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ISSN 0718-0950 versión on-line

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  Rev. derecho (Valdivia) v.13 Valdivia dic. 2002




 

Revista de Derecho, Vol. XIII, diciembre 2002, pp. 147-160

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

 

CONSTITUCIÓN, PRINCIPIO DEMOCRÁTICO Y REFORMAS CONSTITUCIONALES *

 

Kamel Cazor Aliste **
Mónica Fernández Gutiérrez ***

* El presente artículo se circunscribe dentro del Proyecto de la Dirección de Investigación y Desarrollo, de la Universidad Austral de Chile, código Nº 2002-57, titulado “La democracia como categoría fundamentadora de los ordenamientos interno e internacional: el problema de la Democracia nacional y la Democracia global como principio legitimador”. A fin de mantener una línea de investigación sobre el tema, ver: Cazor Aliste, Kamel, “Democracia y Constitución en Chile”, en Revista de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile, Vol. XI, diciembre de 2000, págs. 27-34.
** Abogado. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales U. Austral de Chile.
*** Licenciada en Derecho, U. Complutense. Magíster en derecho Comunitario, U. Complutense y U. Castilla-La Mancha.


Resumen

La Constitución democrática es uno de los temas de mayor envergadura en la realidad jurídico política de Chile, ya que la Carta actualmente en vigor adolece de una clara falta de legitimidad en su vinculación con el principio democrático. Dentro de este contexto, se tratará de abordar la específica relación entre Constitución y principio democrático, vinculación que será contrastada a la luz de la Constitución de 1980. Para lo cual se tendrán en consideración las principales enmiendas que se le han introducido a la Carta chilena y, en particular, el importante proyecto de reforma constitucional que en la actualidad se está discutiendo en el Senado.


 

1. CONTEXTO DEL ESTUDIO

A partir del año 1990 se ha inaugurado en nuestro país el período de transición hacia la democracia. Ya van doce años del inicio de este acontecimiento, y veintiún años de la entrada en vigor de la actual Carta Fundamental, y aún quedan otros tantos para la consolidación de un pleno sistema democrático. Si bien es cierto que dicho ideal –de una democracia plena– es casi imposible que se logre en el contexto de una democracia real, no es menos cierto que es imprescindible su búsqueda.1 Por ello se partirá de la premisa de que la democracia es una finalidad o comunidad de valores a perseguir, cuya manifestación, a través de la autodeterminación del pueblo, busca el desarrollo de la libertad, la igualdad, el pluralismo y la dignidad humana. Entonces, no se pueden sino suscribir las palabras de Salvador Giner, en el sentido de que la democracia es el orden político menos malo de todos los conocidos; es, además, el régimen o politeya que más se ajusta a la dignidad humana y el que mejor permite la consecución de la justicia para todos y el ejercicio de nuestra libertad.2

El tema de la democracia no es un asunto reciente en Chile. Desde los inicios de la República, en el siglo XIX, la “fiebre de democracia”, cuyo parámetro central fue la experiencia de los Estados Unidos, era un tema candente que se miraba, por algunos, como una virtuosidad intrínseca que podía trasplantarse a las tierras de la América hispana.3 Sin embargo, otros estimaban que en Estados Unidos el ideal democrático podía funcionar bien, ya que era fruto de un proceso evolutivo; así, por ejemplo, Diego Portales llegó a decir que “la democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud como es necesaria para establecer una verdadera república”. 4 Pero también Portales, persuadido de que la historia no retrocede, se cuidaba de la cercana influencia de la realeza al señalar que “la monarquía no es tampoco el ideal americano”. 5

Este debate siguió desarrollándose durante toda la vida institucional chilena, donde es posible vislumbrar un permanente desacuerdo en torno a qué tipo de democracia se adhería, suceso que, hasta el día de hoy, sigue manifestándose con toda fuerza. Igualmente, esta cuestión se ha trasladado al campo de la legitimidad democrática de las dos Cartas Fundamentales que ha tenido nuestro país durante el siglo XX: la Constitución de 1925 y 1980. Por cuanto la democracia, como categoría fundamentadora, siempre ha sido insuficiente al momento de establecer en Chile un real Estado constitucional y democrático. Circunstancia –como se verá– especialmente acentuada en la Carta de 1980.6

Con razón se ha dicho que la realidad constitucional de Chile parece vivir una contradicción, sintetizable en el contraste entre la consolidación de nuevos principios democráticos (garantía de los derechos fundamentales, pluralismo político, elegibilidad de los órganos político-representativos, etc.) y la dificultad que representa la inspiración no precisamente democrática de la actual Carta Política.7

Dentro de este contexto, se tratará de abordar la específica relación entre Constitución y principio democrático; vinculación que será contrastada a la luz de la Constitución de 1980. Para lo cual se tendrán en considera ción las principales enmiendas que se le han introducido a la Carta chilena y, en particular, el importante proyecto de reforma constitucional que en la actualidad se está discutiendo en el Senado.

2. ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRACIA: LA SITUACIÓN ACTUAL DE CHILE

El Estado como forma política ha evolucionado desde la época moderna hacia un Estado de Derecho constitucional y democrático. 8 Por ello se dice que el factor predominante en nuestro tiempo es que la teoría de la Constitución tiende a ocupar de manera cada vez más intensa el lugar que antes dominó la teoría del Estado.9 En este sentido, desde la perspectiva del jurista, Constitución se identifica con orden jurídico concreto, con ordenamiento que “constituye” al Estado, que lo crea como entidad jurídica10 (por esta razón se dice que la Constitución es la expresión jurídica del orden político estatal). Constitución que además posee una naturaleza normativa o deontológica (es decir, vinculada con el deber ser), porque no es otra cosa que la norma básica o fundamental llamada a regular el proceso político, constituyendo al Estado como entidad jurídica. En definitiva, será el Derecho el que, por vía de la Constitución, defina y constituya al Estado.

