron ser deshonradas por un hombre que no quería cumplir la promesa de matrimonio; aunque también está la situación contraria, en que el novio perteneciese a una clase inferior, generalmente en estos casos el padre de la novia fue el que no otorgó el consentimiento matrimonial. En ambas situaciones de incumplimiento, los afectados podían recurrir a los tribunales diocesanos. Al respecto, Matías Sánchez, teólogo jesuita del siglo XVIII, fue partidario de la excomunión para los incumplidores de la promesa. Estas situaciones ambiguas trajeron más de algún desconcierto en la propia Iglesia y en los seglares; ya que el derecho canónico definía el matrimonio como un compromiso libre entre un joven de 14 años y una chica mayor de 12, y los padres alegaban que los hijos eran demasiado jóvenes para decidir por sí mismos. Dada esta ambigüedad, durante el siglo XVIII, la mayoría de los estados católicos, siguiendo el ejemplo de los estados protestantes exigieron el consentimiento paterno en todos los matrimonios de menores de 25 años (Real Pragmática de 1776).

Un aspecto que hasta aquí no ha sido tratado es la indisolubilidad del matrimonio, que va de la mano con el carácter monógamo que ha permanecido a lo largo del tiempo. Philippe Ariés señala que: “el hecho fundamental de la historia de la sexualidad occidental es la persistencia durante siglos, hasta nuestros días, de un modelo de matrimonio restringido, restrictivo, es decir, del matrimonio monogámico e indisoluble” que lo atribuye a la obra del cristianismo, y que la Iglesia sólo se encargó de imponerlo “en forma coactiva a la sociedad” (Aries, 190).

Entre las clases aristócratas se recomendaba que no todos los hijos se casaran, por la alta mortalidad, ya que de esta manera, siempre quedarían algunos en espera, como una forma de compensar las pérdidas. Para aquellos que no contemplaban el matrimonio, se ofrecían otras formas: la violación o el rapto, la aventura pasajera con una prostituta o con una campesina, con la hija de un vasallo o con una 'bastarda'.

Otro aspecto discutido y combatido fueron las transgresiones sexuales, vistas como un atentado a la estabilidad del matrimonio cristiano. Tanto los tribunales eclesiásticos como seglares entendieron y castigaron los delitos sexuales, tales como: el rapto, la seducción, el estupro, el concubinato, la bigamia, etc. El rapto y el estupro se castigaban con la muerte y el concubinato con la excomunión.

Como lo hemos mencionado, a pesar de las reformas tridentinas y con ello la “unificación” de criterios respecto de la valoración e imposición del matrimonio cristiano, la Iglesia católica igualmente tuvo que ceder parcelas de poder, gracias al avance de las iglesias reformistas, y por otro lado, a la aparición de los grandes estados modernos, los cuales se sintieron con el deber y el derecho de establecer una normativa especial. En cuanto a las iglesias reformistas establecieron el derecho protestante, y los estados dieron vida al derecho civil o seglar, originado por la doctrina que filósofos y juristas habían difundido dos siglos antes, considerando al matrimonio como parte de su competencia; de allí nació una legislación a veces paralela y a veces diferente del catolicismo.

El derecho protestante concernía a las comunidades que se habían separado de la Iglesia romana. El conflicto ante las dos disciplinas, la reformada y la romana, no se producía más que en el caso de matrimonio mixto. Para lo demás, cada comunidad religiosa poseía su derecho. Cosa diferente sucede en el derecho seglar del matrimonio. Se aplica a los súbditos del príncipe, que son al mismo tiempo fieles de la religión católica (Gaudemet, 353).

Durante la Edad Moderna, la Iglesia y la Monarquía tuvieron competencia legislativa y jurisdiccional sobre el matrimonio. La Iglesia tuvo por “misión” impedir las uniones contrarias al orden divino y reglamentar la unión matrimonial, y la monarquía fue la garante del cumplimiento de la legislación canónica, y también la impulsora de algunas iniciativas legales sobre el matrimonio de los súbditos, sirviendo de complemento o de refuerzo a las establecidas por la Iglesia, especialmente a partir del siglo XVIII con la Real Pragmática.

La competencia de poderes que le salió al encuentro a la Iglesia católica durante la Edad Moderna fue el principio de la pérdida del monopolio religioso sobre el matrimonio y la familia, que posteriormente se hará patente en el siglo XIX, cuando deba ceder al derecho civil gran parte de dicha tuición.

Sin duda, el derecho canónico protestante hizo desestabilizar el poder unívoco del catolicismo, por un lado, porque la dogmática matrimonial no fue tan severa. Por ejemplo, Calvino aceptó las relaciones sexuales que no tuvieran como fin la procreación, dejándolo a criterio de la pareja, cosa que prohibía estrictamente el catolicismo.

Las grandes diferencias son de forma más que de fondo, porque en definitiva ambas son concientes de la valoración que representaba el matrimonio para la estabilidad conyugal y familiar. En relación a esto último, en 1537, Lutero declaraba que “el divorcio o la separación son siempre pecado, salvo en caso de adulterio, porque entonces es Dios mismo el que realiza la ruptura del matrimonio” (cit. en Gaudemet, 321).