Durante el siglo XX se consolidó junto al Estado constitucional el Estado democrático. Donde la democracia, como manifestación de la soberanía del pueblo como categoría legitimadora, es insoslayable al Estado constitucional. Dicho en otros términos, el principio democrático, que es una noción esencialmente política, también actúa como categoría jurídica que legitima el ordenamiento constitucional. Esto quiere decir que no hay democracia sin Constitución, ni Constitución sin democracia, pues un genuino Estado constitucional siempre debe ser un Estado democrático. En consecuencia, citando a Rubio Llorente, “no hay otra Constitución que la Constitución democrática”.11

Al respecto, conviene también mencionar las palabras del profesor Ismael Bustos: del punto de vista de la norma el Estado es un ordenamiento jurídico y del punto de vista del poder el Estado es la institucionalización del poder. De ahí que, como indica este autor, el Estado utilice la norma como herramienta y, a su vez, la norma utilizada por el Estado debe controlar el poder, y éste debe encontrarse supeditado por la norma y al servicio del Derecho. Dicho en otras palabras, el Derecho como elemento constitutivo del Estado no es sino la limitación jurídica del poder políticoestatal. 12 En este contexto poder y Derecho son dos de los elementos del Estado, cuya relación es determinante en una sociedad estatal democrática.

De lo dicho se desprende que en toda sociedad estatal se da una relación de regulación entre la norma y el poder; pero no cualquier tipo de relación, sino –como ya se ha adelantado– una relación dentro del contexto de una sociedad estatal democrática. La norma a que se hace referencia no es otra que la Constitución, cuya vinculación con el principio democrático es esencial para que se pueda hablar, con propiedad, de un Estado constitucional y democrático de Derecho. Aspiración ineludible de toda sociedad moderna. En consecuencia, citando a Ernst Wolfgang Böckenförde, “no se puede excluir que exista un vector común en el que confluyen postulados de la democracia y del Estado de Derecho, y en virtud del cual ambos se encuentran engranados; de ahí que entre democracia y Estado de Derecho exista una afinidad”. 13

Ahora bien, partiendo de la base de que la Constitución de 1980 “es una realidad” que regirá, con mayor o menor consenso, los próximos años, resulta pertinente citar la idea del profesor Tomás Vial Solar, en el sentido de poner de relieve “la tensión existente entre origen, evolución y futuro de la Constitución”; particularmente la pregunta de “cómo una Constitución nacida bajo una dictadura diseñada ex professo como arma jurídica en medio de la guerra fría puede contribuir a ordenar la vida política y social de Chile en las primeras décadas del siglo XXI”, lo que se acentúa con la “tensión existente entre sus orígenes y el ethos de un sistema democrático en una sociedad pluralista inmersa en la creciente globalización”.14

Dentro de este contexto, el primer interrogante que surge es el siguiente: ¿cuál sería el grado de evolución actual de la democracia chilena? Se estima que la respuesta a esta pregunta es concluyente: nuestra democracia es aún imperfecta o limitada. Se podría legítimamente contraargumentar a esta conclusión diciendo que el sistema democrático no es pleno en ninguna sociedad política del mundo, y que el actual régimen en vigor –incluso teniendo en consideración sus limitaciones – ha conseguido un desarrollo estable, tanto en la esfera política como económica, en esta etapa de transición. Esto lleva necesariamente a enfrentar la disyuntiva de cómo debería ser el régimen democrático al cual aspiramos como sociedad. En este sentido el profesor Agustín Squella formula una interesante pregunta: ¿Es la democracia que tenemos la democracia a que aspiramos? Contestando a su interrogante señala que “puede tener dos respuestas, a saber, que la democracia limitada que tenemos es la democracia a que aspiramos, o que la democracia limitada que tenemos no es la democracia a que aspiramos”;15 valer decir, la respuesta va a depender de que se acepte una u otra opción, esto es, si las limitaciones a nuestra actual democracia nos parecen bien o nos parecen mal.16

Desde esta perspectiva, inexorablemente la discusión debería centrarse en el plano de las ideas, es decir, de cuál es la idea de democracia que se sustente. A partir de entonces es necesario llevar a cabo un ejercicio de contraste, entre el ideal democrático que se propugne y el régimen político en vigor, o, más precisamente, de verificar si el régimen democrático en vigor es coincidente o no con dicho ideal. Razón por la cual, como expresa Alf Ross, si se discute el valor de la democracia como idea, la pregunta a formular es si se “ha comprendido con toda precisión qué es y significa la democracia; así se descubrirá si efectivamente se habla de los mismos hechos y si el interlocutor comprende plenamente qué efectos se siguen de ellos según sean las concepciones. Las tesis mismas no pueden ser discutidas, pero la comprensión de los hechos, que son supuestos de esas tesis, sí pueden serlo (...) Por ende, la elucidación científica del problema del valor de la democracia sólo puede consistir en aclarar cuáles son las consecuencias significativas que la democracia implica para la vida de los seres humanos”.17

Este tema no es baladí, pues el nudo gordiano de la discusión de las actuales reformas constitucionales gira en torno a esta problemática conceptual. Se trata, pues, de un asunto de doctrina o convicción (esto es, circunscrita al plano del deber ser), de lo que cada fuerza política representada en el Parlamento entiende por sistema democrático. De esta forma el consenso de las reformas constitucionales en esta materia pasará, necesariamente, por el grado de coincidencia con la idea de democracia que se adhiera. Al respecto cabe recordar que el término nudo gordiano proviene de la antigua ciudad de Gordión, que fuera corte del legendario rey Midas, donde sus habitantes planteaban a los forasteros un dilema en apariencia irresoluble. Un intrincado nudo ataba un yugo a un carro, y desde antiguo se afirmaba que quien fuera capaz de deshacerlo dominaría el mundo. Uno de los extranjeros que tuvo que desentrañar dicho acertijo fue nada menos que Alejandro Magno, quien por ese entonces se encontraba en la campaña de Persia. Este general invasor al no poder resolver el problema optó por cortar la cuerda de un certero y violento golpe con el filo de su espada, y luego comentó con sorna: “Era así de sencillo”.18 Esperemos que nuestros constituyentes al desentrañar el nudo de las reformas constitucionales demuestren igual astucia, pero mayor sabiduría, que el Gran Alejandro.

Esta cuestión conceptual, asimismo, no es un tema menor en nuestro país, pues todavía los partidos políticos representativos en el Congreso son herederos de la correlación de fuerzas nacida en el anterior régimen autoritario. De ahí que existan defensores de distintas concepciones democráticas, donde es posible destacar dos grandes corrientes.

Existen, por una parte, sectores que defienden el núcleo esencial de la “filosofía del constituyente de 1980”,19 cual es la idea de una democracia protegida, que, digámoslo con toda franqueza, desconfía de la soberanía del pueblo y privilegia las élites. Esto tiene su explicación dentro del contexto histórico que generó la actual Carta, pues al constituyente autoritario no se le podía exigir más de lo que estaba en condiciones de dar, el cual sin duda reflejó una visión “desde arriba”, dentro de la lógica del mando y la obediencia preponderante, propia de aquellos que consideran la democracia como un medio y no como una comunidad de valores a alcanzar. Esta concepción instrumental de la democracia era sustantada también por el principal ideólogo de la institucionalidad del régimen militar, el ex Senador Jaime Guzmán, quien en el año 1979 expresaba: “la democracia es una forma de gobierno, y como tal solo un medioy ni siquiera el único o el más adecuado en toda circunstanciapara favorecer la libertad, que en cambio integra la forma de vida hacia la cual todo sistema político humanista debe tender como fin u objetivo. Dicha forma de vidaprosigueincluye además la seguridad y el progreso, tanto espiritual como material, y dentro de esto, tanto económico como social”. 20

Por otra parte, se encuentran aquellos que ven más la democracia como un régimen que debe desarrollarse sin tutelas, y buscan poner el acento en modificar los núcleos esenciales de las limitaciones existentes, en pos de que la actual Carta Política pase a configurar, en su ámbito material, una efectiva y plena democracia. Esta postura no es reciente en nuestro país, pues cabe recordar la importante labor que desarrollara en esta materia el llamado “Grupo de los 24 o “Grupo de Estudios Constitucionales”,21 cuya propuesta abarcó, entre otros temas, la trascendencia del Estado constitucional y democrático de Derecho, pues como idea matriz “considera a la democracia como el único régimen político que es congruente con la historia y evolución política del pueblo de Chile. Asimismo, estima que es el único régimen político en que es viable la existencia de espacios de expresión y desarrollo de aquellos grandes ideales a que la mayoría del país aspira: la libertad, la justicia, la participación y la solidaridad”.22

Se desprende con nitidez de lo dicho hasta ahora que el problema que emerge con toda fuerza en nuestro país es la relación entre Estado constitucional y principio democrático. Cuestión que, desde la perspectiva de la Carta de 1980, puede ser enfocada como una clara disfunción de esta relación; pues, como se verá a continuación, tanto desde el punto de vista de su origen, como de su contenido, presenta evidentes déficit democráticos.

Para nadie es un misterio que la Constitución de 1980 adolece de una clara falta de legitimidad democrática en su origen, por dos causas principales. En primer término, es fruto de un constituyente autoritario (Comisión para el Estudio de la Nueva Constitución, Consejo de Estado y Junta de Gobierno), cuyos integrantes en ningún caso representaron la pluralidad ideológica que necesariamente se requiere para generar una Carta normativo- democrática. En segundo lugar, su aprobación se realizó mediante plebiscito que no cumplió los requisitos exigidos en un acto electoral democrático, ya que no se observaron en su oportunidad las mínimas garantías de libertad e información. Este origen espurio de la Carta Fundamental –asunto que prácticamente la generalidad de la doctrina nacional pasa por alto– sigue estando presente y subyace en nuestra práctica constitucional. Cuyo alcance, citando al profesor español Marc Carrillo, “impide entender la constitución chilena en sentido jurídico, porque es cierto que sin democracia no se entiende el concepto jurídico de Constitución”.23

Desde la perspectiva de su contenido, la actual Carta Magna configura una serie de “enclavesantidemocráticos,24 que constituyen el núcleo esencial de la idea de democracia protegida que impera.25, los cuales pueden ser resumidos en cuatro pilares fundamentales:

• En primer lugar, en el capítulo primero de la Constitución, relativo a las Bases de la Institucionalidad, se echa de menos el establecimiento explícito, como valor superior del Estado constitucional chileno, del principio democrático (esos mismos valores democráticos que los europeos dejaron relucir después de la segunda mayoría que consiguió Le Pen en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales francesas). Es decir, no se ve con claridad que la democracia, como ideal, constituya el telos o finalidad superior que inspire y circunscriba a nuestro Estado constitucional. En este sentido no sería clarificadora ni suficiente la norma del artículo 4º que proclama que “Chile es una república democrática”. Además, la inequívoca inspiración aristotélico-tomista de su artículo 1º no aseguraría a nuestro parecer la necesaria amplitud y pluralismo en el plano valórico, requisito que es esencial en un Estado democrático moderno.

Ya que, citando al profesor italiano Giancarlo Rolla, “la Constitución no puede ser la expresión homogénea de una concreta ideología, sino que debe codificar un sistema de valores y de relaciones (entre los poderes del Estado y entre éstos y los ciudadanos) que sea expresión del sentir común de varios grupos. En dicho contexto –prosigue–, el carácter de “compromiso” de una Constitución puede considerarse un ámbito natural de las democracias modernas, en cuanto favorece una interpretación de la Constitución como expresión de la convergencia históricamente determinada entre las fuerzas políticas y entre las clases sociales en torno a una perspectiva de renovación, de superación del pasado: donde se indican los objetivos a conseguir, los modos de superar la herencia del pasado, los sujetos institucionales y las fuerzas sociales que deben comprometerse en este esfuerzo”.26 En una línea semejante John Rawls señala: “la idea directriz es que los principios de la justicia para la estructura básica de la sociedad, son el objeto del acuerdo original. Son los principios –continúa– que las personas libres y racionales interesadas en promover sus propios intereses aceptarían en una posición inicial de igualdad como definitorios de los términos fundamentales de su asociación. Estos principios –prosigue– han de regular todos los acuerdos posteriores; especifican los tipos de cooperación social que se pueden llevar a cabo y las formas de gobierno que pueden establecerse (...) Por tanto, después de haber escogido una concepción de la justicia, podemos suponer que escogerán una constitución y un poder legislativo que promulgue las leyes, de acuerdo siempre con los principios de justicia convenidos originalmente”.27