La competencia de poderes entre la Iglesia católica y la monarquía absoluta la podemos apreciar en América Latina, y muy especialmente en el México colonial, a partir de 1650, al desatarse una competencia de autoridad que terminó por entregar mayor influencia a los funcionarios o burócratas reales; los arzobispos cedieron poder a los virreyes y al Consejo de Indias, por ejemplo, en la designación de los obispos (derecho de patronato), los cuales en su mayoría fueron peninsulares. Anteriormente, los funcionarios eclesiásticos para zanjar los conflictos prenupciales de la comunidad, contaban con la policía real, ahora debían recurrir a la Audiencia, haciendo más dificultoso el procedimiento de la iglesia, por ejemplo, en casos de matrimonios clandestinos, incumplimiento de promesa matrimonial, por adulterio, etc., siempre se necesitaba de funcionarios encargados de hacer los procedimientos normales, como citar a los inculpados, testigos, hacer los depósitos de mujeres, etc. Así,

Estos cambios en el proceder y combatividad de la Iglesia afectaron inevitablemente su dominio sobre las prácticas y costumbres matrimoniales. A principios del siglo XVII, los funcionarios eclesiásticos habían logrado casar a familiares de jueces de los altos tribunales, en contra de los deseos de estos importantes funcionarios, y unir a miembros de la corte, en contra de los deseos del virrey (Seed, 1991: 208).

Cuando se inicia la competencia de poderes, la elite mexicana hizo uso de los tribunales reales para impedir los matrimonios que se consideraban socialmente indeseables, o bien porque simplemente no se tenía el propósito de cumplir con la promesa de matrimonio, ya sea por el hombre o bien por los padres que se negaban: Los padres presentaban quejas de inmoralidad sexual (concubinato), desobediencia, pereza y vagancia en contra de sus hijos, ante los jueces del más alto tribunal criminal. Es el caso por ejemplo de Ignacio de Rosas, que fue condenado a un servicio militar voluntario en las Filipinas por “vago”, cuando se descubrió que su principal delito era querer casarse con Luisa de la Paz.

A pesar de la pérdida de poder de la Iglesia en cuanto al orden matrimonial, igualmente siguió protegiendo a las jóvenes parejas de la oposición de los padres, aunque en la primera década del siglo XVIII esa “intromisión” va en disminución progresiva. La iglesia se tuvo que desentender de la labor cautelar que siempre cumplió, al proteger el honor de las mujeres en litigios prenupciales. Al perder esta “función” interviene en la institución del depósito de mujeres, en cuestiones de querellas matrimoniales. El depósito fue un medio bastante efectivo de proteger a las parejas en contra de la interferencia maliciosa de parientes o tutores, pues proporcionaba una protección temporal cuando la violencia o la persuasión excesiva amenazaban con impedir el matrimonio. Algunas veces, parientes y tutores obtenían potestad sobre sus hijos, en contra de las órdenes de la Iglesia y lograban impedir los matrimonios; estos incidentes fueron en parte responsables de un incremento inicial de los matrimonios impedidos después de 1690.

En definitiva, se trataba de los conflictos de poder entre la Iglesia y la Corona, y entre la parcela pública y privada del matrimonio, lo que hicieron más fuertes los roces. Uno de los principales puntos en conflicto fue que la Corona atribuyó a los padres la potestad de decidir en las uniones matrimoniales de los hijos, es decir, quitaba a la Iglesia la tuición de administrar el sacramento a su libre arbitrio, ya que como hemos dicho, la Iglesia siempre medió a favor de la pareja en la voluntad por contraer matrimonio.

La Real Pragmática de 1776 contribuyó a sellar estas diferencias, al entregarle legalmente a los padres de familia el papel de “cauteladores” en los matrimonios de los hijos y evitar así los matrimonios desventajosos. Es decir, la potestad en la institución matrimonial y en las disputas prenupciales fueron un asunto privado, de las familias, de los padres, de modo que “validó oficialmente por vez primera los deseos de las familias aristocráticas para aumentar el control sobre sus hijos y sobre las herencias” (Seed, 1991: 251). A raíz de esto, la Iglesia quedó totalmente marginada, y con pocos deseos de contrarrestarle su dominio, quizás porque no había un consenso total entre sus miembros.

2. La familia

Debemos comenzar señalando que la familia a través de la historia ha sido reconocida como la célula fundamental de la organización social; aquella que ha dado fundamento a todas las demás instituciones, creadas por el hombre y por la mujer; y sin duda alguna, la que ha caminado de la mano de la historia de la humanidad.

Si damos por sentado que los orígenes de la familia se remontan a los orígenes mismos de la humanidad, está más que claro advertir las diferencias conceptuales que han ido imperando en cada época de acuerdo a factores socioculturales, económicos, demográficos, de salubridad, si se trata de localidades urbanas o rurales, etc.; han sido fundamentales para entender los tipos de familia y matrimonio, e incluso entender los motivos que intervinieron en aquellas localidades en donde se puede percibir un proceso lento de organización familiar, o bien donde hubo otros modelos, en que la mujer se constituyó en cabeza de familia, o simplemente donde se dieron otras alternativas de convivencia, conocidas como relaciones ilícitas, tales como: el amancebamiento o concubinato, la bigamia, las relaciones incestuosas, entre otras.