A fin de fundamentar esta última idea, baste el siguiente ejemplo. Sustentar, como lo hace la Constitución en su artículo 1º, inciso 4º, la finalidad del Estado chileno en la promoción del bien común, significa, entre otras cosas, asumir el discurso antidemocrático del republicanismo antiguo (bien común = res publica), que es un discurso agotado; y con ello se quiere decir que la sociedad moderna está muy lejos, es muy distinta, de la sociedad que vio nacer el discurso republicano (en este sentido hay que recordar que la idea de bien común es algo ligado esencialmente a la comunidad política medieval y, más precisamente, a las ideas aristotélico-tomistas). Por esta razón, los estamentos de la sociedad –donde surge la idea del bien común– que debían lograr un equilibrio ya no existen, son indescifrables dentro de la actual sociedad pluralista moderna (como lo es la sociedad chilena), cuyos intereses son múltiples, fragmentados y altamente difusos.28 Idea de estratificación social que, a su vez, es consustancial con la tipología de democracia elitista que subyace y se ramifica en la Constitución.

Para que se entienda mejor el anterior razonamiento, se señalarán dos asuntos directamente vinculados con este tema.

En muchas oportunidades las creencias valóricas de las élites pretenden transformarse en “la” creencia más representativa del “bien común” de “toda la sociedad”. Es decir, a partir de la estratificación que lidera el elitismo preponderante, extrapola y extiende su propia idea de “bien común” al resto de la sociedad. Sin duda que a veces pueden ser coincidentes; pero el problema se presenta cuando no se da dicha coincidencia, esto es, cuando se pretende ramificar como “bien común” algo que no es propio del consenso básico de la compleja sociedad pluralista actual. Esto se ha visto, por ejemplo, en la discusión preliminar que tuvo lugar a raíz del proyecto de ley de divorcio vincular. Los contrarios a esta propuesta antepusieron la idea de la indisolubilidad del matrimonio como un elemento central para proteger la familia, núcleo esencial de la sociedad, por ende, cualquier “atentado” contra ella, por esa vía, significaba ir contra el “bien común”. Situación que se alejaba del evidente consenso ciudadano en torno a la conveniencia del divorcio vincular. Idéntica conclusión se puede desprender del asunto generado a raíz del tema de la “píldora del día después”. Donde se pretendió generalizar la protección de la vida a partir de la concepción y darle un efecto abortivo a esta píldora.29 Contrariando la generalidad de la opinión científica, que pone en cuestión considerar la vida necesariamente a partir de la concepción, sino que más bien la sitúan a partir de la anidación del óvulo fecundado en el útero materno. Por eso, más que centrar esta cuestión en el derecho a la vida primordialmente, debería también canalizarse dentro de la esfera de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como expresión del derecho al libre desarrollo de su personalidad.

El tema de las élites tiene raíces muy profundas en nuestra historia, que se hunden ya desde el período colonial, pasando por la independencia, hasta consolidar el Estado liberal (1830-1870).30 Circunstancia que aporta un dato de extremo interés (que sin duda servirá para entender los actuales “enclaves” antidemocráticos), cual es, como indica Alfredo Jocelyn-Holt, que la concentración elitista del poder en Chile se la asocia con la estabilidad y continuidad del mismo poder.31 Por ello resulta coherente definir la transición chilena como un conjunto de arreglos o pactos que, principalmente, definieron las áreas vitales de interés para las élites (militares, políticos y empresarios); acuerdos básicos sobre las reglas del juego que ha llevado a una democracia limitada, que, sin embargo, ha conducido a una transición gradual y ordenada. 32 En relación a las élites también hay que destacar la persistencia de las oligarquías dentro de la democracia representativa, es decir, citando a Norberto Bobbio, “el precio que se debe pagar por el compromiso de pocos es frecuentemente la indiferencia de muchos. Nada es más peligroso para la democracia –prosigue este autor– que el exceso de democracia”33 (alusión esta última que hay que vincularla con la crítica que vierte a la democracia directa).

No obstante, a raíz de los sucesos acaecidos en la Iglesia Católica (casos de pedofilia), las Fuerzas Armadas (encubrimiento de crímenes y narcotráfico) y el Gobierno (caso coimas), el profesor Carlos Peña ha señalado que estos sucesos han ocasionado una desordenada inconsecuencia de estas instituciones que es incompatible con la pretensión de guiar a otros, lo que trae como efecto la debilidad de las élites.34 Particularmente destacable es el nuevo estilo moderado que se está imponiendo en el empresariado,35 que los está llevando a desmarcarse de ese pacto original que celebraran al inicio de la transición con las otras –ahora– alicaídas élites. Como bien lo sintetiza el escritor Rafael Gumucio: “Los uniformes ya no pesan nada y la política pesa aún menos. Los pilares del Chile nuevo están en el empresariado y los monopolios de la prensa y la televisión, todos mezclados en una santa alianza que depende de cuatro o cinco apellidos. Son las cinco familias que ejercen el poder absoluto. Un poder que ya no necesita a sus guardianes eclesiásticos, políticos o militares, y que ha decidido hacer una depuración”. 36

• En segundo lugar, existe una fuerte tutela militar, ya que la Constitución confiere a los cuerpos armados, que en toda Carta democrática son esencialmente obedientes y subordinados al poder civil, el rol exclusivo de garantes de la institucionalidad y de la Constitución, lo cual les permite a través del Consejo de Seguridad Nacional autoconvocarse y predominar, por vía de la votación, respecto de la opinión del Presidente de la República, del Presidente del Senado y del Presidente de la Corte Suprema (Consejo de Seguridad que, además, puede designar Senadores y magistrados del Tribunal Constitucional). Es decir, a la hora de definir grandes temas institucionales la Constitución prescribe que los cuatro comandantes en jefe tienen un voto más que los tres Poderes del Estado. Además, las instituciones armadas no tienen, como en todos los países democráticos, responsabilidad ante el Jefe de Estado, quien puede nombrar sus altas jefaturas pero no puede removerlas.37

• En tercer lugar, se constatan serios problemas en la composición del Congreso Nacional, especialmente en la Cámara Alta con la institución de los Senadores designados y vitalicios, escaños, como es bien sabido, que no son generados en virtud de la soberanía del pueblo.

• En cuarto lugar, y en estrecha vinculación con el punto anterior, se encuentra el tema del sistema electoral; materia que no está expresamente contemplada en la Carta Política, pero respecto de la cual apunta una serie de normas constitucionales. Este sistema, para asignar cargos políticos en función de los resultados electorales, fue instituido a fin de posibilitar que una minoría constituida nacionalmente pudiera tener en el Congreso Nacional las posibilidades de contar con los quórum necesarios para evitar que la mayoría ejerza efectivamente su representatividad en el Parlamento. Lo que a todas luces no resiste un análisis de democraticidad, ya que no garantiza el ejercicio efectivo de la soberanía popular, excluyendo además a otras fuerzas representativas que han alcanzado una importante votación. Este hecho es de extremada importancia, pues el destino de la democracia en gran parte depende del sistema electoral que se aplique, así lo ha destacado el autor alemán Dieter Nohlen.38

Otro aspecto que se debe añadir a lo anterior es el exigente procedimiento de reforma establecido en la Constitución chilena (capítulo XIV), donde “la rigidez constitucional constituye en la actualidad una dificultad específica”. 39

No hay que desconocer, eso sí, que con el actual sistema binominal mayoritario se consiguiera en el Congreso –aunque de un modo más bien artificial– un equilibrio entre las fuerzas de gobierno y oposición (dentro de la lógica elitista antes mencionada), lo cual ha posibilitado que los cambios institucionales se llevaran a cabo gradual y consensuadamente, hecho que en esta etapa de transición política sin duda ha sido positivo, teniendo en cuenta la histórica inestabilidad política latinoamericana. Basten como ejemplos los no lejanos sucesos ocurridos en Perú, Argentina y Venezuela.

Todas las circunstancias que afectan la legitimidad democrática de la Carta Magna no han permitido lograr, a veintiún años de su entrada en vigor, el necesario consenso y aceptación por parte de los miembros de la sociedad política, constituyendo más un elemento de controversia que de unión entre los chilenos. Esta falta de consenso constitucional existente es un claro reflejo del divorcio que se constata entre democracia y Constitución; donde el principio democrático –como expresión de la soberanía del pueblo como categoría jurídica– no ha jugado el rol que se requiere como principio legitimador, tanto externo (ya que la Carta fue originada a través de un procedimiento no democrático) como interno (ya que la Carta es deficitaria acerca de su propia legitimidad de contenido), de una Constitución auténticamente normativa. 40

En resumidas cuentas, nos parece que el asunto de la Constitución democrática es uno de los temas de mayor envergadura que se suscita dentro de la realidad jurídico-política del Chile actual. Más precisamente, constituye una de las metas u objetivos primordiales que demanda el buen desenvolvimiento de su sociedad, cuyas instituciones –jurídicas, políticas y sociales– deben necesariamente reflejar el consenso constitucional que irradia una Carta Magna verdaderamente democrática.

3. CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA Y REFORMAS CONSTITUCIONALES

Ahora bien, haciendo una breve aproximación a la doctrina comparada sobre el tema, dentro de la categoría de Constitución democrática, como indica el profesor español Manuel Aragón, democracia y Constitución son conceptos que se generan y complementan. Abordar esta relación significa hacer frente a lo que la doctrina ha denominado como teoría constitucional de la democracia, esto es, “la democracia como principio legitimador de la Constitución, es decir, la soberanía del pueblo como categoría jurídica”.41

Si bien es cierto que la Constitución es, ante todo, norma jurídica, toda vez que la teoría de la Constitución no puede ser más que una teoría jurídica.42 No hay que olvidar, asimismo, el significado político de la Constitución, esto es, como la más relevante expresión jurídica de un régimen político, de modo que éste le da sentido a aquélla (y, a su vez, la Carta Fundamental constituye la garantía jurídica del sistema político).43 Esta relación entre lo político y lo jurídico que se plasma en la Constitución trae como resultado que la teoría jurídica, por sí sola, no basta para conocer dicha norma, es decir, para comprender lo que tiene (y por qué) de singular en el ordenamiento. 44 De esta forma, la reflexión sobre el contenido de la Constitución, además de ser una reflexión eminentemente jurídica, no puede olvidar la trascendencia política, es decir, la pretensión de legitimación que la Constitución encarna por esa vía,45 y aquí el principio democrático juega un rol esencial. En el mismo sentido el pensador alemán Jürgen Habermas indica lo siguiente: “La idea de Estado de derecho exige que las decisiones colectivamente vinculantes del poder estatal organizado a que el derecho ha de recurrir para el cumplimiento de sus propias funciones, no sólo se revistan a la forma de derecho, sino que a su vez se legitimen ateniéndose al derecho legítimamente establecido”. 46 Es decir, el Derecho no se basta a sí mismo, sino que requiere de legitimidad; asunto que se ve muy claro en el plano constitucional, pues la legitimidad de la Constitución no sólo depende de razones jurídicas, sino también políticas, como acontece con su vinculación con el principio democrático.