Al respecto, Gudmundson, tomando en cuenta el censo de 1843-1844 del valle central de Costa Rica, constató “que de los 8.657 hogares, el 76.5% eran encabezados por hombres y el resto por mujeres (23.5%)” (Rodríguez, 2000: 36). En las principales zonas urbanas el porcentaje aumentaba a más de un 40%. Esta situación se producía por los altos porcentajes de mujeres viudas y de madres solteras que vivían en uniones consensuales. Por ello tenemos que, a cada tiempo y a cada espacio le corresponde un tipo de familia característica, de allí el intenso debate que se ha producido a lo largo de la historia, por los más importantes poderes: la Iglesia y los canonistas o tratadistas cristianos, el aparato estatal reflejado en las autoridades y normas civiles, y los que podríamos llamar pensadores, tales como los humanistas, los ilustrados y demás moralistas y pedagogos, así como la comunidad en general.

Tanto la Iglesia como las monarquías y los Estados desde fechas tempranas, establecieron un orden social, en que el matrimonio y la familia se constituyeron en el fundamento de las relaciones sociales. Fue primordial que ese orden o modelo se reflejara en los individuos y en las organizaciones sociales, aunque en muchos casos, también existió un modelo paralelo o alternativo.

Valga como ejemplo la existencia de un modelo de familia occidental que se desarrolló en Europa, influenciado por la Iglesia Católica, el cual tuvo dos programas fundamentales: el del Concilio de Trento y el del racionalismo ilustrado. Dicho modelo también fue aplicado en América colonial, pero con algunas modificaciones, tomando en cuenta los factores socioculturales y económicos propios de la región.

Lo anterior nos revela que tanto la familia, el matrimonio y los sentimientos que se desprenden de esas relaciones constituyen un hecho social, el cual inspira la elaboración de normas y pensamientos que los propios hombres consienten darse como modelo, el cual debe ser respetado para beneficio de todos. Para regular el buen funcionamiento de la familia y el matrimonio, la Iglesia y el Estado se han comprometido en esa tarea, es decir, han pasado a ser como los avales de la moral familiar.

Al hablar de familia, también estamos incluyendo al matrimonio, es decir, a los esposos que se unen maritalmente a partir de un contrato sacramental y civil que los mantendrá unidos, al esposo-padre, esposa-madre e hijos. Las funciones que los compromete en cada caso están asignadas por el modelo patriarcal de familia. Dicho modelo tuvo restricciones, por la visión parcelada que las mismas instituciones asignaban a los papeles que debían cumplir los miembros de la familia. De allí las modificaciones y desviaciones, a pesar de lo estricto del sistema. Un ejemplo claro lo constituyó el caso americano.

Se tiende a decir que las familias preindustriales se caracterizaron por darles mayor importancia a las relaciones con el grupo, que a las relaciones internas del núcleo familiar. Según Stone, “Dentro de la familia, sus miembros no tenían ningún derecho real a la privacidad y por el contrario, la unidad familiar o “household” se caracterizaba por la promiscuidad que no favorecía la aparición de los modernos sentimientos familiares” (1998: 68). Por eso, se dice que las relaciones interfamiliares eran muy dificultosas, había mucha desconfianza y violencia. “En resumen, el matrimonio era visto como una relación económica, productiva y reproductiva pero no sentimental” (Cavieres y Salinas, 1991: 8). Quizás como generalización puede ser válido, aunque en algunos matrimonios el carácter afectivo también estuvo presente; con menos preponderancia, pero fue reflejo de su propio tiempo, ya que sobre todo para las familias poderosas el interés prioritario fue concertar buenos matrimonios para los descendientes. Por eso, los matrimonios se constituyeron en “cuestión” de las familias. Fueron precisamente los padres de los novios los que negociaron los enlaces conyugales. Una vez que llegaban a un acuerdo, se sellaba el compromiso “y los representantes de las familias se daban la mano como símbolo del pacto que habían llegado” (Morant, 1998: 25).

En el siglo XVIII se produjo un cambio en el modelo familiar, la vida conyugal se centralizó, es decir, la familia se hace más privada, y con ello los sentimientos afloran en todos sus miembros, aunque el sistema patriarcal y las jerarquías de poder son las mismas. Lo que se reestructuran son las “relaciones de poder”. El modelo conyugal se basó en la privacidad, el afecto y la educación moral.

Para el enciclopedista Desmais y para el ilustrado español Vicente de Seixo, la familia era “la morada de los sentimientos religiosos, de la piedad filial, del amor conyugal, de la ternura maternal, del orden, de la paz interior, del dulce sueño y de la salud” (Cfr. Morant, 147).

El “nuevo” modelo del siglo XVIII sufrió algunos cambios, gracias al aporte de los racionalistas ilustrados que se dieron cuenta que los roles familiares debían democratizarse, y que la mujer especialmente debía tomársela en cuenta en la organización familiar, con el fin de ser una buena educadora, amante virtuosa en la vida hogareña.

El modelo basado en la domesticidad se aplicó primero en Inglaterra, y luego en el resto de Europa. En este sentido, el material literario favoreció grandemente la transmisión de los valores familiares que debían imperar en la sociedad, sobre todo en los grupos “evangélicos y disidentes de diverso significado”, los cuales formaban parte de las clases medias inglesas en las primeras décadas del siglo XIX: “Los escritos morales y las formas de piedad evangélicas abundaron en la concepción puritana de la familia como eje de la vida comunitaria y como una fuente de orden, en un período de inestabilidad marcado por el impacto de la revolución francesa y por la amenaza del radicalismo político” (Morant, 148).