En lo referente al tema específico de las reformas constitucionales y como acertadamente se ha dicho por algunos constitucionalistas chilenos, la Constitución originaria que fue promulgada en 1980 ya no es la misma en la actualidad. Múltiples han sido las reformas de que ha sido objeto,47 pero, sin duda, la de 1989 es la más importante. En palabras del profesor José Luis Cea, “porque posibilitó el término pacífico del régimen militar y el avance sostenido de la transición a la democracia. Además –prosigue–, allí se encuentra la integración del Derecho Constitucional interno con el internacional; la eliminación del pluralismo limitado; la racionalización de los estados de emergencia; y algún mayor equilibrio en las facultades del Presidente y las del Congreso”.48

En relación a este asunto, la pregunta que surge por sí sola es la siguiente: ¿Después de las 54 enmiendas contenidas en la reforma de 1989, unidas a otras que se han llevado a cabo con posterioridad, es posible sostener actualmente que la Carta de 1980 reformada es plenamente democrática? De acuerdo al tenor de lo que hemos argumentado con anterioridad, nos parece que no. Sin ignorar la evidente mejoría que ha experimentado su articulado a lo largo de estos últimos trece años, estimamos que las limitaciones que afectan la democraticidad de nuestra Constitución están, en gran medida, aún vigentes. Una cosa es la eficacia jurídica de una Carta y otra muy distinta es su legitimidad democrática, tanto externa como interna. Sin duda que ha aumentado su eficacia, particularmente con las enmiendas que se le han introducido; sin embargo, no se ha fortalecido el principio legitimador del pueblo como categoría jurídica. El mantenimiento de los cuatro pilares ya mencionados, que sustentan la filosofía de una democracia protegida, no aseguran a nuestro entender, el efectivo y libre desarrollo de un pleno régimen democrático. Hecho que contrasta, por ejemplo, con el amplio ámbito que se le concede en la Carta a los derechos y libertades económicas.

Por estas razones, el llamado umbral mínimo democrático aún no se cumpliría en la esfera de nuestra Carta Fundamental. También este déficit de democraticidad tendría su expresión en una determinada forma de convivencia o cultura autoritaria, es decir, vinculado al grado deficitario de cultura democrática que es posible percibir en no despreciables sectores de la sociedad chilena; lo cual además se ve agravado con la potente influencia en nuestro país de los llamados poderes fácticos (tal como acontece con la acción de determinados grupos empresariales y espirituales). Citando al politólogo norteamericano Robert Dahl, esto quiere decir que no se ha alcanzado el grado necesario de comprensión ilustrada, donde todo miembro debe tener oportunidades iguales y efectivas para instruirse sobre las políticas alternativas relevantes y sus consecuencias posibles.49 Todo lo cual se relaciona, además, con un tema esencial de la democracia, como es la libertad de expresión, que comprende el derecho a emitir opiniones y el derecho a recibir la información necesaria para emitir dicha opinión, derecho fundamental que en nuestro país todavía se encuentra en pleno desarrollo. Ejemplificaría esta falta de comprensión ilustrada la no muy buena percepción primaria que se tuvo del Nuevo Proceso Penal en las regiones donde éste se aplica, no obstante que la idea matriz del mismo es precisamente el desarrollo y consolidación de la democracia, pues el sistema garantista que lo inspira tiene como sustrato troncal los derechos fundamentales, base y sustento de todo Estado democrático. Igual mención habría que hacer al tema de la derogación de la pena de muerte, donde ha predominado –con criterios más bien represivos y autoritarios– una opinión pública contraria a dicha medida.

No nos engañemos, en nuestro país no existe consenso en torno a qué tipo de democracia queremos, y el paradigma máximo de esta conclusión lo constituye la Carta de 1980, que es fuente de controversia y disputa entre los chilenos, en todos los niveles. Particularmente se ve reflejado en el ámbito de nuestro Congreso Nacional, donde trascendentales reformas llevan entrampadas durante muchos años (precisamente como consecuencia de la disímil concepción del ideal democrático que sustentan los dos grandes sectores de nuestros parlamentarios).

¿Qué acontece en estos momentos? Como ya lo hemos adelantado, se está llevando a cabo en la Cámara Alta la discusión de un trascendental proyecto de reforma constitucional (del cual muchos senadores creen ver una continuación de las enmiendas que se realizaron en el año 1989) que, entre otras materias, modifica la integración del Senado al establecer que todos sus miembros serán elegidos por sufragio universal y se elimina tanto la institución de los senadores designados como los vitalicios (a estos últimos se les mantendrá la dignidad de ex Presidentes de la República); también se modifican los artículos 6º y 90 de la Carta, para terminar con el rol de garantes de la institucionalidad que actualmente tienen las Fuerzas Armadas y confiar a todos los órganos del Estado el orden institucional de la República; se eliminan las facultades del Consejo de Seguridad Nacional para designar senadores y magistrados del Tribunal Constitucional; respecto a este último Tribunal se aumenta a nueve su número de integrantes y se modifica su forma de designación, como asimismo se le asigna la nueva atribución de declarar la inaplicabilidad de todo precepto legal contrario a la Constitución, eliminándose la actual facultad de la Corte Suprema para conocer sobre la constitucionalidad de un precepto legal por vía del recurso de inaplicabilidad; existe consenso igualmente para conceder al Presidente de la República la atribución de remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, con el objeto de terminar con la actual situación de inamovilidad de que gozan. No obstante, todavía no ha habido consenso para modificar el sistema electoral (enmienda estrechamente relacionada con la eliminación de los senadores institucionales), cuestión que se vincula, como ya se ha analizado, con uno de los “enclaves” que más se discute su carácter democrático. Resulta loable, eso sí, que en los proyectos de reforma constitucional presentados por la Alianza por Chile y la Concertación de Partidos por la Democracia se refleje una clara intención, cual es, que se asume el compromiso ante el país de contribuir decididamente, por esta vía, a cerrar el período de transición política iniciado el año 1990.50

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

Respecto a la Constitución de 1980 (no obstante, claro está, su actual eficacia jurídica y la aceptación que se ha llevado a cabo de la misma en este período de transición), se hace absolutamente indispensable que la democracia juegue el rol que se requiere como principio legitimador de una Constitución auténticamente normativa. Frente al panorama que se ha descrito, difícil se presenta lograr una verdadera coherencia entre democracia y Constitución. Sin embargo, las soluciones pueden –y deben– pasar, a fin de lograr dicho objetivo, desde el establecimiento de una nueva Carta Fundamental, fruto de la voluntad mayoritaria de todos los chilenos (lo que es poco realista dentro del contexto del Chile actual, pero no imposible si miramos con renovada esperanza el próximo bicentenario de nuestra Nación), hasta una sustancial reforma, que realmente refleje el principio legitimador del pueblo como categoría jurídica (en este sentido, el contenido de la misma debería irradiar la necesaria coherencia entre la soberanía del pueblo y el Estado democrático que el pueblo, a través de la Constitución, establece).