La idea era valorar el hogar familiar, lo privado, lo íntimo, que no influyera lo externo en el espacio cotidiano. Al respecto, la autora evangélica Hannah More (1745-1833) fue una de las principales defensoras de la vida doméstica en que la familia aparecía al mismo tiempo como un espacio físico, el hogar íntimo y protegido separado de las ingerencias externas, y como un orden moral, un 'pequeño y perfecto círculo', como ella le llamaba. Esta nueva mentalidad, por decirlo de algún modo, también influyó en la disposición material de la casa de las clases medias inglesas, al disponer de espacios hogareños más grandes y confortables, fruto del desarrollo económico industrial. “Una vida intachable, junto con una acendrada fe religiosa, constituían los rangos distintivos sobre los cuales las clases medias inglesas trataron de forjarse una identidad y afirmar su hegemonía moral, diferenciándose al mismo tiempo del pueblo y de la aristocracia tradicional” (Morant, 149).

El discurso ilustrado español tuvo ingredientes semejantes al inglés. Identificaban a la familia como aquel núcleo formado por la pareja y los hijos, es decir, el ámbito privado-doméstico. Hay muchos reformistas que sobresalen, entre ellos sin duda la que más influyó en el mundo femenino fue Josefa Amar, quien a través de sus discursos de educación y moral femeninas intentó lograr un cambio en la organización familiar, especialmente de la burguesía. “Muestra aspectos modernos como el interés por regular los gastos y llevar una cuidadosa contabilidad del hogar, la preocupación por la salud y el bienestar físico de la familia, la apuesta por la educación de las hijas en casa, bajo la atenta vigilancia de la madre, y la adhesión a los preceptos de la moderna pedagogía” (Morant, 157).

Dentro del mundo doméstico, el amor conyugal fue uno de los temas recurrentes de la literatura de la época. Se trataba de un amor respetuoso, más que pasional, ya que recordemos que el discurso de la Iglesia Católica seguía insistiendo en que la sexualidad y el amor debían darse en el matrimonio, con fines reproductivos, pero no placenteros. Esto último seguía considerándose pecaminoso. En dicho discurso, encontramos un contrasentido, porque por un lado, la familia era considerada el centro para formar la fe y la recta conducta, pero por otro, se la veía con cierta desconfianza, al ser incapaz de frenar los impulsos carnales y de basar las relaciones en la desconfianza. Pero, para los ilustrados, la imagen de la familia era diferente: de confianza mutua, de buenas relaciones, basadas en el respeto de los esposos y de los hijos. Éstos también pretendían que la familia sirviera de impulso al desarrollo económico y social.

Cabarrús coincide en esto con Jovellanos, al pensar que el orden familiar era requisito sine qua non de un orden social:

Para ellos el matrimonio, la vida en común, la educación de los hijos y el cumplimiento de sus obligaciones complementarias por parte de los esposos, eran garantía de felicidad privada y reportaban beneficios personales en términos de bienestar material, moral y afectivo, pero también implicaban ventajas para la sociedad. Por ello, el Estado debía proteger la salud y la moral de las familias, porque al hacerlo también protegía y fomentaba la utilidad común. A la vez, sería una tarea del máximo interés político, a la que se implicaban los hombres de gobierno, médicos y moralistas, responsabilizar de forma más intensa a las familias del cuidado físico y moral de los hijos (Morant, 179).

Para los reformistas europeos, el orden familiar fue sinónimo del orden público. Tanto es así que, durante la monarquía francesa, el Estado intervino de tal modo en la organización familiar que cualquier incidente se zanjaba en los tribunales de justicia y con las lettres de cachet. Eran los propios miembros que denunciaban los comportamientos poco adecuados, como por ejemplo los affaires del esposo o la esposa, o bien cualquier otra actitud que alterase la armonía conyugal, porque eso mismo se reflejaba en la descomposición del Estado. Por lo nocivo de este sistema, las lettres de cachet fueron abolidas durante la revolución.

Para la generalidad de los ilustrados, la familia se presentaba como un oasis de paz, en que no debía haber problemas, si cada uno cumplía con sus funciones. Dejaban claro que no existía la igualdad de sexos, lo que había eran diferencias dadas por la naturaleza, no por el hombre. Para Rousseau, los hombres y las mujeres tenían distintos deberes y derechos, tanto en la familia como en la sociedad en general. Pero en la pareja se producía una complentariedad de sexos que es la que otorgaba la felicidad perfecta, tanto privada como pública. Para algunos ilustrados ingleses, la posición de las mujeres en el matrimonio siguió siendo más o menos la misma, relaciones de poder entre los sexos.