Cualquiera de las dos opciones planteadas (nueva Carta Fundamental o reforma sustancial) debe necesariamente “responder a los requisitos propios de una Constitución de compromiso, en el sentido de codificar los principios y valores en torno a los cuales las fuerzas sociales y políticas que han realizado la transición se reconocen y especifican las reglas para un pacto de conveniencia. Al mismo tiempo, la Constitución debería expresar no sólo un “juicio” respecto del pasado, sino también la introducción de normas, instituciones y procedimientos capaces de impedir que el pasado pueda repetirse”.51 Creemos que esta Constitución de compromiso es lo que más se acerca al anhelado consenso constitucional, requisito esencial para que se pueda hablar en Chile de una Carta democrática.

En fin, lo que se está concluyendo en el presente artículo no es, ni mucho menos, algo ilusorio o desfasado de la realidad, ya que con ello, además de lograrse la necesaria consolidación de un Estado democrático-constitucional en el ámbito interno, también se quiere representar una nueva perspectiva que permita a Chile enfrentar, con la mayor solidez posible, los múltiples retos que depara esta nueva era de la globalización. Por cuanto existe en la actualidad la creciente tendencia en la esfera de las relaciones internacionales a elevar el binomio democracia/derechos humanos a la categoría de esenciales (como ocurre, por ejemplo, con la aprobación de la Carta Democrática Interamericana e igualmente como acontece con las llamadas “cláusulas democráticas”). Esta propensión, sin duda, encuentra al sistema constitucional chileno en un muy mal pie. De ahí que fortalecer la congruencia entre democracia y Constitución en Chile sea, más que nunca, absolutamente indispensable en la hora actual. Ojalá que las reformas constitucionales pendientes logren al menos en parte dicha finalidad.

5. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Además de la bibliografía utilizada en este artículo, se entregan, a modo de complemento, los siguientes textos vinculados con el amplio tema de la democracia:

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NOTAS

1 Vid. Jáuregui, Gurutz, La democracia en la encrucijada, Anagrama, Barcelona, 1995, págs. 27 y 28. En este mismo sentido Norberto Bobbio adhiere a esta misma dualidad: “me parece más útil para nuestro objetivo concentrar nuestra reflexión en la diferencia entre los ideales democráticos y la ‘democracia real’” (El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, págs. 27 y 28).

2 Vid. Carta sobre la democracia, Ariel, Barcelona, 1998, pág. 18.

3 Vid. Eyzaguirre, Jaime, Fisonomía Histórica de Chile, Editorial Universitaria, Santiago, 1976, pág. 113.

4 Ibidem, pág. 113.

5 Ibidem, pág. 113.

6 Particularmente destacable es la segunda mitad del siglo XX, donde las consecuencias de la política pendular de este período todavía se están viviendo en la actualidad. Edgardo Boeninger resume muy bien esta idea: “Primero fue la “revolución en libertad” del gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva, luego la “vía chilena al socialismo” de la Unidad Popular, seguida por el golpe militar de 11 de septiembre de 1973 y diecisiete años de régimen autoritario presidido por el general Pinochet (...). Finalmente, tras una transición pacífica a la democracia, sorpresiva para muchos, el país es identificado internacionalmente como un modelo de éxito económico y político (...) Chile, ciertamente, no posee características culturales ni peculiaridad alguna que lo distinga como escenario lógico y probable de sucesivos experimentos políticos de tanta notoriedad. La explicación de lo que nos ha ido ocurriendo hay que buscarla en el conjunto de procesos, factores y circunstancias históricas internas y externas, políticas, económicas y sociales, incluida la dimensión cultural, cuya interacción produjo nuestra mutante realidad” (Democracia en Chile, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1997, pág. 25).

7 Así lo sintetiza el profesor italiano Giancarlo Rolla: “Luces y sombras de la experiencia de las transiciones pactadas. Breve consideración sobre los límites de la Constitución vigente en Chile”, en Revista de Estudios Públicos (Nueva Época), Nº 115, Madrid, enero-marzo 2002.

8 Sobre esta materia ver: Jon Elster y Rune Slagstad, Constitucionalismo y Democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 1999.

9 Vid. Francisco Rubio Llorente, La forma del poder, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, págs. 43-52.

10 Vid. Francisco Rubio Llorente, El constitucionalismo de los estados integrados de Europa, Fundación Ortega y Gasset, Madrid, 1996, págs. 15-16.

11 La forma del poder, op. cit., pág. 51.

12 Vid. Teoría del Estado, Separata Nº 15, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Central de Chile, Santiago, 2002.

13 Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, Trotta, Madrid, 2000, págs. 119 y 120. Sobre el tema ver también: Estado de Derecho y Democracia, AAVV compilado por Josef Thesing, Konrad Adenauer Stiftung-Ciedla, Buenos Aires, 1999.

14 “La legitimidad de la historia fidedigna de la Constitución de 1980”, Ponencia presentada en las XXXIII Jornadas de Derecho Público de 2002, Universidad de Concepción (material inédito), págs. 1 y 2.

15 La democracia que tenemos no es la democracia a que aspiramos. En AAVV Democratizar la democracia: Reformas pendientes. LOM, Santiago, 2000, pág. 29.

16 Ibidem, pág. 29.

17 ¿Por qué la Democracia?, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, pág. 99.

18.Vid. Grandes Biografías, vol. 1, Océano, Barcelona, 1992, pág. 18.

19 Cuando se habla de la “filosofía del constituyente”, se está haciendo referencia al núcleo matriz que inspira a una determinada concepción de la democracia como principio legitimador. En ningún caso se quiere utilizar la “historia fidedigna de la Constitución” como un tópico absoluto de hermenéutica, donde surja por “arte de magia” una noción rígida y totalizante de la democracia, sino como un elemento que necesariamente se debe tener en cuenta para entender la expresión valórica que se extiende transversalmente por todo el entramado constitucional. Se coincide, por ende, con la tesis de Tomás Vial Solar, en el sentido de que la utilización de la “historia fidedigna” como se ha realizado en Chile hasta ahora no es legítima, pues se parte de un supuesto de ilegitimidad como es el caso del constituyente autoritario (vid. “La legitimidad de la historia fidedigna de la Constitución de 1980”, op cit.).