El esquema o modelo familiar europeo contrastaba con el hispanoamericano. El Estado y la Iglesia pretendieron imponer el mismo, pero al poco andar se dieron cuenta que las realidades eran muy diferentes, y que también eran diferentes las visiones de los propios involucrados: las instituciones de poder y los conquistadores. Por lo tanto, hubo que adaptar el modelo primigenio a las circunstancias del medio americano. Esto fue motivo de discordias y ambigüedades a la hora de aplicar la ley rectamente. Como una manera de dejar a todos conformes, la autoridad “impuso un orden ambiguo, en el que estuvieron en pugna permanente formas arcaicas y modernas de convivencia familiar, aparente sumisión a la letra de la ley y continuas infracciones de su espíritu” (Gonzalbo, 1998: 23). Esas dos culturas enfrentadas fue lo que los evangelizadores llamaron las dos repúblicas: la de los españoles y la de los indios, que en un primer momento pretendieron imponerles un solo orden social, pero en la práctica no tuvo cabida por las diferencias socioculturales. Se implementaron normas específicas para los indios cuando las circunstancias así lo ameritaron, y otras comunes para las dos repúblicas. Reglamentaron todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la vida del trabajo hasta el vestido. Resaltando siempre el componente racial y socioeconómico como factores distintivos en la jerarquía social.

Como señalan Eduardo Cavieres y René Salinas, la Conquista americana por los europeos significó el:

Encuentro cultural que enfrentó a dos modelos familiares, aunque cada uno representaba a su vez un variado modelo, teniendo en cuenta las particularidades de cada región. Por eso, lo más exacto sería hablar de la confrontación de una pluralidad de modelos y discursos, sobre parentesco, alianza y relaciones sexuales. También la conquista representó una catástrofe demográfica que afectó a la estructura familiar. La familia indígena pre y post conquista había sufrido una evolución muy particular caracterizada por un proceso de desintegración (1991: 8).

El establecimiento del modelo familiar en América se hizo alternadamente con el proceso de evangelización de la población indígena y con la puesta en práctica del sistema productivo y de explotación de la mano de obra nativa, el establecimiento del sistema social jerárquico y el sistema político administrativo.

Las normativas civil y eclesiástica se encargaron de regular la convivencia social, en la cual el matrimonio y la familia figuraban en primer orden. Como es sabido, la legislación debía ser acatada por todos, pero siempre existió la posibilidad de burlarla, o bien de aminorar su peso de acuerdo a la posición estamental que cada uno tenía. Como es habitual recalcar que las autoridades civiles no podían establecer alianzas conyugales con naturales del reino, aún así se produjeron. Lo mismo ocurrió con los descendientes, que tampoco podían contraer nupcias. El resquicio más socorrido fue el de la interpretación que se le daba a la normativa legal, y también el que muchas veces la norma era la misma pero debía aplicarse de diferente forma en cada región. Debemos incluir también la influencia política y económica que tuvieron algunas familias. Como dice Pilar Gonzalbo: “No por falta de leyes, sino acaso por exceso, existieron siempre vías de escape para la trampa” (23)

A pesar de esto último, las autoridades asumían que el orden familiar “repercutía en el bienestar social y que era responsabilidad de las autoridades velar por su mantenimiento” (Gonzalbo, 23). Con el tiempo, la población comenzó a tomar conciencia de la mala administración y de los abusos de las autoridades. En distintos momentos, pero con expresiones semejantes se denunció el intolerable abuso de que los hijos de familia pretendieron contraer matrimonio sin licencia de sus progenitores; el vergonzoso desorden de que los españoles casados frecuentasen las casas de mujeres indias con las que convivían gran parte del día y de la noche, y en general todas las conductas consideradas como marginales: la embriaguez, la prostitución, las peleas, los desórdenes callejeros, la vida licenciosa del clero y de las autoridades, el relajamiento de las costumbres y de la moral cristiana de todos los estamentos sociales.

En el caso americano, la institución familiar y matrimonial tuvo otro cariz, en relación al continente europeo, fundamentalmente por el componente étnico y por la tradición cultural, por lo que hubo que imponer a la población india, conceptos que desconocían. La tarea la asumió la Iglesia y la Corona que, a través del derecho canónico y civil intentaron poner en práctica la normativa, con modificaciones específicas. Lo primero fue validar los matrimonios existentes entre los indios, tarea difícil, por la costumbre poligámica. La base de esa “normativa” fue el derecho natural. Los teólogos señalaban que el matrimonio no era legítimo donde la costumbre fuese contraria a esa naturaleza, es decir, lo natural era el matrimonio y la familia, el sexo y el amor pero en el matrimonio; lo antinatural, o el pecado eran las relaciones consensuales, el incesto, la poligamia, la descendencia ilegítima, el divorcio, la bigamia, los matrimonios de impúberes, los matrimonios con consanguíneos, etc.

Los criterios impuestos en América sobre la familia y el matrimonio las estableció el Papa Paulo III en la Bula Altitudo (1537). En ella se dejó claro que los indios que convivían con muchas mujeres debían elegir la primera, con la cual contraerían nupcias. En el caso que no recordaran la primera mujer, tendrían que elegir en conciencia con quien unirse. Se eliminaron los impedimentos de consanguinidad y afinidad en tercer y cuarto grados.

En 1573, el Papa Pío V, y en 1585, Gregorio XIII, ratificaron lo anterior e introdujeron algunos cambios, por ejemplo, la obligación del bautismo para validar el matrimonio, aunque anteriormente hayan habido varias relaciones de por medio y aunque no hubiese sido la primera esposa. Se dio otra opción matrimonial, en que uno de ellos se hubiera bautizado de antemano. Se invalidaron los matrimonios que se hubieran contraído con impedimento consanguíneo de primer grado o por efectuarse simultáneamente con varias mujeres.

Hubo algunas incongruencias entre la teología y el derecho natural, porque según él todos los matrimonios eran legítimos. Por su parte la teología, establecía que ambos contrayentes debían convertirse al cristianismo, no bastaba con que uno lo hiciera. En este sentido, se estableció en el III Concilio Provincial Mexicano, la posibilidad de anular el matrimonio en el caso que uno de los dos contrayentes no quisiera abrazar la fe católica, podría volver a unirse con otro que sí estuviera bautizado.

A pesar de las normas eclesiásticas, la poligamia en Nueva España siguió manteniéndose dentro de los linajes nobles y plebeyos. Para desterrar la práctica se intentó aplicar, en 1536, multas a todos los infractores, las que luego fueron abolidas. En 1546 se volvieron a sancionar las conductas transgresoras:

Entre indios bautizados, ya fueran solteros o casados, el castigo por amancebamiento era prisión y azotes, en caso de adulterio femenino, correspondía al marido hacer la denuncia y presentar la información ante la Real Audiencia. También se suavizó el castigo correspondiente a la bigamia, que según la ley castellana podía merecer la pena de muerte y que para los indios novohispanos se redujo a la marca de hierro en la frente y la pérdida de la mitad de los bienes, adjudicados a la Real Cámara (Gonzalbo, 38).

La situación matrimonial en América se hizo más complicada a raíz del Concilio de Trento, porque allí se estableció como un principio básico la libertad de los contrayentes, ya sea para casarse, o bien para permanecer solteros. Por lo tanto, se suponía que los encomenderos no debían influir en la decisión de los indios en contraer nupcias. A pesar de la normativa, a muchos indios se los conminó al matrimonio.

Después de intensos conflictos, los indios aceptaron el matrimonio cristiano y se atuvieron a las leyes. Una de las principales dificultades fueron los impedimentos dirimentes, como la consanguinidad y el compadrazgo. En muchos sitios, las familias estaban unidas por lazos consanguíneos, parentesco político o relaciones sexuales no canónicas, lo que se identificaba como impedimentos de consanguinidad, afinidad y pública honestidad, además del compadrazgo, casi no podían existir las uniones conyugales. Para aminorar estas dificultades, la Iglesia recomendó que los padrinos y testigos de las bodas fueran las personas de mayor edad, para que así el resto de la población quedara libre de compromisos y pudiera acceder al matrimonio (Gonzalbo, 41).

Los costos para la Iglesia y la monarquía española, al imponer el modelo cristiano de matrimonio y de familia en América fueron enormes, sólo considerando la población india, pero tendríamos que considerar también a los inmigrantes españoles, los cuales también quisieron establecer su propio modelo, que chocó con la normativa legal y canónica. Al principio, los inmigrantes se dieron “ciertas” libertades en cuanto a las uniones sexuales y de convivencia con las indias. El propio Hernán Cortés les entregó a sus capitanes algunas hijas de caciques como concubinas. Este “gesto”, si bien podría concebirse como una manifestación de libertad del medio, no lo era tanto, porque la legislación castellana contemplaba la barraganía, claro que la Iglesia no la aceptaba. La verdadera polémica surgió con el Concilio de Trento, porque allí se revalida la importancia del matrimonio sagrado, por lo tanto, los contratos de barraganía que se habían formalizado a partir de una escritura pública quedaron sin efecto.

En Nueva España y en Hispanoamérica en general se mantuvo por largo tiempo el amancebamiento, aunque a la vez se valoró el matrimonio cristiano y la descendencia legítima. Para la familia noble y para los “conquistadores enriquecidos, con aspiraciones de hidalguía”, el matrimonio era considerado un compromiso honorable, que les daba garantía del prestigio de su linaje. Este era un signo real del doble estándar moral de la sociedad de la época. Otro signo de las ambigüedades fue la existencia de lupanares. Hacia finales del siglo XVI, los propios miembros del cabildo de la ciudad de México obtuvieron licencia real para establecer un burdel, con el objeto de frenar a los españoles, la costumbre de vivir amancebados con las indias. Eran preferibles las escapadas furtivas al prostíbulo que el abandono de la esposa legítima. Para terminar con esta práctica, en 1623, Felipe III ordenó la clausura de estos locales, pero no siempre se tomó en cuenta la norma, anteponiendo falta de personal para cumplir la orden, o bien, porque simplemente ni las autoridades civiles, eclesiásticas, ni menos la comunidad denunciaba ningún escándalo.

En la Nueva España la persecución del amancebamiento fue compatible con la tolerancia. La imposición de la multa de un marco de plata, “el marco del amancebado”, se convertía así en un recurso legal para alimentar periódicamente las siempre exhaustas cajas reales y una especial de patente para los infractores, que una vez satisfecho el pago, se sentían en paz con la justicia y con la sociedad, para mantener sus costumbres (Gonzalbo, 54).

Cuando se produjo un mayor asentamiento de la población conquistadora en Indias, se comenzó a incentivar también la inmigración de las esposas de los conquistadores y de su hueste, con el fin de dar garantía y afianzar la legislación civil y canónica del matrimonio y de la familia, para que así pudieran reconstruir sus familias. En algunos casos, se logró el objetivo, pero muchos siguieron haciendo vida de solteros sin volverse a reencontrar jamás con las familias que habían dejado en la península. Ni las Leyes de Indias lograron el propósito. La mayoría prefirió las uniones con indias, a veces ilícitas, a veces lícitas. Esta realidad no fue ajena al proyecto de la monarquía española, ya que:

La población o colonización de las Indias debía hacerse de preferencia mediante el arraigo de familias castellanas o mestizas, pero no necesariamente legítimas; por ello se imponía como obligación a los encomenderos que mantuviesen su casa en ciudades próximas a sus encomiendas, y se apreciaba como un servicio a la corona el que los vecinos manifestasen su disposición para defender la tierra (Gonzalbo, 104).