20 Citado poro Renato Cristi en su obra Pensamiento político de Jaime Guzmán. Autoridad y libertad. LOM, Santiago, 2000, pág. 11.

21 El Grupo de Estudios Constitucionales nació, el 21 de julio de 1978, en pleno régimen autoritario. Era un grupo de destacadas personalidades de la vida nacional, que actuaban a título personal, sin asumir representación político partidista alguna. Formularon un llamado a todos los chilenos y chilenas de convicciones democráticas para que participaran activamente en la tarea de examinar y debatir en torno a las ideas e instituciones básicas, para de ese modo contribuir a un gran consenso democrático; así sería posible construir las bases y el fundamento a una futura organización política democrática (vid. Las propuestas Democráticas del Grupo de los 24, Corporación Grupo de Estudios Constitucionales, Santiago, 1992, pág. 5).

22 Ibidem, pág. 13.

23 “Las hipotecas de la Constitución chilena”, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Madrid, Nº 115, enero-marzo de 2002, pág. 86.

24 Sobre el particular resultan interesantes las palabras que en el año 1986 expresara Genaro Arriagada en un seminario que organizara CIEPLAN: “El problema surge cuando uno empieza a analizar el articulado permanente de la Constitución. Leía en El Mercurio las afirmaciones del Canciller el Valle, en el sentido de que la plena aplicación del articulado permanente de la Constitución del 80 conduce a la democracia. Quiero decirles que, en esta materia, prácticamente no hay trabajo académico serio que no pruebe lo contrario; esto es, que la aplicación del articulado permanente de la Constitución del 80 no conduce a nada que no sea un régimen autoritario” (Democracia en Chile, doce conferencias, AAVV, CIEPLAN, Santiago, 1986, pág. 154).

25 Vid. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado evacuado el 6 de noviembre de 2001, reproducido en el volumen Reforma a la Constitución Política de la República de 1980, Valparaíso, Imp. del Senado, 2001, págs. 17-20.

26 “Luces y sombras de la experiencia de las transiciones pactadas. Breve consideración sobre los límites de la Constitución vigente en Chile”, op. cit., pág. 76.

27 Teoría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica, México, 1979, págs. 28 y 30 (lo destacado en cursiva es mío).

28 Vid. Angel Rivero, El discurso republicano, en AAVV, La democracia en sus textos, Alianza, Madrid, 1998, pág. 70.

29 Ver sentencia de protección de la Corte Suprema, rol Nº 2.186, de 30 de agosto de 2001.

30 Vid. Alfredo Jocelyn-Holt, La Independencia de Chile. Tradición, Modernización y Mito, Planeta/ Ariel, Santiago, 2001, págs. 73 y 74.

31 Ibidem, pág. 74.

32 Vid. Marcelo Lasagna, “Los límites de la democracia chilena”, en Claves de razón práctica, Nº 90, Madrid, marzo de 1999, pág. 50. Para una mayor profundización de esta materia ver: Sofía Correa, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn-Holt, Claudio Rolle, Manuel Vicuña, Historia del siglo XX chileno, Editorial Sudamericana, Santiago, 2001, págs. 331-351. Felipe Portales, Chile: una democracia tutelada, Editorial Sudamericana, Santiago, 2000, págs. 49-85. Kamel Cazor Aliste, “Democracia y Constitución en Chile”, op. cit., págs. 28-31. Alvaro Briones, La pata coja y la transición infinita, Ediciones B, Santiago, 1999.

33 El futuro de la democracia, op. cit., pág. 33.

34 Vid. El Mercurio, domingo 17 de noviembre de 2002, pág. D 13.

35 Vid. Siete + 7, viernes 15 de noviembre de 2002, Nº 36, págs. 18-20.

36 The Clinic, jueves 14 de noviembre de 2002, Nº 90, pág. 14.

37 Ver interesante análisis de Marc Carrillo sobre la tutela política del Consejo de Seguridad Nacional y el poder relativo del Presidente sobre la administración militar (“Las hipotecas de la Constitución de Chile”, op. cit., págs. 89-95).

38 Vid. Juan Pablo Beca Frei, “Sistema electoral y reformas constitucionales”, Ponencia presentada en las XXXIII Jornadas de Derecho Público de 2002, Universidad de Concepción (material inédito), págs. 1 y 2.

39 Vid. Marc Carrillo, “Las hipotecas de la Constitución de Chile”, op. cit., págs. 86-89.

40 Vid. Manuel Aragón, Constitución y democracia, Tecnos, Madrid, 1989, págs. 19 y 27.

41 Ibidem, pág. 19.

42 Vid. Manuel Aragón, Estudios de Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, pág. 86.

43 Vid. Ismael Bustos, “Introducción al análisis de la Justicia Constitucional”, en Anuario de filosofía jurídica y social, Nº 7, 1989, pág. 193.

44 Vid. Manuel Aragón, Estudios de Derecho Constitucional, op. cit., pág. 86.

45 Ibidem, pág. 87. +

46 Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, Trotta, Madrid, 1998, pág. 202. Lo que está destacado en cursiva es mío.

47 Sobre el tema de las reformas constitucionales ver: José Luis Cea, Derecho Constitucional Chileno, Tomo I, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2002, págs. 130-143.

48 El Sistema Constitucional de Chile. Síntesis Crítica, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Austral de Chile, Santiago, 1999, pág. 64.

49 Vid. La democracia. Una guía para los ciudadanos, Taurus, Madrid, 1999, págs. 47 y 48.

50 Vid. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, op. cit., págs. 2 y 15.

51 Vid. Giancarlo Rolla, “Luces y sombras de la experiencia de las transiciones pactadas. Breve consideración sobre los límites de la Constitución vigente en Chile”, op. cit., pág. 80.

 

 
 

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