Como se sabe, fueron comunes los matrimonios de indias de linaje señorial con españoles, menos frecuentes fueron de indio cacique con españolas. Al respecto en un listado de vecinos de la ciudad de Puebla de los Ángeles (Nueva España), en 1534, del total de matrimonios, un 31,25% correspondía a uniones de españoles con indias, y el 68.75%, lo constituyeron enlaces entre españoles.

Para los españoles que querían solicitar de la corona algún incentivo por los favores entregados al poblar la tierra fue imprescindible la certificación del estado civil y la calidad de la esposa. Se le otorgó gran importancia al matrimonio, como requisito para solicitar una probanza de mérito. Algunos no certificaron la calidad de la esposa, seguramente por ser de calidad inferior, aunque igualmente sabemos que la corona propició los matrimonios interraciales, pero sólo con las indias. Un tema aparte es la consideración de los mestizos, negros y castas en el escenario social hispanoamericano.

Se puede decir que, en la sociedad hispanoamericana en general se generó un nuevo orden, basado al principio en los beneficios que otorgó la conquista, tales como mercedes y encomiendas, en las explotaciones mineras y comerciales, que fueron creciendo gracias a los matrimonios ventajosos dentro de las mismas familias, o bien con las nuevas oleadas de inmigrantes, formándose la nueva aristocracia criolla

La monarquía y la iglesia española siempre tuvieron claro que el orden social colonial se fundamentaba en la valoración del matrimonio y de la familia cristiana, porque así la comunidad doméstica podría integrarse más fácilmente y aspirar a un mejor funcionamiento del mecanismo administrativo. A pesar que el orden americano fue una adecuación constante a la normativa civil y canónica, y al peso de las influencias familiares, el objetivo en cierta forma se cumplió, porque el reconocimiento a la unidad doméstica fue un hecho, e incluso en el siglo XVIII, con la influencia racionalista se le dio más importancia a las uniones legítimas, de ahí las trabas puestas a los hijos ilegítimos al acceder a cargos de importancia, ya sean administrativos como religiosos.

Como hemos señalado más arriba, los conceptos de familia han ido cambiando a lo largo de la historia, en cuanto a integrar más o menos individuos unidos o no por lazos consanguíneos y de co-residencia. Si consideramos una de las definiciones que nos entrega la historiadora Rafaela Sarti, tenemos que la familia es:

La comunidad de los padres y los hijos, a los que pueden sumarse otros parientes, que viven juntos bajo el mismo techo. Pero también es un grupo más amplio de personas unidas por lazos de parentesco, matrimonio, o afinidad, que tienen por qué vivir juntos, o también el conjunto de los que viven juntos, incluidos los criados (Sarti, 2003: 46).

En contraste con las Siete Partidas, la familia se consideraba sólo aquellos que además de tener lazos comunes, “tenían propiedades e incluso sirvientes y esclavos. En los reinos peninsulares sólo se hablaba de casas o familias cuando se trataba de grupos prominentes”. En el caso especial del país vasco consideraban a la hidalguía como requisito básico, por considerarse todos con tal ascendencia, bajo “la primacía del pariente mayor” (Gonzalbo, 118).

Todos estos conceptos nos están mostrando a la familia como un grupo integrado por el cabeza de familia, la esposa, los hijos, los parientes y los clientes, que en su base principal están unidos por lazos de parentesco y cohabitación. Pero no es sólo esto, se está planteando directamente la importancia que le atribuyen cada uno de estos autores al sistema patriarcal, principio básico de todas las relaciones sociales, en especial de la familia (Boyer, 1989: 271). En la que el cabeza de familia tiene el poder sobre la esposa, los hijos, los parientes y los sirvientes, los cuales se sometían voluntariamente a su autoridad. En este sentido, la familia es comparable a una monarquía de derecho divino, en que el monarca hace las veces de pater familiae (Flandrin, 1979: 54). En ningún sentido hay un reconocimiento de otros modelos familiares paralelos, a pesar que sí existían.

Los estudios de Alida Metcalf, para las localidades de Sao Paulo, Minas Gerais en el Brasil colonial, y los trabajos realizados por Igor Goicovic, en la región minero-agrícola de Illapel en el Norte Chico de Chile, confirman la existencia de otros modelos, y es más en este último caso, especialmente en los sectores más deprimidos económicamente, la mujer fue la cabeza de familia: “El modelo de organización patriarcal de familia sólo sufría alteraciones readaptativas cuando la figura paterna se encontraba ausente”. Esto último tuvo mucho que ver con las mujeres que mantuvieron solas el hogar y los hijos, ya sea por abandono laboral transitorio o permanente del marido o conviviente (Goicovic, 1999: 64).

La familia tradicional chilena y, generalizando, la latinoamericana, la podemos considerar como una unidad de producción y de solidaridades mutuas, entre el cabeza de familia como patriarca, la esposa, los hijos y los agregados consanguíneos y domésticos. Dentro de las solidaridades mutuas también debemos considerar el papel que cada uno de los integrantes de la familia tiene en cuanto a los oficios desarrollados dentro o fuera de la unidad económica (tipo de co-residencia), y que contribuyen a la subsistencia y a fortalecer los lazos familiares y económicos con la comunidad local y regional.

Para Cristina Alberdi, la familia es “la primera de las instituciones y en ella se prepara el sujeto para que interiorice, ame y desee las relaciones de dominación y jerarquía, adaptándose a las relaciones sociales dominantes basadas en las mismas estructuras de relación” (cit. en Goicovic, 1999: 64). En buenas cuentas, la familia se convierte en la principal entidad socializadora, que le permitirá posteriormente interactuar socialmente con el resto de la comunidad.

Este modelo se institucionalizó en la familia hispanoamericana en el siglo XVIII, en base al grupo mestizo-blanco, “siendo los ejes que conformaron dicha articulación, la posición socioeconómica de sus componentes y el carácter eminentemente rural de las formas de sociabilidad locales que la impregnaron” (Goicovic, 64). Sigue el autor:

En este modelo, el peso de las variables económicas y, más específicamente, aquéllas relacionadas con la subsistencia del grupo, aparecen determinando el tipo y la forma de afectividad al interior de la unidad familiar. Esto tiene que ver con el papel de la familia en la sociedad tradicional, que no es otro que la reproducción social del grupo. Tanto los enlaces matrimoniales y la transmisión de la herencia, consideradas como estrategias de reproducción, adquieren en el núcleo familiar un rango prioritario a la hora de definir las orientaciones proyectuales del grupo y sus formas y niveles de inserción en la comunidad (64).

La concepción de la familia tiene mucho que ver con el modelo matrimonial, influenciado desde siempre por la Iglesia católica y reafirmada por el Estado, basándose en un modelo monogámico y patriarcal que rechaza y persigue los comportamientos sexuales que se apartan del orden social establecido.

Lo mismo ocurre con los agrupamientos familiares populares en las áreas rurales del siglo XIX, pues tampoco obedecieron a comportamientos unívocos, la mayoría de las veces respondieron a situaciones socioeconómicas características, que tuvieron relación con las limitaciones de la vida campesina: “carencia de tierras, subalimentación, explotación laboral, etc., obligaban a pequeños propietarios y a los peones libres a implementar formas de articulación colectivas funcionalizadas en torno a la subsistencia”. En este caso, la familia se convirtió en una unidad económica basada en el trabajo de sus miembros que estrecharon lazos con otras familias, a través del matrimonio y de la producción (reproducción social) (Goicovic, 1998c: 13). De allí la persuasión por todos los comportamientos sexuales que desvirtuaban el matrimonio y la familia, como las relaciones ilícitas. El objetivo fue preservar el orden familiar.

Para Angel Rodríguez Sánchez, la familia puede ser definida también bajo el punto de vista del derecho jurídico, sacralizado y económico, y representa tres dimensiones fundamentales: la del derecho, la sacralizada y la económica (1996).

La familia, en sí misma, está regulada por el derecho, es decir, a partir de las relaciones directas entre padres e hijos, o entre otros miembros consanguíneos o no consanguíneos. Es el padre el que ejerce la patria potestad de los miembros de la familia, es el nexo con el Estado y con las demás organizaciones sociales y jurídicas. Puede ejercer el rol de tutor o curador de la esposa, los hijos o bien de otros miembros, además de transmitirla para su perpetuación y su definitiva normalización de los actos que origina la costumbre. En este caso, el derecho le confiere al padre de familia el papel fundamental, a través de la patria potestad dentro de la unidad familiar, pero también le da facultades para apoyar y fortalecer el Estado.

La familia como espacio sacralizado está “sometido permanentemente a un proceso de moralización que abarca todo tipo de relaciones, desde las sexuales a las sociales”. Esto lo podemos constatar a partir de la moral tridentina y de la extensa literatura moral y canónica “para comprender hasta qué punto fueron importantes los esfuerzos destinados a combatir los matrimonios clandestinos y la institución de la barraganía, ambas costumbres ajenas al trabajo de sacralización y de moralización de la vida familiar que trataban de imponerse” (Rodríguez, 1996: 27). La familia como unidad económica es la que tiende a perpetuarse por el patrimonio, por lo menos hasta que sobrevive la familia.

Por todo lo anterior, la familia se inserta en un contexto muy amplio de relaciones y variables, ya sean económicas, sociales, políticas y étnicas “que operan con ritmos y potencias diferentes”, de cuyo proceso surgen agrupamientos familiares diferenciados. Esto nos indica que para cualquier sociedad no existe una unicidad familiar, “sino que, más bien, una serie de modalidades de articulación familiar condicionadas social, económica y regionalmente” (Rodríguez, 27). Por lo tanto, la familia es una unidad cambiante, no estática, depende de muchas variables, como la estructura económica local, regional y nacional dentro de la cual se inserta, para que se vea más o menos in?uenciada por los cambios sociales, políticos y culturales. Por ejemplo, un proceso migratorio puede ejercer interesantes cambios en la familia.

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Fecha recepción 28-08-2006
Fecha aceptación 02-10-2006

 

 
 

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